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PODER LEGISLATIVO<br />
LEY N ° 1663<br />
QUE APRUEBA EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL<br />
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE<br />
LEY:<br />
Artículo 1º.- Apruébase el "Estatuto de Roma de la Corte Penal<br />
Internacional", adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 y firmado por la<br />
República del Paraguay el 7 de octubre del mismo año, cuyo texto es como<br />
sigue:<br />
"ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL<br />
PREÁMBULO<br />
Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos<br />
y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación<br />
que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento;<br />
Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y<br />
hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y<br />
conmueven profundamente la conciencia de la humanidad;<br />
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la<br />
paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad;<br />
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la<br />
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a<br />
tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la<br />
cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a<br />
la acción de la justicia,<br />
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes<br />
y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes;<br />
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal<br />
contra los responsables de crímenes internacionales;<br />
Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones<br />
Unidas, y en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la<br />
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la<br />
independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma<br />
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas;<br />
Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente<br />
Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte<br />
a intervenir en una situación de conflicto armado en los asuntos internos<br />
de otro Estado;<br />
Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés<br />
de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal<br />
Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el<br />
sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más<br />
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto;<br />
Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del<br />
presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales<br />
nacionales;<br />
Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y<br />
puesta en práctica en forma duradera;<br />
Han convenido en lo siguiente:<br />
PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE<br />
Artículo 1<br />
La Corte<br />
Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la<br />
Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para<br />
ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves<br />
de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y<br />
tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La<br />
competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las<br />
disposiciones del presente Estatuto.<br />
Artículo 2<br />
Relación de la Corte con las Naciones Unidas<br />
La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que<br />
deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y<br />
concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.<br />
Artículo 3<br />
Sede de la Corte<br />
1. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado<br />
anfitrión").<br />
2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a<br />
la sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir<br />
luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.<br />
3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere<br />
conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.<br />
Artículo 4<br />
Condición jurídica y atribuciones de la Corte<br />
1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también<br />
la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones<br />
y la realización de sus propósitos.<br />
2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad<br />
con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier<br />
Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro<br />
Estado.<br />
PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE<br />
Artículo 5<br />
Crímenes de la competencia de la Corte<br />
1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de<br />
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte<br />
tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de<br />
los siguientes crímenes:<br />
a) El crimen de genocidio;<br />
b) Los crímenes de lesa humanidad;<br />
c) Los crímenes de guerra;<br />
d) El crimen de agresión.<br />
2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una<br />
vez que se apruebe una disposición de conformidad con los Artículos 121 y<br />
123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales<br />
lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes<br />
de la Carta de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 6<br />
Genocidio<br />
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio"<br />
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la<br />
intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,<br />
racial o religioso como tal:<br />
a) Matanza de miembros del grupo;<br />
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del<br />
grupo;<br />
c) Sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia<br />
que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;<br />
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; y,<br />
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.<br />
Artículo 7<br />
Crímenes de lesa humanidad<br />
1. A los efectos de presente Estatuto, se entenderá por "crimen de<br />
lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como<br />
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y<br />
con conocimiento de dicho ataque:<br />
a) Asesinato;<br />
b) Exterminio;<br />
c) Esclavitud;<br />
d) Deportación o traslado forzoso de población;<br />
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en<br />
violación de normas fundamentales de derecho internacional;<br />
f) Tortura;<br />
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo<br />
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad<br />
comparable;<br />
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada<br />
en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,<br />
religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos<br />
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho<br />
internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente<br />
párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;<br />
i) Desaparición forzada de personas;<br />
j) El crimen de apartheid;<br />
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen<br />
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la<br />
integridad física o la salud mental o física.<br />
2. A los efectos del párrafo 1:<br />
a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de<br />
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el<br />
párrafo 1 contra una población civil , de conformidad con la política de un<br />
Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa<br />
política;<br />
b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de<br />
condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicina entre<br />
otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;<br />
c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del<br />
derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el<br />
ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular<br />
mujeres y niños;<br />
d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el<br />
desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos<br />
coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos<br />
autorizados por el derecho internacional;<br />
e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o<br />
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el<br />
acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por<br />
tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones<br />
lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;<br />
f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una<br />
mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de<br />
modificar la composición étnica de una población o de cometer otras<br />
violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá<br />
que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al<br />
embarazo;<br />
g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de<br />
derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón<br />
de la identidad del grupo o de la colectividad;<br />
h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de<br />
carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto<br />
de régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un<br />
grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener<br />
ese régimen;<br />
i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión,<br />
la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización<br />
política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la<br />
negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre<br />
la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas<br />
fuera del amparo de la ley por un período prolongado.<br />
3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término<br />
"género " se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto<br />
de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que<br />
antecede.<br />
Artículo 8<br />
Crímenes de guerra<br />
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en<br />
particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte<br />
de la comisión en gran escala de tales crímenes.<br />
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de<br />
guerra":<br />
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de<br />
1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes<br />
protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:<br />
i) Matar intencionalmente;<br />
ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los<br />
experimentos biológicos;<br />
iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar<br />
gravemente contra la integridad física o la salud;<br />
iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no<br />
justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y<br />
arbitrariamente;<br />
v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida<br />
a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga;<br />
vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra<br />
persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial;<br />
vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;<br />
viii) Tomar rehenes;<br />
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los<br />
conflictos internacionales dentro del marco del derecho internacional, a<br />
saber, cualquiera de los actos siguientes:<br />
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en<br />
cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las<br />
hostilidades;<br />
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es<br />
decir, objetos que no son objetivos militares;<br />
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal,<br />
instalaciones, materiales, unidades o vehículos participantes en una<br />
misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de<br />
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan<br />
derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con<br />
arreglo al derecho de los conflictos armados;<br />
iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que<br />
causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de<br />
carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural<br />
que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar<br />
general concreta directa que se prevea;<br />
v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas,<br />
pueblos o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos<br />
militares;<br />
vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto<br />
las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido<br />
a discreción;<br />
vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera<br />
nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las<br />
Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de<br />
Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;<br />
viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia<br />
ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la<br />
deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del<br />
territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;<br />
ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios<br />
dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la<br />
beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se<br />
agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;<br />
x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a<br />
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de<br />
cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento<br />
médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés y que<br />
causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;<br />
xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la<br />
nación o al ejército enemigo;<br />
xii) Declarar que no se dará cuartel;<br />
xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las<br />
necesidades de la guerra lo hagan imperativo;<br />
xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un<br />
tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte<br />
enemiga;<br />
xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en<br />
operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran<br />
estado a su servicio antes del inicio de la guerra;<br />
xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada<br />
por asalto;<br />
xvii) Veneno o armas envenenadas;<br />
xviii) Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier<br />
líquido, material o dispositivo análogo;<br />
xix) Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo<br />
humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte<br />
interior o que tenga incisiones;<br />
xx) Emplear armas, proyectiles, materiales o métodos de guerra<br />
que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos<br />
innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho<br />
humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de<br />
que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra,<br />
sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo<br />
del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de<br />
conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en<br />
los Artículos 121 y 123;<br />
xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en<br />
particular tratos humillantes y degradantes;<br />
xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual,<br />
prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del<br />
párrafo 2 del Artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra<br />
forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los<br />
Convenios de Ginebra;<br />
xxiii) Aprovechar la presencia de civiles u otras personas<br />
protegidas para que queden inmunes de operaciones militares<br />
determinados puntos, zonas o fuerzas militares;<br />
xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios,<br />
material, unidades y vehículos sanitarios y contra personal habilitado<br />
para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de<br />
conformidad con el derecho internacional;<br />
xxv) Provocar intencionalmente la inanición de la población<br />
civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos<br />
indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de<br />
obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de<br />
conformidad con los Convenios de Ginebra;<br />
xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de quince años en las<br />
fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente<br />
en las hostilidades;<br />
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las<br />
violaciones graves del Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra<br />
de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos<br />
cometidos contra personas que no participen directamente en las<br />
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan<br />
depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad,<br />
lesiones, detención o por cualquier otra causa:<br />
i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular<br />
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles<br />
y la tortura;<br />
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los<br />
tratos humillantes y degradantes;<br />
iii) La toma de rehenes;<br />
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin<br />
sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente<br />
y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente<br />
reconocidas como indispensables;<br />
d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos<br />
armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a<br />
situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos<br />
aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar.<br />
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los<br />
conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco<br />
establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos<br />
siguientes:<br />
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil<br />
como tal o contra civiles que no participen directamente en las<br />
hostilidades;<br />
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios,<br />
materiales, unidades y vehículos sanitarios y contra el personal<br />
habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de<br />
Ginebra de conformidad con el derecho internacional;<br />
iii) Dirigir internacionalmente ataques contra personal,<br />
instalaciones, materiales, unidades o vehículos participantes en una<br />
misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de<br />
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan<br />
derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con<br />
arreglo al derecho de los conflictos armados;<br />
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados<br />
al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la<br />
beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se<br />
agrupa en enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos<br />
militares;<br />
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por<br />
asalto;<br />
vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución<br />
forzada embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del<br />
Artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia<br />
sexual que constituya también una violación grave del Artículo 3 común<br />
a los cuatro Convenios de Ginebra;<br />
vii) Reclutar o alistar niños menores de quince años en las<br />
fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en<br />
hostilidades;<br />
viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por<br />
razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la<br />
seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares<br />
imperativas;<br />
ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;<br />
x) Declarar que no se dará cuartel;<br />
xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en<br />
el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o<br />
científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del<br />
tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se<br />
trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o<br />
pongan gravemente en peligro su salud;<br />
xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las<br />
necesidades de la guerra lo hagan imperativo;<br />
f) El párrafo 2 e) del presente Artículo se aplica a los conflictos<br />
armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente no se<br />
aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, como motines,<br />
actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter<br />
similar. Se aplica a los conflictos armados que tiene lugar en el<br />
territorio de un Estado cuando existe un conflictos armado prolongado entre<br />
las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales<br />
grupos.<br />
3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la<br />
responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el<br />
orden público en el Estado y de defender la unida e integridad, territorial<br />
del Estado por cualquier medio legítimo.<br />
Artículo 9<br />
Elementos del crimen<br />
1. Los elementos del crimen que ayudarán a la Corte a interpretar y<br />
aplicar los Artículos 6,7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por<br />
una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados<br />
Partes.<br />
2. Podrán proponer enmiendas a los Elementos del crimen:<br />
a) Cualquier Estado Parte;<br />
b) Los magistrados, por mayoría absoluta;<br />
c) El fiscal.<br />
Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una<br />
mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados<br />
Partes.<br />
3. Los Elementos del crimen y sus enmiendas serán compatibles con lo<br />
dispuesto en el presente Estatuto.<br />
Artículo 10<br />
Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el<br />
sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o<br />
el desarrollo de derecho internacional para fines distintos del presente<br />
Estatuto.<br />
Artículo 11<br />
Competencia temporal<br />
1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes<br />
cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.<br />
2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su<br />
entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con<br />
respecto a los crímenes cometidos después de la estrada en vigor del<br />
presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una<br />
declaración de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 12.<br />
Artículo 12<br />
Condiciones previas para el ejercicio de la competencia<br />
1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por<br />
ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere<br />
el Artículo 5.<br />
2. En el caso de los apartados a) o c) del Artículo 13, la Corte podrá<br />
ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes<br />
en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de<br />
conformidad con el párrafo 3:<br />
a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de<br />
que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o<br />
de una aeronave del Estado de matrícula del buque o la aeronave;<br />
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.<br />
3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente<br />
Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2 , dicho Estado<br />
podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir<br />
en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate.<br />
El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de<br />
conformidad con la Parte IX.<br />
Artículo 13<br />
Ejercicio de competencia<br />
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los<br />
crímenes a que se refiere el Artículo 5 de conformidad con las<br />
disposiciones del presente Estatuto si:<br />
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el Artículo<br />
14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos<br />
crímenes;<br />
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el<br />
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una<br />
situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o<br />
c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de<br />
ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15.<br />
Artículo 14<br />
Remisión de una situación por un Estado Parte<br />
1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que<br />
parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la<br />
Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de<br />
determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o<br />
varias personas determinadas.<br />
2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las<br />
circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de<br />
que disponga el Estado denunciante.<br />
Artículo 15<br />
El Fiscal<br />
1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base<br />
de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.<br />
2. El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con<br />
tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las<br />
Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no<br />
gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá<br />
recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.<br />
3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento<br />
suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la<br />
documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar<br />
observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la<br />
justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay<br />
fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece<br />
corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la<br />
investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar<br />
posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de<br />
la causa.<br />
5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la<br />
investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra<br />
petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma<br />
situación.<br />
6. Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1<br />
y 2, el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no<br />
constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de ello<br />
a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal examine a<br />
la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación<br />
con la misma situación.<br />
Artículo 16<br />
Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento<br />
En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una<br />
resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la<br />
Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que suspenda por un plazo que<br />
no podrá exceder de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que<br />
haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser<br />
renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.<br />
Artículo 17<br />
Cuestiones de admisibilidad<br />
1. La Corte, teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el<br />
Artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:<br />
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en<br />
el Estado que tiene jurisdicción sobre él, salvo que éste no esté<br />
dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento, o no<br />
pueda realmente hacerlo;<br />
b) El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que<br />
tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción<br />
penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya<br />
obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o<br />
no pueda realmente hacerlo;<br />
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la<br />
conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda incoar el<br />
juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 20;<br />
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la<br />
adopción de otras medidas por la Corte.<br />
2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto<br />
determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un<br />
proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional,<br />
si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:<br />
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la<br />
decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la<br />
persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la<br />
competencia de la Corte, según lo dispuesto en el Artículo 5;<br />
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que,<br />
dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer<br />
comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;<br />
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de<br />
manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado<br />
de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la<br />
intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la<br />
justicia.<br />
3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en<br />
un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso<br />
total o sustancial de su administración nacional, de justicia o al hecho de<br />
que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las<br />
pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en<br />
condiciones de llevar a cabo el juicio.<br />
Artículo 18<br />
Dictámenes preliminares relativos a la admisibilidad<br />
1. Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del<br />
Artículo 13 a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos<br />
razonables para comenzar una investigación e inicie esa investigación en<br />
virtud de los Artículos 13 c) y 15, lo notificará a todos los Estados<br />
Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información<br />
disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de<br />
que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con<br />
carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger<br />
personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,<br />
podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.<br />
2. Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el<br />
Estado podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo<br />
una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su<br />
jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir los<br />
crímenes a que se refiere el Artículo 5 y a los que se refiera la<br />
información proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de<br />
dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado<br />
en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a<br />
menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal<br />
autorizar la investigación.<br />
3. El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de<br />
su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la remisión o<br />
cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista<br />
de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no<br />
puede realmente hacerlo.<br />
4. El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de<br />
Apelaciones del dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares, de<br />
conformidad con el Artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma<br />
sumaria.<br />
5. Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con<br />
la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al<br />
Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus<br />
investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a<br />
esas peticiones sin dilaciones indebidas.<br />
6. El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya<br />
emitido su dictamen, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su<br />
competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante<br />
las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única<br />
de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas<br />
pruebas no estén disponibles ulteriormente.<br />
7. El Estado que haya apelado de un dictamen de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares en virtud del presente artículo podrá impugnar la<br />
admisibilidad de un asunto en virtud del Artículo 19, haciendo valer hechos<br />
nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.<br />
Artículo 19<br />
Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la<br />
causa<br />
1. La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le<br />
sean sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad de una<br />
causa de conformidad con el Artículo 17.<br />
2. Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los<br />
motivos mencionados en el Artículo17, o impugnar la competencia de la<br />
Corte:<br />
a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una<br />
orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al<br />
Artículo 58;<br />
b) El Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está<br />
investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o<br />
c) El Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el<br />
Artículo 12.<br />
3. El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una<br />
cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a<br />
la competencia o la admisibilidad podrán presentar asimismo observaciones a<br />
la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el Artículo<br />
13 y las víctimas.<br />
4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo<br />
podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los<br />
Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará<br />
antes del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte<br />
podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase<br />
ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa<br />
hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la<br />
Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del Artículo 17.<br />
5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del<br />
párrafo 2 del presente artículo hará la impugnación lo antes posible.<br />
6. Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la<br />
admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte será asignada a<br />
la sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será<br />
asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la<br />
competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de<br />
Apelaciones de conformidad con el Artículo 82.<br />
7. Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia<br />
en los apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la<br />
investigación hasta que la Corte resuelva de conformidad con el Artículo<br />
17.<br />
8. Hasta que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle<br />
autorización para:<br />
a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada<br />
en el párrafo 6 del Artículo 18.<br />
b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o<br />
completar la reunión y el examen de las pruebas que hubiere iniciado<br />
antes de la impuganción; y,<br />
c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que<br />
eludan la acción de justicia personas respecto de las cuales el Fiscal<br />
haya pedido ya una orden de detención en virtud del Artículo 58.<br />
9. La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado<br />
por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte,<br />
antes de ella.<br />
10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad<br />
con el Artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando<br />
se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que<br />
invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada<br />
inadmisible de conformidad con dicho artículo.<br />
11. El fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el<br />
Artículo 17 suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se<br />
trate le comunique información sobre las actuaciones. A petición de ese<br />
Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide<br />
posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado<br />
cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.<br />
Artículo 20<br />
Cosa juzgada<br />
1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será<br />
procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por<br />
los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.<br />
2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los<br />
crímenes mencionados en el Artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere<br />
condenado o absuelto.<br />
3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro<br />
tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los Artículos<br />
6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:<br />
a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su<br />
responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o,<br />
b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial<br />
de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el<br />
derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las<br />
circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de<br />
someter a la persona a la acción de justicia.<br />
Artículo 21<br />
Derecho aplicable<br />
1. La Corte aplicará:<br />
a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos del<br />
Crimen y sus Reglas del Procedimiento y Prueba;<br />
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados y los<br />
principios y normas de derecho internacional aplicables, incluidos los<br />
principios establecidos del derecho internacional de los conflictos<br />
armados;<br />
c) En su defecto, los principios generales del derecho que<br />
derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del<br />
mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que<br />
normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen siempre que esos<br />
principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el<br />
derecho internacional ni las normas y principios internacionalmente<br />
reconocidos.<br />
2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de<br />
los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.<br />
3. La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el<br />
presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos<br />
internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos<br />
como el género, definido en el párrafo 3 del Artículo 7, la edad, la raza,<br />
el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el<br />
origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u<br />
otra condición.<br />
PARTE III. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL<br />
Artículo 22<br />
Nullum crimen sine lege<br />
1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente<br />
Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento<br />
en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.<br />
2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se<br />
hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada a<br />
favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.<br />
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la<br />
tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional<br />
independientemente del presente Estatuto.<br />
Artículo 23<br />
Nulla poena sine lege<br />
Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado<br />
de conformidad con el presente Estatuto.<br />
Artículo 24<br />
Irretroactividad ratione personae<br />
1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente<br />
Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.<br />
2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se<br />
dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más<br />
favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la<br />
condena.<br />
Artículo 25<br />
Responsabilidad penal individual<br />
1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá<br />
competencia respecto de las personas naturales.<br />
2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será<br />
responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el<br />
presente Estatuto.<br />
3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente<br />
responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la<br />
competencia de la Corte quien:<br />
a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de<br />
otro, sea éste o no penalmente responsable;<br />
b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea<br />
consumado o en grado de tentativa;<br />
c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea<br />
cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la<br />
tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios<br />
para su comisión;<br />
d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de<br />
comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad<br />
común. La contribución deberá ser intencional y se hará:<br />
i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o<br />
propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la<br />
comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o<br />
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de<br />
cometer el crimen;<br />
e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación<br />
directa y pública a que se cometa;<br />
f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un<br />
paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume<br />
debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien<br />
desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se<br />
consuma no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto<br />
por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito<br />
delictivo.<br />
4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la<br />
responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la<br />
responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.<br />
Artículo 26<br />
Exclusión de los menores de dieciocho años de la competencia de la<br />
Corte<br />
La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de<br />
dieciocho años en el momento de la presunta comisión del crimen.<br />
Artículo 27<br />
Improcedencia del cargo oficial<br />
1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin<br />
distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo<br />
oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un<br />
gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en<br />
ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se<br />
motivo para reducir la pena.<br />
2. Las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que<br />
conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o<br />
al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su<br />
competencia sobre ella.<br />
Artículo 28<br />
Responsabilidad de los jefes y otros superiores<br />
Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con<br />
el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:<br />
1. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será<br />
penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que<br />
hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su<br />
autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber<br />
ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:<br />
a) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento,<br />
hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes<br />
o se proponían cometerlos; y<br />
b) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables<br />
a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el<br />
asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de<br />
su investigación y enjuiciamiento.<br />
2. En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado<br />
distintas de las señaladas en el apartado a) el superior será penalmente<br />
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren<br />
sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en<br />
razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados,<br />
cuando:<br />
a) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho<br />
caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados<br />
estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;<br />
b) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su<br />
responsabilidad y control efectivo; y<br />
c) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables<br />
a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el<br />
asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de<br />
su investigación y enjuiciamiento.<br />
Artículo 29<br />
Imprescriptibilidad<br />
Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.<br />
Artículo 30<br />
Elemento de intencionalidad<br />
1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente<br />
responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte<br />
únicamente si actúa con intención y conocimiento de los elementos<br />
materiales del crimen.<br />
2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa<br />
intencionalmente quien:<br />
a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;<br />
b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es<br />
consciente de que se producirá en el curso normal de los<br />
acontecimientos.<br />
3. A los efectos del presente artículo, por "conocimiento" se entiende<br />
la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una<br />
consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras "a<br />
sabiendas" y "con conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.<br />
Artículo 31<br />
Circunstancias eximentes de responsabilidad penal<br />
1. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de<br />
responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no será<br />
penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta:<br />
a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive<br />
de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta,<br />
o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir<br />
la ley;<br />
b) Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su<br />
capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de<br />
su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la<br />
ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que,<br />
como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una<br />
conducta tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya<br />
hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriere;<br />
c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o,<br />
en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial<br />
para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese<br />
esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente e<br />
ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para<br />
él, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una<br />
fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para<br />
constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de<br />
conformidad con el presente apartado;<br />
d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente<br />
constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia<br />
de coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones<br />
corporales graves para él u otra persona, y en que se vea compelido a<br />
actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que<br />
no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía<br />
evitar. Esa amenaza podrá:<br />
i) Haber sido hecha por otras personas; o<br />
ii) Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su<br />
control.<br />
2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de<br />
responsabilidad penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en<br />
la causa de que esté conociendo.<br />
3. En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia<br />
eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo<br />
1, siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de<br />
conformidad con el Artículo 21. El procedimiento para el examen de una<br />
circunstancia eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 32<br />
Error de hecho o error de derecho<br />
1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si<br />
hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.<br />
2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta<br />
constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerará<br />
eximente. Con todo, el error de derecho podrá considerarse eximente si hace<br />
desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o si<br />
queda comprendido en lo dispuesto en el Artículo 33 del presente Estatuto.<br />
Artículo 33<br />
Órdenes superiores y disposiciones legales<br />
1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en<br />
cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea<br />
militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:<br />
a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el<br />
gobierno o el superior de que se trate;<br />
b) No supiera que la orden era ilícita; y<br />
c) La orden no fuera manifestante ilícita.<br />
2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes<br />
de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente<br />
ilícitas.<br />
PARTE IV. DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE<br />
Artículo 34<br />
Órganos de la Corte<br />
La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:<br />
a) La Presidencia;<br />
b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una<br />
Sección de Cuestiones Preliminares;<br />
c) La Fiscalía;<br />
d) La Secretaría.<br />
Artículo 35<br />
Desempeño del cargo de magistrado<br />
1. Todos los magistrados serán elegidos miembros de la Corte en<br />
régimen de dedicación exclusiva y estarán disponibles para desempeñar su<br />
cargo en ese régimen desde que comience su mandato.<br />
2. Los magistrados que constituyan la Presidencia desempeñarán sus<br />
cargos en régimen de dedicación exclusiva tan pronto como sean elegidos.<br />
3. La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de la<br />
Corte, y en consulta con los miembros de ésta, decidir por cuánto tiempo<br />
será necesario que los demás magistrados desempeñen sus cargos en régimen<br />
de dedicación exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentido se<br />
entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 49.<br />
4. Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no<br />
deban desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva serán<br />
adoptadas de conformidad con el Artículo 49.<br />
Artículo 36<br />
Condiciones que han de reunir los magistrados,<br />
candidaturas y elección de los magistrados<br />
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte estará<br />
compuesta de 18 magistrados.<br />
2. a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá<br />
proponer que aumente el número de magistrados indicado en el párrafo 1<br />
y señalará las razones por las cuales considera necesario y apropiado<br />
ese aumento. El Secretario distribuirá prontamente la propuesta a<br />
todos los Estados Partes;<br />
b) La propuesta será examinada en una sesión de la Asamblea de<br />
los Estados Partes que habrá de convocarse de conformidad con el<br />
Artículo 112. La propuesta, que deberá ser aprobada en la sesión por<br />
una mayoría de dos tercios de los Estados Partes, entrará en vigor en<br />
la fecha en que decida la Asamblea;<br />
c) i) Una vez que se haya aprobado una propuesta para<br />
aumentar el número de magistrados con arreglo al apartado b), la<br />
elección de los nuevos magistrados se llevará a cabo en el<br />
siguiente período de sesiones de la Asamblea de los Estados<br />
Partes, de conformidad con los párrafos 3 a 8 del presente<br />
artículo y con el párrafo 2 del Artículo 37;<br />
ii) Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor una<br />
propuesta para aumentar el número de magistrados con arreglo a<br />
los apartados b) y c) i), la Presidencia podrá en cualquier<br />
momento, si el volumen de trabajo de la Corte lo justifica,<br />
proponer que se reduzca el número de magistrados siempre que ese<br />
número no sea inferior al indicado en el párrafo 1. La propuesta<br />
será examinada de conformidad con el procedimiento establecido<br />
en los apartados a) y b). De ser aprobada, el número de<br />
magistrados se reducirá progresivamente a medida que expiren los<br />
mandatos y hasta que se llegue al número debido.<br />
3. a) Los magistrados serán elegidos entre personas de alta<br />
consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las<br />
condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones<br />
judiciales en sus respectivos países;<br />
b) Los candidatos a magistrados deberán tener:<br />
i) Reconocida competencia en derecho y procedimientos penales<br />
y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de<br />
magistrado, fiscal, abogado u otra función similar; o<br />
ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho<br />
internacional, tales como el derecho internacional humanitario y<br />
las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en<br />
funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor<br />
judicial de la Corte;<br />
c) Los candidatos a magistrados deberán tener un excelente<br />
conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo<br />
de la Corte.<br />
4. a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podrá proponer<br />
candidatos en las elecciones para magistrado de la Corte mediante:<br />
i) El procedimiento previsto para proponer candidatos a los<br />
más altos cargos judiciales del país; o<br />
ii) El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte<br />
Internacional de Justicia para proponer candidatos a esa Corte.<br />
Las propuestas deberán ir acompañadas de una exposición detallada<br />
acerca del grado en que el candidato cumple los requisitos enunciados en el<br />
párrafo 3;<br />
b) Un Estado Parte podrá proponer un candidato que no tenga<br />
necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de<br />
un Estado Parte;<br />
c) La Asamblea de los Estados Partes podrá decidir que se<br />
establezca un comité asesor para las candidaturas. En ese caso, la<br />
Asamblea de los Estados Partes determinará la composición y el mandato<br />
del Comité.<br />
5. A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos:<br />
La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan los<br />
requisitos enunciados en el apartado b) i) del párrafo 3; y<br />
La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los<br />
requisitos enunciados en el apartado b) ii) del párrafo 3.<br />
El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas listas<br />
podrá elegir en cual desea figurar. En la primera elección de miembros de<br />
la Corte, por lo menos nueve magistrados serán elegidos entre los<br />
candidatos de la lista A y por lo menos cinco serán elegidos entre los de<br />
la lista B. Las elecciones subsiguientes se organizarán de manera que se<br />
mantenga en la Corte una proporción equivalente de magistrados de ambas<br />
listas.<br />
6. a) Los magistrados serán elegidos por votación secreta en una<br />
sesión de la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin con<br />
arreglo al Artículo 112. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7,<br />
serán elegidos los dieciocho candidatos que obtengan el mayor número<br />
de votos y una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes<br />
y votantes;<br />
b) En el caso de que en la primera votación no resulte elegido<br />
un número suficiente de magistrados, se procederá a nuevas votaciones<br />
de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado a)<br />
hasta cubrir los puestos restantes.<br />
7. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo<br />
Estado. Toda persona que, para ser elegida magistrado, pudiera ser<br />
considerada nacional de más de un Estado, será considerada nacional del<br />
Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.<br />
8. a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes tendrán<br />
en cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya:<br />
i) Representación de los principales sistemas jurídicos del<br />
mundo;<br />
ii) Distribución geográfica equitativa; y<br />
iii) Representación equilibrada de magistrados mujeres y<br />
hombres;<br />
b) Los Estados Partes tendrán también en cuenta la necesidad de<br />
que haya en la Corte magistrados que sean juristas especializados en<br />
temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las<br />
mujeres o los niños.<br />
9. a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los<br />
magistrados serán elegidos por un mandato de nueve años y, con<br />
sujeción al apartado c) y el párrafo 2 del Artículo 37, no podrán ser<br />
reelegidos;<br />
b) En la primera elección, un tercio de los magistrados<br />
elegidos será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de tres<br />
años, un tercio de los magistrados será seleccionado por sorteo para<br />
desempeñar un mandato de seis años y el resto y desempeñará un mandato de<br />
nueve años;<br />
c) Un magistrado para desempeñar un mandato de tres años de<br />
conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido por un mandato<br />
completo.<br />
10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un magistrado asignado a<br />
una sala de Primera Instancia o una sala de Apelaciones de conformidad con<br />
el Artículo 39 seguirá en funciones a fin de llevar a término el juicio o<br />
la apelación de los que haya comenzado a conocer en esa sala.<br />
Artículo 37<br />
Vacantes<br />
1. En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de<br />
conformidad con el Artículo 36 para cubrirla.<br />
2. El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cargo<br />
por el resto del mandato de su predecesor y, si éste fuera de tres años o<br />
menos, podrá ser reelegido por un mandato completo con arreglo al artículo<br />
36.<br />
Artículo 38<br />
Presidencia<br />
1. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente<br />
segundo serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno<br />
desempeñará su cargo por un período de tres años o hasta el término de su<br />
mandato como magistrado, si éste se produjere antes. Podrán ser reelegidos<br />
una vez.<br />
2. El Vicepresidente primero sustituirá al Presidente cuando éste se<br />
halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado. El<br />
Vicepresidente segundo sustituirá al Presidente cuando éste y el<br />
Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus<br />
funciones o hayan sido recusados.<br />
3. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente<br />
segundo constituirán la Presidencia, que estará encargada de:<br />
a) La correcta administración de la Corte, con excepción de la<br />
Fiscalía; y<br />
b) Las demás funciones que se le confieren de conformidad con el<br />
presente Estatuto.<br />
4. En el desempeño de sus funciones enunciadas en el párrafo 3 a), la<br />
Presidencia actuará en coordinación con el Fiscal y recabará su aprobación<br />
en todos los asuntos de interés mutuo.<br />
Artículo 39<br />
Las salas<br />
1. Tan pronto como sea posible después de la elección de los<br />
magistrados, la Corte se organizará en las secciones indicadas en el<br />
Artículo 34 b). La Sección de Apelaciones se compondrá del Presidente y<br />
otros cuatro magistrados, la Sección de Primera Instancia de no menos de<br />
seis magistrados y la Sección de Cuestiones Preliminares de no menos de<br />
seis magistrados. Los magistrados serán asignados a las secciones según la<br />
naturaleza de las funciones que corresponderán a cada una y sus respectivas<br />
calificaciones y experiencia, de manera que en cada sección haya una<br />
combinación apropiada de especialistas en derecho y procedimientos penales<br />
y en derecho internacional. La Sección de Primera Instancia y la Sección de<br />
Cuestiones Preliminares estarán integradas predominantemente por<br />
magistrados que tengan experiencia en procedimiento penal.<br />
2. a) Las funciones judiciales de la Corte serán realizadas en cada<br />
sección por las Salas;<br />
b) i) La Sala de Apelaciones se compondrá de todos los<br />
magistrados de la Sección de Apelaciones;<br />
ii) Las funciones de la Sala de Primera Instancia serán<br />
realizadas por tres magistrados de la Sección de Primera<br />
Instancia;<br />
iii) Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares<br />
serán realizadas por tres magistrados de la Sección de<br />
Cuestiones Preliminares o por un solo magistrado de dicha<br />
Sección, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba;<br />
c) Nada de lo dispuesto en el presente párrafo obstará a que se<br />
constituyan simultáneamente más de una Sala de Primera Instancia o<br />
Sala de Cuestiones Preliminares cuando la gestión eficiente del<br />
trabajo de la Corte así lo requiera.<br />
3. a) Los magistrados asignados a las Secciones de Primera<br />
Instancia y de Cuestiones Preliminares desempeñarán el cargo en esas<br />
Secciones por un período de tres años, y posteriormente hasta llevar a<br />
término cualquier causa de la que hayan empezado a conocer en la<br />
sección de que se trate;<br />
b) Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones<br />
desempeñarán el cargo en esa Sección durante todo su mandato.<br />
4. Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán<br />
el cargo únicamente en esa Sección. Nada de lo dispuesto en el presente<br />
artículo obstará, sin embargo, a que se asignen temporalmente magistrados<br />
de la Sección de Primera Instancia a la Sección de Cuestiones Preliminares,<br />
o a la inversa, si la Presidencia considera que la gestión eficiente del<br />
trabajo de la Corte así lo requiere, pero en ningún caso podrá formar parte<br />
de la Sala de Primera Instancia que conozca de una causa un magistrado que<br />
haya participado en la etapa preliminar.<br />
Artículo 40<br />
Independencia de los magistrados<br />
1. Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus<br />
funciones.<br />
2. Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser<br />
incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la<br />
confianza en su independencia.<br />
3. Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de<br />
dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna<br />
otra ocupación de carácter profesional.<br />
4. Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3<br />
serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al<br />
que se refiera una de estas cuestiones no participará en la adopción de la<br />
decisión.<br />
Artículo 41<br />
Dispensa y recusación de los magistrados<br />
1. La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del<br />
ejercicio de algunas de las funciones que le confiere el presente Estatuto,<br />
de conformidad con las Reglas de Procesamiento y Prueba.<br />
2. a) Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por<br />
cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su<br />
imparcialidad. Un magistrado será recusado de conformidad con lo<br />
dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiese<br />
intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de la<br />
que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa<br />
sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona<br />
objeto de investigación o enjuiciamiento. Un magistrado será también<br />
recusado por los demás motivos que se establezcan en las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba;<br />
b) El Fiscal o la persona objeto de investigación o<br />
enjuiciamiento podrá pedir la recusación de un magistrado con arreglo<br />
a lo dispuesto en el presente párrafo;<br />
c) Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado<br />
serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado<br />
cuya recusación se pida tendrá derecho a hacer observaciones sobre la<br />
cuestión, pero no tomará parte en la decisión.<br />
Artículo 42<br />
La Fiscalía<br />
1. La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de<br />
la Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada<br />
sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar<br />
investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de<br />
la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuente ajenas a la<br />
Corte.<br />
2. La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena<br />
autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del<br />
personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la<br />
ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de<br />
las funciones que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto.<br />
El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes<br />
nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.<br />
3. El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta<br />
consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan<br />
extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la<br />
substanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y<br />
dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.<br />
4. El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta<br />
de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los fiscales adjuntos<br />
serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por<br />
el Fiscal. El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal<br />
adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fije<br />
un período más breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su<br />
cargo por un período de nueve años y no podrán ser reelegidos.<br />
5. El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna<br />
que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la<br />
confianza en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra ocupación<br />
de carácter profesional.<br />
6. La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto,<br />
dispensarlos de intervenir en una causa determinada.<br />
7. El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto<br />
en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su<br />
imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el<br />
presente párrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido<br />
anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere<br />
conociendo o en una causa penal conexa substanciada a nivel nacional y que<br />
guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.<br />
8. Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal<br />
adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:<br />
a) La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en<br />
cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal<br />
adjunto por los motivos establecidos en el presente artículo;<br />
b) El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho<br />
a hacer observaciones sobre la cuestión.<br />
9. El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados<br />
temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género<br />
y violencia contra los niños.<br />
Artículo 43<br />
La Secretaría<br />
1. La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del<br />
Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 42, estará encargada<br />
de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de<br />
prestarle servicios.<br />
2. La Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el<br />
principal funcionario administrativo de la Corte. El secretario ejercerá<br />
sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.<br />
3. El Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que<br />
gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un<br />
excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo<br />
de la Corte.<br />
4. Los magistrados elegirán al Secretario en votación secreta por<br />
mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de<br />
los Estados Partes. De ser necesario elegirán, por recomendación del<br />
Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.<br />
5. El Secretario será elegido por un período de cinco años en régimen<br />
de dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario<br />
Adjunto será elegido por un período de cinco años, o por uno más breve, si<br />
así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta, en el entendimiento de<br />
que prestará sus servicios según sea necesario.<br />
6. El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos<br />
dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía,<br />
adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará<br />
asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que<br />
comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro en razón<br />
del testimonio prestado. La Dependencia contará con personal especializado<br />
para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con<br />
delitos de violencia sexual.<br />
Artículo 44<br />
El personal<br />
1. El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios calificados<br />
que sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del Fiscal,<br />
ello incluirá el nombramiento de investigadores.<br />
2. En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario<br />
velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y<br />
tendrán en cuenta, mutatis mutandis, los criterios establecidos en el<br />
párrafo 8 del Artículo 36.<br />
3. El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal,<br />
propondrá un reglamento del personal que establecerá las condiciones en que<br />
el personal de la Corte será designado, remunerado o separado del servicio.<br />
El reglamento del personal estará sujeto a la aprobación de la Asamblea de<br />
los Estados Partes.<br />
4. La Corte podrá, en circunstancias excepcionales, recurrir a la<br />
pericia de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes,<br />
organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales<br />
para que colabore en la labor de cualquiera de los órganos de la Corte. El<br />
Fiscal podrá aceptar ofertas de esa índole en nombre de la Fiscalía. El<br />
personal proporcionado gratuitamente será empleado de conformidad con<br />
directrices que ha de establecer la Asamblea de los Estados Partes.<br />
Artículo 45<br />
Promesa solemne<br />
Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el<br />
presente Estatuto, los magistrados, el Fiscal, los fiscales adjuntos, el<br />
secretario y el secretario adjunto declararán solemnemente y en sesión<br />
pública que ejercerán sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.<br />
Artículo 46<br />
Separación del cargo<br />
1. Un magistrado, el Fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el<br />
secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a tal<br />
efecto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 cuando se determine<br />
que:<br />
a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las<br />
funciones que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido<br />
en las Reglas de Procedimiento y Prueba; o<br />
b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en<br />
el presente Estatuto.<br />
2. La decisión de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un<br />
fiscal adjunto de conformidad con el párrafo 1 será adoptado por la<br />
Asamblea de los Estados Partes en votación secreta:<br />
a) En el caso de un magistrado, por mayoría de dos tercios de<br />
los Estados Partes y previa recomendación aprobada por mayoría de dos<br />
tercios de los demás magistrados;<br />
b) En el caso del Fiscal, por mayoría absoluta de los Estados<br />
Partes;<br />
c) En el caso de un fiscal adjunto; por mayoría absoluta de los<br />
Estados Partes y previa recomendación del Fiscal.<br />
3. La decisión de separar del cargo al secretario o a un secretario<br />
adjunto será adoptada por mayoría absoluta de los magistrados.<br />
4. El magistrado, Fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario<br />
adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones<br />
del cargo de conformidad con el presente Estatuto haya sido impugnada en<br />
virtud del presente artículo podrá presentar y obtener pruebas y presentar<br />
escritos de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba; sin<br />
embargo, no podrá participar por ningún otro concepto en el examen de la<br />
cuestión.<br />
Artículo 47<br />
Medidas disciplinarias<br />
El magistrado, Fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario<br />
adjunto que haya incurrido en una falta menos grave que la establecida en<br />
el párrafo 1 del Artículo 46 será objeto de medidas disciplinarias de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 48<br />
Privilegios e inmunidades<br />
1. La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los<br />
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus<br />
funciones.<br />
2. Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y los Secretarios<br />
gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con<br />
ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de<br />
las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando<br />
de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones que hagan oralmente o<br />
por escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus funciones<br />
oficiales.<br />
3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de<br />
la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades<br />
necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el<br />
acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.<br />
4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se<br />
requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea<br />
necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con<br />
el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.<br />
5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:<br />
a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la<br />
mayoría absoluta de los magistrados;<br />
b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;<br />
c) En el caso de los fiscales adjuntos y el personal de la<br />
fiscalía, por el Fiscal;<br />
d) En el caso del secretario adjunto y el personal de la<br />
secretaría, por el secretario.<br />
Artículo 49<br />
Sueldo, estipendios y dietas<br />
Los magistrados, el Fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el<br />
secretario adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida<br />
la Asamblea de los Estados Partes. Esos sueldos y estipendios no serán<br />
reducidos en el curso de su mandato.<br />
Artículo 50<br />
Idiomas oficiales y de trabajo<br />
1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el<br />
español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así<br />
como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que<br />
conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales. La<br />
Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba, determinará cuales son las decisiones que resuelven<br />
cuestiones fundamentales a los efectos del presente párrafo.<br />
2. Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos podrá<br />
utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.<br />
3. La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de los<br />
Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa<br />
solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el inglés,<br />
siempre que considere que esta autorización está adecuadamente justificada.<br />
Artículo 51<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba<br />
1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su<br />
aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los<br />
Estados Partes.<br />
2. Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:<br />
a) Cualquier Estado Parte;<br />
b) Los magistrados, por mayoría absoluta; o<br />
c) El Fiscal.<br />
Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea de<br />
los Estados Partes por mayoría de dos tercios.<br />
3. Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos<br />
urgentes y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la<br />
Corte, los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer<br />
reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados<br />
Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o<br />
extraordinario de sesiones.<br />
4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las<br />
reglas provisionales deberán estar en consonancia con el presente Estatuto.<br />
Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como las reglas<br />
provisionales aprobadas de conformidad con el párrafo 3, no se aplicarán<br />
retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la<br />
investigación o el enjuiciamiento o que haya sido condenada.<br />
5. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.<br />
Artículo 52<br />
Reglamento de la Corte<br />
1. Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba, aprobarán por mayoría absoluta el<br />
Reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.<br />
2. Se consultará al Fiscal y al Secretario en la preparación del<br />
Reglamento y de cualquier enmienda de él.<br />
3. El Reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su<br />
aprobación, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente<br />
después de su aprobación, serán distribuidos a los Estados Partes para<br />
recabar sus observaciones. Se mantendrán en vigor si en un plazo de seis<br />
meses no se han recibido objeciones de una mayoría de los Estados Partes.<br />
PARTE V. DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO<br />
Artículo 53<br />
Inicio de una investigación<br />
1. El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga,<br />
iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento<br />
razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir<br />
si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si:<br />
a) La información de que dispone constituye fundamento razonable<br />
para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la<br />
competencia de la Corte;<br />
b) La causa es o sería admisible de conformidad con el Artículo<br />
17;<br />
c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en<br />
cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una<br />
investigación no redundaría en interés de la justicia;<br />
El Fiscal si determinare que no hay fundamento razonable para<br />
proceder a la investigación y la determinación se basare únicamente en el<br />
apartado c), lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.<br />
2. Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que<br />
no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:<br />
a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para<br />
pedir una orden de detención o de comparencia de conformidad con el<br />
Artículo 58;<br />
b) La causa es inadmisible de conformidad con el Artículo 17; o<br />
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia,<br />
teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad<br />
del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del<br />
presunto autor y su participación en el presunto crimen.<br />
Notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares<br />
y a Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el Artículo 14 o<br />
al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo b)<br />
del Artículo 13.<br />
3. a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo<br />
al Artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el<br />
párrafo b) del Artículo 13, la sala de Cuestiones Preliminares podrá<br />
examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de<br />
conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al Fiscal que<br />
reconsidere esa decisión;<br />
b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio,<br />
revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si<br />
dicha decisión se basare únicamente en el párrafo 1 c) o en el párrafo<br />
2 c). En ese caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto<br />
si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.<br />
4. El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de<br />
iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o<br />
nuevas informaciones.<br />
Artículo 54<br />
Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones<br />
1. El Fiscal:<br />
a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar<br />
la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes<br />
para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el<br />
presente Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las<br />
circunstancias incriminantes como las eximentes;<br />
b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la<br />
investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de<br />
la Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias<br />
personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género,<br />
definido en el párrafo 31 del Artículo 7, y la salud, y tendrá en<br />
cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia<br />
sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños;<br />
y<br />
c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas<br />
el presente Estatuto.<br />
2. El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un<br />
Estado:<br />
a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o<br />
b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de<br />
conformidad con el párrafo 3 d) del Artículo 57.<br />
3. El Fiscal podrá:<br />
a) Reunir y examinar pruebas;<br />
b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de<br />
investigación, las víctimas y los testigos;<br />
c) Solicitar la cooperación de un Estado u organización o<br />
acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva<br />
competencia o mandato;<br />
d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el<br />
presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de<br />
un Estado, una organización intergubernamental o una persona;<br />
e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del<br />
procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición<br />
de preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos de<br />
obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado<br />
la información; y<br />
f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para<br />
asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de<br />
una persona o la preservación de las pruebas.<br />
Artículo 55<br />
Derechos de las personas durante la investigación<br />
1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente<br />
Estatuto:<br />
a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a<br />
declararse culpable;<br />
b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación<br />
o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos<br />
o degradantes;<br />
c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que<br />
comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los<br />
servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean<br />
necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad;<br />
d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será<br />
privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente<br />
Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.<br />
2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un<br />
crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada<br />
por el Fiscal o las autoridades nacionales, en cumplimiento de una<br />
solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá<br />
además los derechos siguientes, de los que será informada antes del<br />
interrogatorio:<br />
a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha<br />
cometido un crimen de la competencia de la Corte;<br />
b) A guardar silencio, sin que ellos pueda tenerse en cuenta a<br />
los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;<br />
c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si<br />
no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que<br />
fuere necesario en interés de la justicia y, en cualquier caso, sin<br />
cargo si careciere de medios suficientes;<br />
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que<br />
haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.<br />
Artículo 56<br />
Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando<br />
se presente una oportunidad única de proceder a una investigación<br />
1. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad<br />
única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los<br />
fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un<br />
testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares;<br />
b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que<br />
sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las<br />
actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la<br />
defensa;<br />
c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra<br />
cosa, el Fiscal proporcionará la información correspondiente a la<br />
persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una<br />
citación en relación con la investigación a que se refiere el apartado<br />
a), a fin de que pueda ser oída.<br />
2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo<br />
1 podrán consistir en:<br />
a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del<br />
procedimiento que habrá de seguirse;<br />
b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones;<br />
c) Nombrar a un experto para que preste asistencia;<br />
d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya<br />
comparecido ante el Tribunal en virtud de una citación a que participe<br />
o, en caso de que aún no se hayan producido esa detención o<br />
comparecencia o no se haya designado abogado, a nombrar otro para que<br />
comparezca y represente los intereses de la defensa;<br />
e) Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro<br />
magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o de la Sección de<br />
Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas<br />
respecto de la reunión y preservación de las pruebas o del<br />
interrogatorio de personas;<br />
f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o<br />
preservar las pruebas.<br />
3. a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el<br />
Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que,<br />
a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará<br />
si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de<br />
oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de<br />
que no había justificación para no solicitarlas.<br />
b) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente<br />
párrafo. La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.<br />
4. La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las<br />
pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el<br />
presente artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el Artículo 69<br />
y la Sala de Primera Instancia decidirá como ha de ponderar esas pruebas.<br />
Artículo 57<br />
Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares<br />
1. A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares ejercerá sus funciones de conformidad con las<br />
disposiciones del presente artículo.<br />
2. a) Las providencias u órdenes que la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares dicte en virtud de los Artículo 15, 18 ó 19, el párrafo 2<br />
del Artículo 54, el párrafo 7 del Artículo 61 o el Artículo 72 deberán<br />
ser aprobadas por la mayoría de los magistrados que la componen;<br />
b) En todos los demás casos, un magistrado de la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares podrá ejercer las funciones establecidas en el<br />
presente Estatuto, a menos que las Reglas de Procedimiento y Prueba<br />
dispongan otra cosa o así lo acuerde, por mayoría, la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares.<br />
3. Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares podrá:<br />
a) A petición del Fiscal, dictar las providencias y órdenes que<br />
sean necesarias a los fines de una investigación;<br />
b) A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en<br />
virtud de una orden de comparencia expedida con arreglo al Artículo<br />
58, dictar esas órdenes, incluidas medidas tales como las indicadas en<br />
el Artículo 56 o solicitar con arreglo a la Parte IX la cooperación<br />
que sea necesaria para ayudarle a preparar su defensa;<br />
c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de<br />
la intimidad de víctima y testigos, la preservación de pruebas, la<br />
protección de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de<br />
una orden de comparencia, así como la protección de información que<br />
afecte a la seguridad nacional;<br />
d) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de<br />
investigación en el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido<br />
la cooperación de éste con arreglo a la Parte IX en el caso de que la<br />
Sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones<br />
del Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no está<br />
en condiciones de cumplir una solicitud de cooperación debido a que no<br />
existe autoridad u órgano alguno de su sistema judicial competente<br />
para cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX.<br />
e) Cuando se haya dictado una orden de detención o de<br />
comparecencia con arreglo al Artículo 58, y habida cuenta del valor de<br />
las pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de<br />
conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba, recabar la cooperación de los Estados con<br />
arreglo al párrafo 1 j) del Artículo 93 para adoptar medidas<br />
cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie<br />
en última instancia a las víctimas.<br />
Artículo 58<br />
Orden de detención u orden de comparecencia dictada<br />
por la Sala de Cuestiones Preliminares<br />
1. En cualquier momento, después de iniciada la investigación, la Sala<br />
de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de<br />
detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y<br />
otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:<br />
a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de<br />
la competencia de la Corte; y<br />
b) La detención parece necesaria para:<br />
i) Asegurar que la persona comparezca en juicio;<br />
ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro<br />
la investigación ni las actuaciones de la Corte;<br />
iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese<br />
crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte<br />
y tenga su origen en las mismas circunstancias.<br />
2. La solicitud del Fiscal consignará:<br />
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para<br />
su identificación;<br />
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la<br />
Corte que presuntamente haya cometido;<br />
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente<br />
constituyan esos crímenes;<br />
d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que<br />
constituya motivo razonable para creer que la persona cometió esos<br />
crímenes; y<br />
e) La razón por la cual el Fiscal crea necesaria la detención.<br />
3. La orden de detención consignará:<br />
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para<br />
su identificación;<br />
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la<br />
Corte por el que se pide su detención; y<br />
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente<br />
constituyan esos crímenes.<br />
4. La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no<br />
disponga lo contrario.<br />
5. La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar<br />
la detención provisional o la detención y entrega de la persona de<br />
conformidad con la Parte IX del presente Estatuto.<br />
6. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que<br />
enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen<br />
indicado en ésta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares<br />
enmendará la orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para<br />
creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa<br />
modificación o adición.<br />
7. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en<br />
lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La Sala,<br />
de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona<br />
ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con una orden de<br />
comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente, dictará, con o<br />
sin las condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detención)<br />
que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca. La<br />
orden de comparecencia consignará:<br />
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para<br />
su identificación;<br />
b) La fecha de comparecencia;<br />
c) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la<br />
Corte que presuntamente haya cometido; y<br />
d) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente<br />
constituyan esos crímenes.<br />
La notificación de la orden será personal.<br />
Artículo 59<br />
Procedimiento de detención en el Estado de detención<br />
1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención<br />
provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas<br />
necesarias para la detención de conformidad con su derecho interno y con lo<br />
dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.<br />
2. El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial<br />
competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad con<br />
el derecho de ese Estado:<br />
a) La orden le es aplicable;<br />
b) La detención se llevó a cabo conforme a derecho; y<br />
c) Se han respetado los derechos del detenido.<br />
3. El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente<br />
del Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.<br />
4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de<br />
detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay<br />
circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad<br />
provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado de<br />
detención pueda cumplir su obligación de entregar la persona a la Corte.<br />
Esa autoridad no podrá examinar si la orden de detención fue dictada<br />
conforme a derecho con arreglo a los aportados a) y b) del párrafo 1 del<br />
Artículo 58.<br />
5. La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad competente<br />
del Estado de detención. Antes de adoptar su decisión, la autoridad<br />
competente del Estado tendrá plenamente en cuenta esas recomendaciones,<br />
incluidas las relativas a medidas para impedir la evasión de la persona.<br />
6. De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto.<br />
7. Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el<br />
detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea posible.<br />
Artículo 60<br />
Primeras diligencias en la Corte<br />
1. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya<br />
comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de<br />
comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha<br />
sido informado de los crímenes que le son imputados y de los derechos que<br />
le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libertad<br />
provisional.<br />
2. Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad<br />
provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de que<br />
se dan las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del Artículo 58, se<br />
mantendrá la detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones.<br />
3. La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su<br />
decisión en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá hacerlo<br />
en cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la<br />
base de la revisión, la Sala podrá modificar su decisión en cuanto a la<br />
detención, la puesta en libertad o las condiciones de ésta, si está<br />
convencida de que es necesario en razón de un cambio en las circunstancias.<br />
4. La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención<br />
en espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora<br />
inexcusable del Fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte considerará<br />
la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin condiciones.<br />
5. De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar<br />
una orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido<br />
puesta en libertad.<br />
Artículo 61<br />
Confirmación de los cargos del juicio<br />
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo<br />
razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia<br />
voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una<br />
audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal<br />
tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en<br />
presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor.<br />
2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de<br />
oficio, podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar<br />
los cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento<br />
cuando el imputado:<br />
a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o<br />
b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado<br />
todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la<br />
Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia<br />
para confirmarlos.<br />
En este caso, el imputado estará representado por un defensor cuando<br />
la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de<br />
la justicia.<br />
3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:<br />
a) Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que<br />
se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga<br />
enjuiciarlo; y,<br />
b) Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga<br />
presentar en la audiencia. La Sala de Cuestiones Preliminares podrá<br />
dictar providencias respecto de la revelación de información a los<br />
efectos de la audiencia.<br />
4. Antes de la audiencia, el Fiscal podrá proseguir la investigación y<br />
modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación<br />
razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su<br />
retiro. En caso de retirarse cargos, el Fiscal comunicará las razones a la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares.<br />
5. En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo<br />
pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado<br />
cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas<br />
documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a<br />
los testigos que han de declarar en el juicio.<br />
6. En la audiencia, el imputado podrá:<br />
a) Impugnar los cargos;<br />
b) Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y<br />
c) Presentar pruebas.<br />
7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la<br />
audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para<br />
creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea<br />
esa determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:<br />
a) Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado<br />
que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de<br />
Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;<br />
b) No confirmará los cargos respecto de los cuales haya<br />
determinado que las pruebas son insuficientes;<br />
c) Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la<br />
posibilidad de:<br />
i) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas<br />
investigaciones en relación con un determinado cargo; o<br />
ii) Modificar un cargo en razón de que las pruebas<br />
presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto<br />
que sea de la competencia de la Corte.<br />
8. La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares no obstará para que el Fiscal la pida nuevamente a condición<br />
de que presente pruebas adicionales.<br />
9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el<br />
Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa<br />
notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se<br />
propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves,<br />
deberá pedir una audiencia de conformidad con el presente artículo para<br />
confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de<br />
la Sala de Primera Instancia, podrá retirar los cargos.<br />
10. Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los<br />
cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares<br />
o hayan sido retirados por el Fiscal.<br />
11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente<br />
artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que, con<br />
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 8 del presente artículo y en el<br />
párrafo 4 del Artículo 64, se encargará de la siguiente fase del<br />
procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.<br />
PARTE VI. DEL JUICIO<br />
Artículo 62<br />
Lugar del juicio<br />
A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrará en la sede de la<br />
Corte.<br />
Artículo 63<br />
Presencia del acusado en el juicio<br />
1. El acusado estará presente durante el juicio.<br />
2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare<br />
continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que<br />
salga de ella y observe el proceso y dé instrucciones a su defensor desde<br />
fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación. Esas<br />
medidas se adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales, después de<br />
que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y<br />
adecuadas, y únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.<br />
Artículo 64<br />
Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia<br />
1. Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia<br />
enunciada en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad con el<br />
presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
2. La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y<br />
expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y<br />
teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los<br />
testigos.<br />
3. La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de<br />
conformidad con el presente Estatuto:<br />
a) Celebrará consultas con las partes y adoptará los<br />
procedimientos que sean necesarios para que el juicio se sustancie de<br />
manera justa y expedita;<br />
b) Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse<br />
en el juicio; y<br />
c) Con sujeción a cualesquiera otras disposiciones pertinentes<br />
del presente Estatuto, dispondrá la divulgación de los documentos o de<br />
la información que no se hayan divulgado anteriormente, con suficiente<br />
antelación al comienzo del juicio como para permitir su preparación<br />
adecuada.<br />
4. La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario para<br />
su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de<br />
la Sección de Cuestiones Preliminares que esté disponible.<br />
5. Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá,<br />
según proceda, indicar que se deberán acumular o separar los cargos cuando<br />
haya más de un acusado.<br />
6. Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de éste,<br />
la Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario:<br />
a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares indicadas en el párrafo 11 del Artículo 61;<br />
b) Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la<br />
presentación de documentos y otras pruebas recabando, de ser<br />
necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en<br />
el presente Estatuto;<br />
c) Adoptar medidas para la protección de la información<br />
confidencial;<br />
d) Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya<br />
reunidas con antelación al juicio o las presentadas durante el juicio<br />
por las partes;<br />
e) Adoptar medidas para la protección del acusado, de los<br />
testigos y de las víctimas; y<br />
f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.<br />
7. El juicio será público. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia<br />
podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de<br />
conformidad con el Artículo 68, debido a circunstancias especiales o para<br />
proteger la información de carácter confidencial o restringida que haya de<br />
presentarse en la práctica de la prueba.<br />
8. a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dará<br />
lectura ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se<br />
cerciorará de que el acusado comprende la naturaleza de los cargos.<br />
Dará al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad<br />
con el Artículo 65 o de declararse inocente;<br />
b) Durante el juicio, el magistrado presidente podrá impartir<br />
directivas para la sustanciación del juicio, en particular para que<br />
éste sea justo e imparcial. Con sujeción a las directivas que imparta<br />
el magistrado presidente, las partes podrán presentar pruebas de<br />
conformidad con las disposiciones del presente Estatuto.<br />
9. La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las partes<br />
o de oficio, entre otras cosas:<br />
a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas;<br />
b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en<br />
las audiencias.<br />
10. La Sala de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y<br />
conserve un expediente completo del juicio, en el que se consignen<br />
fielmente las diligencias practicadas.<br />
Artículo 65<br />
Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad<br />
1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en<br />
el párrafo 8 a) del Artículo 64, la Sala de Primera Instancia determinará:<br />
a) Si el acusado comprende la naturaleza y la consecuencia de la<br />
declaración de culpabilidad;<br />
b) Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras<br />
suficiente consulta con el abogado defensor; y<br />
c) Si la declaración de culpabilidad está corroborada por los<br />
hechos de la causa conforme a:<br />
i) Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el<br />
acusado;<br />
ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados<br />
por el Fiscal y aceptados por el acusado; y<br />
iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos,<br />
presentadas por el Fiscal o el acusado.<br />
2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las<br />
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la<br />
declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas,<br />
constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran<br />
el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo<br />
por ese crimen.<br />
3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las<br />
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la declaración<br />
de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que prosiga el<br />
juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente<br />
Estatuto y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.<br />
4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesario en interés<br />
de la justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación<br />
más completa de los hechos de la causa, podrá:<br />
a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive<br />
declaraciones de testigos; o,<br />
b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento<br />
ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendrá la<br />
declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa<br />
a otra Sala de Primera Instancia.<br />
5. Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la<br />
modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que<br />
habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.<br />
Artículo 66<br />
Presunción de inocencia<br />
1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su<br />
culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.<br />
2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.<br />
3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar<br />
convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.<br />
Artículo 67<br />
Derechos del acusado<br />
1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a<br />
ser oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente<br />
Estatuto, y una audiencia justa e imparcial, así como a las siguientes<br />
garantías mínimas en pie de plena igualdad:<br />
a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma<br />
que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el<br />
contenido de los cargos que se le imputan;<br />
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la<br />
preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente<br />
con un defensor de su elección;<br />
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;<br />
d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 63,<br />
el acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a<br />
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su<br />
elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le<br />
asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a<br />
que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de<br />
medios suficientes para pagarlo;<br />
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a<br />
obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean<br />
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El<br />
acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar<br />
cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente<br />
Estatuto;<br />
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a<br />
obtener las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de<br />
equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los documentos<br />
presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no<br />
habla;<br />
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse<br />
culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a<br />
los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;<br />
h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar<br />
juramento; y<br />
i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta<br />
la carga de presentar contrapruebas.<br />
2. Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en<br />
el presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea<br />
posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que, a<br />
su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a<br />
atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las<br />
pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicación de este párrafo,<br />
la Corte decidirá.<br />
Artículo 68<br />
Protección de las víctimas y los testigos y su<br />
participación en las actuaciones<br />
1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad,<br />
el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las<br />
víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los<br />
factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo<br />
3 del Artículo 2, y la salud, así como la índole del crimen, en particular<br />
cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia<br />
contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de<br />
la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no<br />
podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio<br />
justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.<br />
2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias<br />
establecido en el Artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de<br />
proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una<br />
parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de<br />
pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular,<br />
se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de agresión sexual o<br />
de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario<br />
adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente<br />
la opinión de la víctima o el testigo.<br />
3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere<br />
conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y<br />
observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses<br />
personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del<br />
acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos. Los<br />
representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y<br />
observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a<br />
la Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los dispositivos de<br />
seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace referencia en el<br />
párrafo 6 del Artículo 43.<br />
5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con<br />
el presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un<br />
testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier<br />
diligencia anterior al juicio, no presentar dichas pruebas o información y<br />
presentar en cambio un resumen de éstas. Las medidas de esta índole no<br />
podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio<br />
justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.<br />
6. Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias<br />
respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la<br />
protección de información de carácter confidencial o restringido.<br />
Artículo 69<br />
Práctica de las pruebas<br />
1. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.<br />
2. La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio,<br />
salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el Artículo 68 o en<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al<br />
testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una grabación de<br />
vídeo o audio, así como se presenten documentos o transcripciones escritas,<br />
con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de<br />
los derechos del acusado ni serán incompatibles con éstos.<br />
3. Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de<br />
conformidad con el Artículo 64. La Corte estará facultada para pedir todas<br />
las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad de los<br />
hechos.<br />
4. La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de<br />
cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor<br />
probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o<br />
para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de conformidad con<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
5. La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos<br />
en las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
6. La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero<br />
podrá incorporarlos en autos.<br />
7. No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una<br />
violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos<br />
internacionalmente reconocidas cuando:<br />
a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las<br />
pruebas; o<br />
b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde<br />
en grave desmedro de él.<br />
8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las<br />
pruebas presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la<br />
aplicación del derecho interno de ese Estado.<br />
Artículo 70<br />
Delito contra la administración de justicia<br />
1. La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos<br />
contra la administración de justicia, siempre y cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad<br />
de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 69;<br />
b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido<br />
falsificadas;<br />
c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o<br />
testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo<br />
por su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las<br />
diligencias de prueba;<br />
d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la<br />
Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que<br />
lo haga de manera indebida;<br />
e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón<br />
de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y<br />
f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de<br />
la Corte y en relación con sus funciones oficiales.<br />
2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecerán los principios y<br />
procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia<br />
sobre los delitos a que se hace referencia en el presente artículo. Las<br />
condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto de las<br />
actuaciones que realice de conformidad con el presente artículo se regirán<br />
por el derecho interno del Estado requerido.<br />
3. En caso de detención condenatoria, la Corte podrá imponer una pena<br />
de reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas penas, de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4. a) Todo Estado Parte hará extensivas sus leyes penales que<br />
castiguen los delitos contra la integridad de su propio procedimiento<br />
de investigación o enjuiciamiento a los delitos contra la<br />
administración de justicia a que se hace referencia en el presente<br />
artículo y sean cometidos en su territorio o por uno de sus<br />
nacionales;<br />
b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo<br />
considere apropiado, someterá el asunto a sus autoridades competentes<br />
a los efectos del enjuiciamiento. Esas autoridades conocerán de tales<br />
asuntos con diligencia y asignarán medios suficientes para que las<br />
causas se sustancien en forma eficaz.<br />
Artículo 71<br />
Sanciones por faltas de conducta en la Corte<br />
1. En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte,<br />
tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus<br />
órdenes, la Corte podrá imponer sanciones administrativas, que no entrañen<br />
privación de la libertad, como expulsión temporal o permanente de la sala,<br />
multa u otras medidas similares establecidas en las Reglas de Procedimiento<br />
y Prueba.<br />
2. El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el<br />
párrafo 1 se regirá por las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 72<br />
Protección de información que afecte a la seguridad nacional<br />
1. El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la<br />
divulgación de información o documentos de un Estado pueda, a juicio de<br />
éste, afectar a los intereses de su seguridad nacional. Esos casos son los<br />
comprendidos en el ámbito de los párrafos 2 y 3 del Artículo 56, el párrafo<br />
3 del Artículo 61, el párrafo 3 del Artículo 64, el párrafo 2 del Artículo<br />
67, el párrafo 6 del Artículo 68, el párrafo 6 del Artículo 87 y el<br />
Artículo 93, así como los que se presenten en cualquier otra fase del<br />
procedimiento en el contexto de esa divulgación.<br />
2. El presente artículo se aplicará también cuando una persona a quien<br />
se haya solicitado información o pruebas se niegue a presentarlas o haya<br />
pedido un pronunciamiento del Estado porque su divulgación afectaría a los<br />
intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate<br />
confirme que, a su juicio, esa divulgación afectaría a los intereses de<br />
seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate confirme que, a<br />
su juicio, esa divulgación afectaría a los intereses de su seguridad<br />
nacional.<br />
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los<br />
privilegios de confidencialidad a que se refieren los apartados e) y f) del<br />
párrafo 3 de Artículo 54 ni la aplicación del Artículo 73.<br />
4. Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos<br />
suyos están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del<br />
procedimiento y estima que esa divulgación afectaría a sus intereses de<br />
seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva de<br />
conformidad con el presente artículo.<br />
5. El Estado a cuyo juicio la divulgación de información afectará a<br />
sus intereses de seguridad nacional adoptará, actuando en conjunto con el<br />
Fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera<br />
Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para resolver la<br />
cuestión por medio de la cooperación. Esas medidas podrán ser, entre<br />
otras, las siguientes:<br />
a) La modificación o aclaración de la solicitud;<br />
b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la<br />
información o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las<br />
pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido<br />
de una fuente distinta del Estado;<br />
c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente<br />
distinta o en una forma diferente; o<br />
d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se presente la<br />
asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentación de<br />
resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, la<br />
utilización de procedimientos a puertas cerradas o ex parte, u otras<br />
medidas de protección permitidas con arreglo al Estatuto o las Reglas.<br />
6. Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para<br />
resolver la cuestión por medio de la cooperación, el Estado, si considera<br />
que la información o los documentos no puedan procederse ni divulgarse por<br />
medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de sus intereses de<br />
seguridad nacional, notificará al Fiscal o a la Corte las razones concretas<br />
de su decisión, a menos que la indicación concreta de esas razones<br />
perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado.<br />
7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y<br />
necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, podrá<br />
adoptar las disposiciones siguientes:<br />
a) Cuando se solicite la divulgación de la información o del<br />
documento de conformidad con una solicitud de cooperación con arreglo<br />
a la Parte IX del presente Estatuto o en las circunstancias a que se<br />
refiere el párrafo 2 del presente Artículo, y el estado hiciere valer<br />
para denegarla el motivo indicado en el párrafo 4 del Artículo 93:<br />
i) La Corte podrá, antes de adoptar una de las conclusiones<br />
a que se refiere el inciso ii) del apartado a) del párrafo 7,<br />
solicitar nuevas consultas con el fin de oír las razones del<br />
Estado. La Corte, si el Estado lo solicita, celebrará las<br />
consultas a puerta cerrada y ex parte;<br />
ii) Si la Corte llega a la conclusión de que, al hacer<br />
valer el motivo de denegación indicado en el párrafo 4 del<br />
Artículo 93, dadas las circunstancias del caso, el Estado<br />
requerido no está actuando de conformidad con las obligaciones<br />
que le impone el presente Estatuto, podrá remitir la cuestión de<br />
conformidad con el párrafo 7 del Artículo 87, especificando las<br />
razones de su conclusión; y<br />
iii) La Corte, en el juicio del acusado, podrá establecer<br />
las presunciones respecto de las existencia o inexistencia de un<br />
hecho que sean apropiadas en razón de las circunstancias; o<br />
b) En todas las demás circunstancias:<br />
i) ordenar la divulgación; o<br />
ii) Si no ordena la divulgación, establecer las<br />
presunciones relativas a la culpabilidad o a la inocencia del<br />
acusado que sean apropiadas en razón de las circunstancias.<br />
Artículo 73<br />
Información o documentos de terceros<br />
La Corte, si pide a un Estado Parte que le proporcione información o<br />
un documento que esté bajo su custodia, posesión o control y que le haya<br />
sido divulgado por un Estado, una organización intergubernamental o una<br />
organización internacional a título confidencial, recabará el<br />
consentimiento de su autor para divulgar la información o el documento. Si<br />
el autor es un Estado Parte, podrá consentir en divulgar dicha información<br />
o documento o comprometerse a resolver la cuestión con la Corte, con<br />
sujeción a lo dispuesto en el Artículo 72. Si el autor no es un Estado<br />
Parte y no consiente en divulgar la información o el documento, el Estado<br />
requerido comunicará a la Corte que no puede proporcionar la información o<br />
el documento de que se trate en razón de la obligación contraída con su<br />
autor de preservar su carácter confidencial.<br />
Artículo 74<br />
Requisitos para el fallo<br />
1. Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán<br />
presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones.<br />
La Presidencia podrá designar para cada causa y según estén<br />
disponibles uno o varios magistrados suplentes para que asistan a todas las<br />
fases del juicio y sustituyan a cualquier miembro de la Sala de Primera<br />
Instancia que se vea imposibilitado para seguir participando en el juicio.<br />
2. La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación<br />
de las<br />
pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente a los<br />
hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las modificaciones a<br />
los cargos, en su caso. La Corte podrá fundamentar su fallo únicamente en<br />
las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el juicio.<br />
3. Los magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad, pero,<br />
de no ser<br />
posible, éste será adoptado por mayoría.<br />
4. Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas.<br />
5. El fallo constará por escrito e incluirá una exposición fundada y<br />
completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de<br />
Primera Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de<br />
la Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la mayoría y de la<br />
minoría. La lectura del fallo o de un resumen de éste se hará en sesión<br />
pública.<br />
Artículo 75<br />
Reparación de las víctimas<br />
1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación,<br />
incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha<br />
de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base,<br />
la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias<br />
excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la<br />
magnitud de los daños, perdidas o perjuicios causados a las víctimas o<br />
a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.<br />
2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado<br />
en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las<br />
víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación.<br />
Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a<br />
título de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en<br />
el Artículo 79.<br />
3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo,<br />
tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las<br />
víctimas, otras personas o Estado que tengan un interés, o las que se<br />
formulen en su nombre.<br />
4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente<br />
artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un<br />
crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una<br />
decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar<br />
medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 90.<br />
5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a<br />
este artículo como si las disposiciones del Artículo 109 se aplicaran al<br />
presente artículo.<br />
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse<br />
en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno<br />
o el derecho internacional.<br />
Artículo 76<br />
Fallo condenatorio<br />
1. En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera<br />
Instancia fijará la pena que proceda imponer, para lo cual tendrá en cuenta<br />
las pruebas practicadas y las presentaciones relativas a la pena que se<br />
hayan hecho en el proceso.<br />
2. Salvo en el caso en que sea aplicable el Artículo 65, la Sala de<br />
Primera Instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia, y tendrá<br />
que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de que concluya la<br />
instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar<br />
presentaciones adicionales relativas a la pena, de conformidad con las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
3. En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audiencia a<br />
que se hace referencia en ese párrafo o, de ser necesario, en una audiencia<br />
adicional se escucharán las presentaciones que se hagan en virtud del<br />
Artículo 75.<br />
4. La pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en<br />
presencia del acusado.<br />
PARTE VII. DE LAS PENAS<br />
Artículo 77<br />
Penas aplicables<br />
1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110,<br />
imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se<br />
hace referencia en el Artículo 5 del presente Estatuto una de las penas<br />
siguientes:<br />
a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda<br />
de 30 años; o<br />
b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema<br />
gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.<br />
2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:<br />
a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba;<br />
b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes<br />
procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de<br />
los derechos de terceros de buena fe.<br />
Artículo 78<br />
Imposición de la pena<br />
1. Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con<br />
las reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del<br />
crimen y las circunstancias personales del condenado.<br />
2. La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que,<br />
por orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar<br />
cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta<br />
constitutiva del delito.<br />
3. Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de un<br />
crimen, la Corte impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común<br />
en la que se especifique la duración total de la reclusión. La pena no será<br />
inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas y no excederá de<br />
30 años de reclusión o de una pena de reclusión a perpetuidad de<br />
conformidad con el párrafo 1 b) del Artículo 77.<br />
Artículo 79<br />
Fondo fiduciario<br />
1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá<br />
un Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la<br />
competencia de la Corte y de sus familias.<br />
2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a<br />
título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.<br />
3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije<br />
la Asamblea de los Estados Partes.<br />
Artículo 80<br />
El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación<br />
nacional<br />
Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio<br />
de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación<br />
nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas<br />
prescritas en la presente parte.<br />
PARTE VIII. DE LA APELACIÓN Y LA REVISIÓN<br />
Artículo 81<br />
Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena<br />
1. Los fallos dictados de conformidad con el Artículo 74 serán<br />
apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se<br />
dispone a continuación:<br />
a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:<br />
i) Vicio de procedimiento;<br />
ii) Error de hecho; o<br />
iii) Error de derecho;<br />
b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por<br />
alguno de los motivos siguientes:<br />
i) Vicio de procedimiento;<br />
ii) Error de hecho;<br />
iii) Error de derecho;<br />
iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la<br />
regularidad del proceso o del fallo.<br />
2. a) El Fiscal o el condenado podrán apelar de una sentencia, de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en razón de una<br />
desproporción entre el crimen y la condena;<br />
b) La Corte, si al conocer de la apelación de una sentencia,<br />
considerarse que hay fundamentos para revocar la condena en todo o<br />
parte, podrá invitar al Fiscal y al condenado a que presenten sus<br />
argumentos de conformidad con los apartados a) o b) del párrafo 1 del<br />
artículo 81 y podrá dictar una decisión respecto de la condena de<br />
conformidad con el artículo 83;<br />
c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte, al<br />
conocer de una apelación contra la sentencia únicamente, considere que<br />
hay fundamentos para reducir la pena en virtud del párrafo 2 a).<br />
3. a) Salvo que la sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el<br />
condenado permanecerá privado de libertad mientras se falla la<br />
apelación;<br />
b) Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la<br />
pena de prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad; sin<br />
embargo, si el Fiscal también apelase, esa libertad podrá quedar<br />
sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado siguiente;<br />
c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en<br />
libertad de inmediato, con sujeción a las normas siguientes:<br />
i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta<br />
entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del<br />
delito y las probabilidades de que se dé lugar a la apelación,<br />
la Sala de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá<br />
decretar que siga privado de la libertad mientras dure la<br />
apelación;<br />
ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Apelaciones en<br />
virtud del inciso precedente serán apelables de conformidad con<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3,<br />
la ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante el plazo<br />
fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación.<br />
Artículo 82<br />
Apelación de otras decisiones<br />
1. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:<br />
a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad;<br />
b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de<br />
la persona objeto de investigación o enjuiciamiento;<br />
c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar<br />
de oficio de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 56;<br />
d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma<br />
significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el<br />
proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala<br />
de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, un dictamen<br />
inmediato de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el<br />
proceso.<br />
2. El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorización de la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares, podrá apelar de una decisión adoptada por<br />
esta Sala de conformidad con el párrafo 3 d) del Artículo 57. La apelación<br />
será sustanciada en procedimiento sumario.<br />
3. La apelación no suspenderá por si misma el procedimiento a menos<br />
que la Sala de Apelaciones lo dictamine, previa solicitud y de conformidad<br />
con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4. El representante legal de las víctimas, el condenado o el<br />
propietario de buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en<br />
virtud del Artículo 73 podrán apelar, de conformidad con las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba, de la decisión por la cual se conceda reparación.<br />
Artículo 83<br />
Procedimiento de apelación<br />
1. A los efectos del procedimiento establecido en el Artículo 81 y en<br />
el presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones<br />
de la Sala de Primera Instancia.<br />
2. La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas<br />
fueron injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o<br />
que el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho<br />
o de derecho o de vicios de procedimiento, podrá:<br />
a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o<br />
b) Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de<br />
Primera Instancia.<br />
A estos efectos, la Sala de Apelaciones podrá devolver una cuestión<br />
de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y le<br />
informe según corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla.<br />
El fallo o la pena apelados únicamente por el condenado, o por el Fiscal en<br />
nombre de éste, no podrán ser modificados en perjuicio suyo.<br />
3. La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la<br />
pena, considera que hay una desproporción entre el crimen y la pena, podrá<br />
modificar ésta conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.<br />
4. La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría<br />
de los magistrados que la componen y anunciada en audiencia pública. La<br />
sentencia enunciará las razones en que se funda. De no haber unanimidad,<br />
consignará las opiniones de la mayoría y de la minoría, si bien un<br />
magistrado podrá emitir una opinión separada o disidente sobre una cuestión<br />
de derecho.<br />
5. La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la<br />
persona absuelta o condenada.<br />
Artículo 84<br />
Revisión del fallo condenatorio o de la pena<br />
1. El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los<br />
hijos, los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del<br />
acusado y tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el<br />
Fiscal en su nombre, podrá pedir a la Sala de Apelaciones que revise la<br />
sentencia definitiva condenatoria o la pena por las siguientes causas:<br />
a) Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:<br />
i) No se hallaban disponible a la época del juicio por<br />
motivos que no cabría imputar total o parcialmente a la parte<br />
que formula la solicitud; y,<br />
ii) Son suficientemente importantes como para que, de<br />
haberse valorado en el juicio, probablemente hubieran dado<br />
lugar a otro veredicto;<br />
b) Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo,<br />
apreciado en el juicio y del cual depende la condena, era falso o<br />
habría sido objeto de adulteración o falsificación;<br />
c) Uno o varios de los jueces que intervinieron en la sentencia<br />
condenatoria o en la confirmación de los cargos han incurrido, en esa<br />
causa, en una falta o un incumplimiento de sus funciones de gravedad<br />
suficiente para justificar su separación del cargo de conformidad con<br />
el Artículo 46.<br />
2. La Sala de Apelaciones rechazará la solicitud si la considera<br />
infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podrá, según<br />
corresponda:<br />
a) Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original;<br />
b) Constituir una nueva Sala de Primera Instancia; o<br />
c) Mantener su competencia respecto del asunto, para tras oir a<br />
las partes en la manera establecida en la Reglas de Procedimiento y<br />
Prueba, determinar si ha de revisarse la sentencia.<br />
Artículo 85<br />
Indemnización del detenido o condenado<br />
1. El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho<br />
efectivo a ser indemnizado.<br />
2. El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen y<br />
hubiere cumplido la pena correspondiente será indemnizado conforme a la ley<br />
de ser anulada posteriormente su condena en razón de hechos nuevos que<br />
demuestren concluyentemente que hubo un error judicial, salvo que la falta<br />
de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera total o parcialmente<br />
imputable.<br />
3. En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la<br />
existencia de hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial<br />
grave y manifiesto tendrá la facultad discrecional de otorgar una<br />
indemnización, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas<br />
de Procedimiento y Prueba, a quien hubiere sido puesto en libertad en<br />
virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un sobreseimiento de la<br />
causa por esa razón.<br />
PARTE IX. DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL<br />
Artículo 86<br />
Obligación general de cooperar<br />
Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente<br />
Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la<br />
investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.<br />
Artículo 87<br />
Solicitudes de cooperación: disposiciones generales<br />
1. a) La Corte estará facultada para formular solicitudes de<br />
cooperación a los Estados Partes. Estas se transmitirán por vía<br />
diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado<br />
cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación,<br />
aprobación o adhesión.<br />
Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación<br />
de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el<br />
apartado a), las solicitudes podrán transmitirse también por conducto<br />
de la Organización Internacional de Política Criminal o de cualquier<br />
organización regional competente.<br />
2. Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen<br />
estarán redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o acompañados<br />
de una traducción a ese idioma, o en uno de los idiomas de trabajo de la<br />
Corte, según la elección que haya hecho el Estado a la fecha de la<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.<br />
El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
3. El Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda<br />
solicitud de cooperación y de los documentos que las justifiquen, salvo en<br />
la medida en que su divulgación sea necesaria para tramitarla.<br />
4. Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de<br />
conformidad con la presente parte, la Corte podrá adoptar todas las<br />
medidas, incluidas las relativas a la protección de la información, que<br />
sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar físico o<br />
psicológico de la víctimas, los posibles testigos y sus familiares. La<br />
Corte podrá solicitar que toda información comunicada en virtud de la<br />
presente parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja la<br />
seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles<br />
testigos y sus familiares.<br />
5. La Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el<br />
presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente parte<br />
sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de<br />
cualquier otra manera adecuada.<br />
Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya<br />
celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a<br />
cooperar en la ejecución de las solicitudes a que se refieran tal arreglo<br />
o acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la Asamblea de los Estados<br />
Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.<br />
6. La Corte podrá solicitar de cualquier organización<br />
intergubernamental que le proporcione información o documentos. Asimismo,<br />
la Corte podrá solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se<br />
hayan acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su<br />
competencia o mandato.<br />
7. Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto,<br />
un Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación<br />
formulada por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones<br />
de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una constatación<br />
en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados<br />
Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiere remitido el asunto.<br />
Artículo 88<br />
Procedimientos aplicables en el derecho interno<br />
Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan<br />
procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas<br />
en la presente parte.<br />
Artículo 89<br />
Entrega de personas a la Corte<br />
1. La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la<br />
justifiquen de conformidad con el Artículo 91, una solicitud de detención y<br />
entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y<br />
solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las<br />
solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de<br />
la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.<br />
2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal<br />
nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el<br />
Artículo 20, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la<br />
Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de<br />
la causa. Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la<br />
solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado<br />
requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que<br />
la Corte adopte esa decisión.<br />
3. a) El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho<br />
procesal el tránsito por su territorio de una persona que otro Estado<br />
entregue a la Corte, salvo cuando el tránsito por el Estado<br />
obstaculice o demore la entrega;<br />
b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tránsito será<br />
transmitida de conformidad con el Artículo 87 y contendrá:<br />
i) Una descripción de la persona que será transportada;<br />
ii) Una breve exposición de los hechos de la causa y su<br />
tipificación; y<br />
iii) La orden de detención y entrega;<br />
c) La persona transportada permanecerá detenida durante el<br />
tránsito;<br />
d) No se requerirá autorización alguna cuando la persona sea<br />
transportada por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio<br />
del Estado de tránsito;<br />
e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado<br />
de tránsito, éste podrá pedir a la Corte que presente una solicitud de<br />
tránsito con arreglo a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de<br />
tránsito detendrá a la persona transportada mientras se recibe la<br />
solicitud de la Corte y se efectúa el tránsito; sin embargo, la<br />
detención no podrá prolongarse más de noventa y seis horas contadas<br />
desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida dentro<br />
de ese plazo.<br />
4. Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena en el<br />
Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su<br />
entrega a la Corte, el Estado requerido, después de haber decidido conceder<br />
la entrega, celebrará consultas con la Corte.<br />
Artículo 90<br />
Solicitudes concurrentes<br />
1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte<br />
relativa a la entrega de una persona de conformidad con el Artículo 89, y<br />
reciba además una solicitud de cualquier otro Estado relativa a la<br />
extradición de la misma persona por la misma conducta que constituya la<br />
base del crimen en razón del cual la Corte ha pedido la entrega,<br />
notificará a la Corte y al Estado requirente ese hecho.<br />
2. Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido<br />
dará prioridad a la solicitud de la Corte cuando:<br />
a) Haya determinado, de conformidad con lo dispuesto en los<br />
Artículos 18 y 19, que la causa respecto de la cual se solicita la<br />
entrega es admisible y en su decisión haya tenido en cuenta la<br />
investigación o el enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado<br />
requirente con respecto a la solicitud de extradición que éste ha<br />
presentado; o<br />
b) Adopte la decisión a que se refiere el apartado a) con<br />
arreglo a la notificación efectuada por el Estado requerido de<br />
conformidad con el párrafo 1.<br />
3. Cuando no se haya adoptado la decisión a que se hace referencia en<br />
el párrafo 2 a), el Estado requerido tendrá la facultad discrecional, hasta<br />
que se dicte la decisión de la Corte en el párrafo 2 b), de dar curso a la<br />
solicitud de extradición presentada por el Estado requirente, pero no la<br />
hará efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es inadmisible.<br />
La Corte adoptará su decisión en procedimiento sumario.<br />
4. Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el<br />
Estado requerido, en caso de que no esté obligado por alguna norma<br />
internacional a conceder la extradición al Estado requirente, dará<br />
prioridad a la solicitud de entrega que le haya hecho la Corte si ésta ha<br />
determinado que la causa era admisible.<br />
5. Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa<br />
de conformidad con el párrafo 4, el Estado requerido tendrá la facultad<br />
discrecional de dar curso a la solicitud de extradición que le haya hecho<br />
el Estado requirente.<br />
6. En los casos en que sea aplicable el párrafo 4, y salvo que el<br />
Estado requerido esté obligado por alguna norma internacional a extraditar<br />
la persona al Estado requirente que no sea parte en el presente Estatuto,<br />
el Estado requerido decidirá si hace la entrega a la Corte o concede la<br />
extradición al Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores<br />
pertinentes, ente otros:<br />
a) Las fechas respectivas de las solicitudes;<br />
b) Los intereses del Estado requirente y, cuando proceda, si el<br />
crimen se cometió en su territorio y cuál es la nacionalidad de las<br />
víctimas y de la persona cuya entrega o extradición se ha solicitado;<br />
y<br />
c) La posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen<br />
posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.<br />
7. Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de<br />
entrega de una persona reciba también una solicitud de otro Estado relativa<br />
a la extradición de la misma persona por una conducta distinta de la que<br />
constituye el crimen en razón del cual la Corte solicita la entrega:<br />
a) El Estado requerido, si no está obligado por ninguna norma<br />
internacional a conceder la extradición al Estado Parte requirente,<br />
dará preferencia a la solicitud de la Corte;<br />
b) El Estado requerido, si está obligado por una norma<br />
internacional a conceder la extradición al Estado Parte requirente,<br />
decidirá si la entrega a la Corte o la extradita al Estado requirente.<br />
En esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta todos los<br />
factores pertinentes y, entre otros, los enumerados en el párrafo 6,<br />
pero tendrá especialmente en cuenta la naturaleza y la gravedad<br />
relativas de la conducta de que se trate.<br />
8. Cuando, de conformidad con una notificación efectuada con arreglo<br />
al presente artículo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una<br />
causa y posteriormente se deniegue la extradición al Estado requirente, el<br />
Estado requerido notificará su decisión a la Corte.<br />
Artículo 91<br />
Contenido de la solicitud de detención y entrega<br />
1. La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito.<br />
En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita<br />
dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en<br />
la forma indicada en el párrafo 1 a) del Artículo 87.<br />
2. La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la<br />
cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detención<br />
de conformidad con el Artículo 58 deberá contener los elementos siguientes<br />
o ir acompañada de:<br />
a) Información suficiente para la identificación de la persona<br />
buscada y datos sobre su probable paradero;<br />
b) Una copia de la orden de detención; y<br />
c) Los documentos, las declaraciones o la información que sean<br />
necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado<br />
requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos no<br />
podrán ser más onerosos que los aplicables a las solicitudes de<br />
extradición conforme a tratados o acuerdos celebrados por el Estado<br />
requerido y otros Estados y, de ser posible, serán menos onerosos,<br />
habida cuenta del carácter específicos de la Corte.<br />
3. La solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener<br />
los siguientes elementos o ir acompañada de:<br />
a) Copia de la orden de detención dictada en su contra;<br />
b) Copia de la sentencia condenatoria;<br />
c) Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la<br />
que se refiere la sentencia condenatoria; y<br />
d) Si la persona que se busca ha sido ya condenada, copia de la<br />
sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una indicación de<br />
la parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.<br />
4. A solicitud de la Corte, el Estado Parte consultará con ésta en<br />
general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su<br />
derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el apartado c)<br />
del párrafo 2 del presente Artículo. En esas consultas, el Estado Parte<br />
comunicará a la Corte las disposiciones específicas de su derecho interno.<br />
Artículo 92<br />
Detención provisional<br />
1. En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención<br />
provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de<br />
entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el Artículo<br />
91.<br />
2. La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier<br />
medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:<br />
a) Información suficiente para identificar a la persona buscada<br />
y datos sobre su probable paradero;<br />
b) Una exposición concisa de los crímenes por los que se pida la<br />
detención y de los hechos que presuntamente sería constitutivos de<br />
esos crímenes, inclusive, de ser posible, la indicación de la fecha y<br />
el lugar en que se cometieron;<br />
c) Una declaración de que existe una orden de detención o una<br />
decisión final condenatoria respecto de la persona buscada; y<br />
d) Una declaración de que se presentará una solicitud de entrega<br />
de la persona buscada.<br />
3. La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta en<br />
libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de entrega<br />
y los documentos que la justifiquen, de conformidad con e Artículo 91,<br />
dentro de plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin<br />
embargo, el detenido podrá consentir en la entrega antes de que se cumpla<br />
dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del Estado requerido.<br />
En ese caso, el Estado requerido procederá a entregar al detenido a la<br />
Corte tan pronto como sea posible.<br />
4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de<br />
conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente detenida y<br />
entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y<br />
los documentos que la justifiquen.<br />
Artículo 93<br />
Otras formas de cooperación<br />
1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente<br />
parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las<br />
solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con<br />
investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:<br />
a) Identificar y buscar personas u objetos;<br />
b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento,<br />
y presentar pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales<br />
que requiera la Corte;<br />
c) Interrogar a una persona objeto de investigación o<br />
enjuiciamiento;<br />
d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;<br />
e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de<br />
testigos o expertos;<br />
f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad<br />
con lo dispuesto en el párrafo 7;<br />
g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el<br />
examen de cadáveres y fosas comunes;<br />
h) Practicar allanamientos y decomisos;<br />
i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y<br />
documentos oficiales;<br />
j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;<br />
k) Identificar, determinar el paradero o congelar el producto y<br />
los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del<br />
crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; y<br />
l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la<br />
legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la<br />
investigación y el enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la<br />
Corte.<br />
2. La Corte podrá dar seguridades a los testigos o expertos que<br />
comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos ni se<br />
restringirá su libertad personal por una acto u omisión anterior a su<br />
salida del Estado requerido.<br />
3. Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia<br />
detallada en una solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1<br />
estuviera prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de<br />
derecho ya existente y de aplicación general, el Estado requerido celebrará<br />
sin demora consultas con la Corte para tratar de resolver la cuestión. En<br />
las consultas se debería considerar si se puede prestar la asistencia de<br />
otra manera o con sujeción a condiciones. Si, después de celebrar<br />
consultas, no se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la<br />
solicitud según sea necesario.<br />
4. El Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia,<br />
en su totalidad o en parte, de conformidad con el Artículo 72 y únicamente<br />
si la solicitud se refiere a la presentación de documentos o la divulgación<br />
de pruebas que afecten a su seguridad nacional.<br />
5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el<br />
párrafo 1 1), el Estado requerido considerará si se puede prestar la<br />
asistencia con sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en<br />
una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el Fiscal, si aceptan la<br />
asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas.<br />
6. Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte<br />
requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al Fiscal.<br />
7. a) La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un<br />
detenido a los fines de su identificación o de que preste testimonio o<br />
asistencia de otra índole. El traslado podrá realizarse siempre que:<br />
i) El detenido dé su libre consentimiento; y,<br />
ii) El Estado requerido lo acepte, con sujeción a las<br />
condiciones que hubiere acordado con la Corte;<br />
b) La persona trasladada permanecerá detenida. Una vez cumplidos<br />
los fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al Estado<br />
requerido:<br />
8. a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial<br />
de los documentos y de la información, salvo en la medida en que éstos<br />
sean necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la<br />
solicitud;<br />
b) El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, trasmitir al<br />
Fiscal documentos o información con carácter confidencial. El Fiscal<br />
únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas;<br />
c) El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del<br />
fiscal, autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o<br />
información, los cuales podrán utilizarse como medios de prueba de<br />
conformidad con lo dispuesto en las Partes V y VI y de conformidad con<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
9. a) i) El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de<br />
la Corte y de otro Estado de conformidad con una obligación<br />
internacional y que no se refieran a la entrega o la<br />
extradición, procurará, en consulta con la Corte y el otro<br />
Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario postergando<br />
o condicionando una de ellas;<br />
ii) Si esto no fuera posible, la cuestión de las solicitudes<br />
concurrentes se resolverá de conformidad con los principios<br />
enunciados en el Artículo 90;<br />
b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a<br />
información, bienes o personas que estén sometidos al control de un<br />
tercer Estado o de una organización internacional en virtud de un<br />
acuerdo internacional, el Estado requerido lo comunicará a la Corte y<br />
la Corte dirigirá su solicitud al tercer Estado o a la organización<br />
internacional.<br />
10. a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una<br />
investigación o sustancie un juicio por una conducta que constituya un<br />
crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave<br />
con arreglo a derecho interno del Estado requirente, la Corte podrá<br />
cooperar con él y prestarle asistencia;<br />
b) i) La asistencia prestada de conformidad con el apartado<br />
a) podrá comprender, entre otras cosas:<br />
1. La transmisión de declaraciones, documentos u otros<br />
elementos de prueba obtenidos en el curso de una<br />
investigación o de un proceso sustanciado por la Corte; y<br />
2. El interrogatorio de una persona detenida por orden de la<br />
Corte;<br />
ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b)<br />
i) a.:<br />
1. Si los documentos u otros elementos de prueba se<br />
hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su<br />
transmisión estará subordinada al consentimiento de<br />
dicho Estado;<br />
2. Si las declaraciones, los documentos u otros elementos<br />
de prueba hubieren sido proporcionados por un testigo o<br />
un perito, su transmisión estará subordinada a lo<br />
dispuesto en el Artículo 68;<br />
c) La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en<br />
las condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de<br />
asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el presente<br />
Estatuto.<br />
Artículo 94<br />
Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia con<br />
respecto<br />
a una investigación o un enjuiciamiento en curso<br />
1. Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia<br />
interfiriere una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto<br />
distinto de aquel al que se refiera la solicitud, el Estado requerido podrá<br />
aplazar la ejecución por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante,<br />
el aplazamiento no excederá de lo necesario para concluir la investigación<br />
o el enjuiciamiento de que se trate en el Estado requerido. Antes de tomar<br />
la decisión de aplazar la ejecución de la solicitud, el Estado requerido<br />
debe considerar si se podrá prestar inmediatamente la asistencia con<br />
sujeción a ciertas condiciones.<br />
2. Si de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la<br />
ejecución de una solicitud de asistencia, el Fiscal podrá en todo caso<br />
pedir que se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de<br />
conformidad con el párrafo 1 j) del Artículo 93.<br />
Artículo 95<br />
Aplazamiento de la ejecución de una solicitud por haberse<br />
impugnado la admisibilidad de la causa<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 53, cuando<br />
la Corte proceda a examinar una impugnación de la admisibilidad de una<br />
causa de conformidad con los Artículos 18 ó 19, el Estado requerido podrá<br />
aplazar la ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta parte<br />
hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnación, a menos que ésta haya<br />
resuelto expresamente que el Fiscal podrá continuar recogiendo pruebas<br />
conforme a lo previsto en los Artículos 18 ó 19.<br />
Artículo 96<br />
Contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de<br />
conformidad con el Artículo 93<br />
1. La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace<br />
referencia en el Artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso de<br />
urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar<br />
constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la<br />
forma indicada en el párrafo 1 a) del Artículo 87.<br />
2. La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar<br />
acompañada de, según proceda:<br />
a) Una exposición concisa de su propósito y de la asistencia<br />
solicitada, incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos de la<br />
solicitud;<br />
b) La información más detallada posible acerca del paradero o la<br />
identificación de la persona o el lugar objeto de la búsqueda o la<br />
identificación, de forma que se pueda prestar la asistencia<br />
solicitada;<br />
c) Una exposición concisa de los hechos esenciales que<br />
fundamentan la solicitud;<br />
d) Las razones y la indicación detallada de cualquier<br />
procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse;<br />
e) Cualquier información que pueda ser necesaria conforme al<br />
derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud; y<br />
f) Cualquier otra información pertinente para que pueda<br />
prestarse la asistencia solicitada.<br />
3. A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultará con la Corte,<br />
en general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su<br />
derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el párrafo 2<br />
e). En esas consultas, los Estados Partes comunicarán a la Corte las<br />
disposiciones específicas de su derecho interno.<br />
4. Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables,<br />
según proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la<br />
Corte.<br />
Artículo 97<br />
Consultas con la Corte<br />
El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la<br />
presente parte celebrará sin dilación consultas con la Corte si considera<br />
que la solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su<br />
cumplimiento. Esos problemas podrían ser, entre otros:<br />
a) Que la información fuese insuficiente para cumplir la<br />
solicitud;<br />
b) Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no<br />
pudiera ser localizada, pese a los intentos realizados, o que en la<br />
investigación realizada se hubiere determinado claramente que la<br />
persona en el Estado de detención no es la indicada en la solicitud; o<br />
c) Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual<br />
obligare al Estado requerido a no cumplir una obligación preexistente<br />
en virtud de un tratado con otro Estado.<br />
Artículo 98<br />
Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la<br />
entrega<br />
1. La Corte podrá negarse a dar curso a una solicitud de entrega o de<br />
asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma<br />
incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional<br />
con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una<br />
persona o un bien de un tercer Estado, salvo que obtenga la cooperación de<br />
ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.<br />
2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la<br />
cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las<br />
obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se<br />
requiera el consentimiento del Estado que envié para entregar a la Corte a<br />
una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta<br />
obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su<br />
consentimiento a la entrega.<br />
Artículo 99<br />
Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los Artículos<br />
93 y 96<br />
1. Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el<br />
procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo<br />
si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud,<br />
incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las<br />
personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en<br />
el tramite.<br />
2. En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los<br />
documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán trasmitidos con<br />
urgencia.<br />
3. Las respuestas de Estado requerido serán transmitidas en su idioma<br />
y forma original.<br />
4. Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando<br />
resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin<br />
necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona<br />
o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea<br />
sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello<br />
fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un<br />
lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en él, el Fiscal podrá<br />
ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado según se<br />
indica a continuación:<br />
a) Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo<br />
territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere<br />
habido una decisión de admisibilidad de conformidad con los Artículos<br />
18 ó 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras<br />
celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido;<br />
b) En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud<br />
tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a<br />
cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese<br />
Estado Parte. Cuando el Estado Parte requerido considere que hay<br />
problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con el<br />
presente apartado, celebrará consultas sin demora con la Corte para<br />
resolver la cuestión.<br />
5. Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída<br />
o interrogada por la Corte con arreglo al Artículo 72 podrá hacer valer las<br />
restricciones previstas para impedir la divulgación de información<br />
confidencial relacionada con la defensa o la seguridad nacionales; serán<br />
igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a<br />
que se hace referencia en el presente Artículo.<br />
Artículo 100<br />
Gastos<br />
1. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las<br />
solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo de este;<br />
con excepción de los siguientes, que correrán a cargo de la Corte;<br />
a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los<br />
testigos y peritos, o el traslado, con arreglo al Artículo 93, de<br />
personas detenidas;<br />
b) Gastos de traducción, interpretación y transcripción;<br />
c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el Fiscal, los<br />
fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los<br />
funcionarios de cualquier órgano de la Corte;<br />
d) Costos de los informes o dictámenes periciales solicitados<br />
por la Corte;<br />
e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que<br />
entregue a la Corte un Estado de detención; y<br />
f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan<br />
ser resultados del cumplimiento de una solicitud.<br />
2. Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda, a<br />
las solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese caso, los<br />
gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correrán a cargo de la<br />
Corte.<br />
Artículo 101<br />
Principio de la especialidad<br />
1. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente<br />
Estatuto no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior<br />
a su entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el cual<br />
haya sido entregado.<br />
2. La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense<br />
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1 y, si fuere<br />
necesario, proporcionará información adicional de conformidad con el<br />
Artículo 91. Los Estados Partes estarán facultados para dar esa dispensa a<br />
la Corte y procurarán hacerlo.<br />
Artículo 102<br />
Términos empleados<br />
A los efectos del presente Estatuto:<br />
a) Por "entrega" se entenderá la entrega de una persona por un<br />
Estado a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente<br />
Estatuto;<br />
b) Por "extradición" se entenderá la entrega de una persona por<br />
un Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado<br />
o convención o en el derecho interno.<br />
PARTE X. DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA<br />
Artículo 103<br />
Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad<br />
1. a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado<br />
designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan<br />
manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados;<br />
b) En el monto de declarar que está dispuesto a recibir<br />
condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean<br />
aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la presente parte;<br />
c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin<br />
demora a la Corte si acepta la designación.<br />
2. a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte<br />
cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las<br />
condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar<br />
materialmente a las condiciones o la duración de la privación de<br />
libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse<br />
en conocimiento de la Corte con una antelación mínima de 45 días.<br />
Durante este período, el Estado de ejecución no adoptara medida alguna<br />
que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 110;<br />
b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se<br />
hace referencia en el apartado a), lo notificará al Estado de<br />
ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 1 del Articulo<br />
104.<br />
3. La Corte al ejercer su facultad discrecional de efectuar la<br />
designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:<br />
a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la<br />
responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad<br />
de conformidad con los principios de distribución equitativa que<br />
establezcan las Reglas de Procedimiento y Prueba;<br />
b) La aplicación de normas de tratados internacionales<br />
generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;<br />
c) La opinión del condenado;<br />
d) La nacionalidad del condenado; y<br />
e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o<br />
del condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en<br />
la asignación del Estado de ejecución.<br />
4. De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena<br />
privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que<br />
designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas<br />
en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2<br />
del Artículo 3. En ese caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena<br />
privativa de libertad serán sufragados por la Corte.<br />
Artículo 104<br />
Cambio en la designación del Estado de ejecución<br />
1. La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a<br />
una prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución.<br />
2. El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su<br />
traslado del Estado de ejecución.<br />
Artículo 105<br />
Ejecución de la pena<br />
1. Con sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado de<br />
conformidad con el párrafo 1 b) del Artículo 103, la pena privativa de<br />
libertad tendrá carácter obligatorio para los Estados Partes, los cuales no<br />
podrán modificarla en caso alguno.<br />
2. La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión<br />
incumbirá exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecución no pondrá<br />
obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole.<br />
Artículo 106<br />
Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión<br />
1. La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la<br />
supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas<br />
de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.<br />
2. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del<br />
Estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de<br />
las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en<br />
todo caso, no serán ni mas ni menos favorables que las aplicadas a los<br />
reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecución.<br />
3. La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y<br />
confidencial.<br />
Artículo 107<br />
Traslado una vez cumplida la pena<br />
1. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de<br />
ejecución podrá, de conformidad con la legislación de dicho Estado, ser<br />
trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté<br />
dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a este, a<br />
menos que el Estado de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio.<br />
2. Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto<br />
en el párrafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta<br />
de la Corte.<br />
3. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 108, el Estado de<br />
ejecución también podrá, de conformidad con su derecho interno, extraditar<br />
o entregar por cualquier otra vía a la persona a un Estado que haya pedido<br />
la extradición o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una<br />
pena.<br />
Artículo 108<br />
Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos<br />
1. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución<br />
no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado<br />
por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución, a menos que,<br />
a petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o<br />
la extradición.<br />
2. La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado.<br />
3. El párrafo 1 del presente Artículo no será aplicable si el<br />
condenado permanece de manera voluntaria durante más de treinta días en el<br />
territorio del Estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad<br />
de la pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado<br />
después de haber salido de él.<br />
Artículo 109<br />
Ejecución de multas y ordenes de decomiso<br />
1. Los Estados Partes harán efectivas las multas u ordenes de decomiso<br />
decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin los perjuicios de<br />
los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento<br />
establecido en su derecho interno.<br />
2. El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso<br />
adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los<br />
haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los<br />
derechos de terceros de buena fe.<br />
3. Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según<br />
proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al ejecutar<br />
una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.<br />
Artículo 110<br />
Examen de una reducción de la pena<br />
1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de<br />
que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.<br />
2. Solo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se<br />
pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.<br />
3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena<br />
o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte revisará<br />
la pena para determinar si ésta puede reducirse. La revisión no se llevara<br />
a cabo antes de cumplidos esos plazos.<br />
4. Al proceder a la revisión o examen con arreglo al párrafo 3, la<br />
Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los<br />
siguientes factores:<br />
a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera<br />
continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y<br />
enjuiciamientos;<br />
b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución<br />
de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular<br />
ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que<br />
recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que<br />
puedan usarse en beneficio de las víctimas; o<br />
c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y<br />
Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias<br />
suficientemente claro e importante como para justificar la reducción<br />
de la pena.<br />
5) La Corte, si en su revisión inicial con arreglo al párrafo 3,<br />
determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión<br />
con la periodicidad y con arreglos a los criterios indicados en las Reglas<br />
de Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 111<br />
Evasión<br />
Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución, éste podrá,<br />
tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo<br />
entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales<br />
vigentes, o podrá pedir a la Corte que solicite de conformidad con la Parte<br />
IX. La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el condenado sea<br />
enviado al Estado en que cumplía su pena o a otro Estado que indique.<br />
PARTE XI. DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES<br />
Artículo 112<br />
Asamblea de los Estados Partes<br />
1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente<br />
Estatuto.<br />
Cada Estado Parte tendrá un representante en la asamblea que podrá<br />
hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros Estados signatarios del<br />
Estatuto o del Acta final podrán participar en la asamblea a título de<br />
observadores.<br />
1. La Asamblea:<br />
a) Examinará y aprobará, según proceda, las recomendaciones de<br />
la Comisión Preparatoria;<br />
b) Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el Fiscal<br />
y la Secretaría en las cuestiones relativas a la administración de la<br />
Corte;<br />
c) Examinará los informes y las actividades de la mesa<br />
establecidos en el párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan a ese<br />
respecto;<br />
d) Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte;<br />
e) Decidirá si corresponde, de conformidad con el Artículo 36,<br />
modificar el número de magistrados;<br />
f) Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de<br />
conformidad con los párrafos 5 y 7 del Artículo 87;<br />
g) Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del<br />
presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
3. a) La Asamblea tendrá una mesa, que estará compuesta de un<br />
Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea<br />
por períodos de tres años;<br />
b) La mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta,<br />
en particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y<br />
la representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del<br />
mundo;<br />
c) La mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria,<br />
pero por lo menos una vez al año, prestara asistencia a la asamblea en<br />
el desempeño de sus funciones.<br />
4. La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que<br />
considere necesarios incluido un mecanismo de supervisión independiente que<br />
se encargara de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte<br />
a fin de mejorar su eficiencia y economía.<br />
5. El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus<br />
representantes podrán, cuando proceda, participar en las sesiones de la<br />
Asamblea y de la Mesa.<br />
6. La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la sede de las<br />
Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan,<br />
celebrará períodos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra<br />
cosa en el presente Estatuto, los períodos extraordinarios de sesiones<br />
serán convocados por la Mesa de oficio o a petición de un tercio de los<br />
Estados Partes.<br />
7. Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y La Mesa harán todo<br />
lo posible para adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere<br />
llegar a un consenso, y salvo que en el presente Estatuto se dispondrá otra<br />
cosa:<br />
a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas por<br />
mayoría de dos tercios de los presentes y votantes, a condición de que<br />
una mayoría absoluta de los Estados Partes constituirá el quórum para<br />
la votación;<br />
b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimientos se tomarán<br />
por mayoría simple de los Estados Partes presentes y votantes.<br />
8. El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones<br />
financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la<br />
Mesa cuando la suma adecuada sea igual o superior al total de las<br />
contribuciones adecuadas por los dos años anteriores completos. La<br />
Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la<br />
Mesa si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias<br />
ajenas a la voluntad del Estado Parte.<br />
9. La Asamblea aprobará su propio reglamento.<br />
10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la<br />
Asamblea General de las Naciones Unidas.<br />
PARTE XII. DE LA FINANCIACION<br />
Artículo 113<br />
Reglamento financiero<br />
Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones<br />
financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de<br />
los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, se<br />
regirán por el presente Estatuto y por el reglamento financiero y<br />
reglamentación financiera detallada que apruebe la Asamblea de los Estados<br />
Partes.<br />
Artículo 114<br />
Pago de los gastos<br />
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes,<br />
incluidos los de su Mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos<br />
de la Corte.<br />
Artículo 115<br />
Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes<br />
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes,<br />
inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto<br />
aprobado por la Asamblea de los Estados Partes, se sufragarán con cargo a:<br />
a) Cuotas de los Estados Partes;<br />
b) Fondos procedentes de las Naciones Unidas. Con sujeción a la<br />
aprobación de la Asamblea General, en particular respecto de los<br />
gastos efectuados en la relación con cuestiones remitidas por el<br />
Consejo de Seguridad.<br />
Artículo 116<br />
Contribuciones voluntarias<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 115, la Corte podrá<br />
recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones<br />
voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares,<br />
sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la<br />
materia que adopte la Asamblea de los Estados Partes.<br />
Artículo 117<br />
Prorrateo de las Cuotas<br />
Las cuotas de los Estados Partes se prorratearán de conformidad con<br />
una escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por las<br />
Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con<br />
los principios en que se basa dicha escala.<br />
Artículo 118<br />
Comprobación anual de cuentas<br />
Los registros, los libros y los cuentas de la Corte, incluidos sus<br />
estados financieros anuales, serán verificados anualmente por un auditor<br />
independiente.<br />
PARTE XIII. CLAUSULAS FINALES<br />
Artículo 119<br />
Solución de controversias<br />
1. Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte<br />
serán dirimidas por ella.<br />
2. Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados<br />
Partes respecto de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que<br />
no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses contados<br />
desde el comienzo de la controversia será sometida a la asamblea de los<br />
Estados Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la<br />
controversia o recomendar otros medios de solución, incluida su remisión a<br />
la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de ésta.<br />
Artículo 120<br />
Reservas<br />
No se admitirán reservas al presente Estatuto.<br />
Artículo 121<br />
Enmiendas<br />
1. Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente<br />
Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él. El texto de<br />
la enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes.<br />
2. Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la<br />
notificación, la Asamblea de los Estados Partes decidirá por mayoría de los<br />
presentes y votantes decidir, si ha de examinar la propuesta, lo cual podrá<br />
hacer directamente o previa convocación de una Conferencia de Revisión si<br />
la cuestión lo justifica.<br />
3. La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los<br />
Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea posible<br />
llegar a un consenso requerirá una mayoría de dos tercios de los Estados<br />
Partes.<br />
4. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en vigor<br />
respecto de los Estados Partes un año después de que los siete octavos de<br />
estos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones<br />
Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.<br />
5. Las enmiendas al Artículo 5 del presente Estatuto entrarán en vigor<br />
únicamente a los Estados Partes que las hayan aceptado un año después del<br />
depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptación. La Corte no<br />
ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda<br />
cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado<br />
Parte que no haya aceptado la enmienda.<br />
6. Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los<br />
Estados Partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado Parte que no la<br />
haya aceptado podrá denunciar el Estatuto con efecto inmediato, no obstante<br />
lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 127 pero en sujeción al párrafo<br />
2 de dicho artículo, mediante notificación hecha a más tardar un año<br />
después de la entrada en vigor de la enmienda.<br />
7. El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los<br />
Estados Partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los<br />
Estados Partes o en una Conferencia de Revisión.<br />
Artículo 122<br />
Enmienda a disposiciones de carácter institucional<br />
1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 121,<br />
cualquier Estado Parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las<br />
disposiciones del presente Estatuto de carácter exclusivamente<br />
institucional, a saber, el Artículo 35, los párrafos 8 y 9 del Artículo 36,<br />
el Artículo 37, el Artículo 38, el párrafo 1 del Artículo 39 (dos primeras<br />
oraciones), los párrafos 4 a 9 del Artículo 42, los párrafos 2 y 4 del<br />
Artículo 43 y los Artículos 44, 46, 47 y 49. El texto de la enmienda<br />
propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas o a<br />
la persona designada por la Asamblea de los Estados Partes, que lo<br />
distribuirá sin demora a los Estados Partes y a otros participantes en la<br />
Asamblea.<br />
2. Las enmiendas presentadas con arreglo al presente Artículo,<br />
respecto de las cuales no sea posible llegar a un consenso, serán aprobadas<br />
por la Asamblea de los Estados Partes o por una conferencia de Revisión por<br />
una mayoría de dos tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas entrarán<br />
en vigor respecto de los Estados Partes seis meses después de su aprobación<br />
por la Asamblea o, en su caso por la Conferencia.<br />
Artículo 123<br />
Revisión del Estatuto<br />
1. Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el<br />
Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de<br />
Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El<br />
examen podrá comprender la lista de los crímenes indicados en el Artículo 5<br />
pero no se limitará a ellos. La Conferencia estará abierta a los<br />
participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas<br />
condiciones que ésta.<br />
2. Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado Parte<br />
y a los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario General de las<br />
Naciones Unidas, previa la aprobación de una mayoría de los Estados Partes,<br />
convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes.<br />
3. Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del Artículo 121 serán<br />
aplicables a la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto<br />
examinada en una conferencia de Revisión.<br />
Artículo 124<br />
Disposición de transición<br />
No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 12, un Estado al<br />
hacerse parte en el Estatuto, podrá declarar que, durante un período de<br />
siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor<br />
a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de<br />
crímenes a que se hace referencia en el Artículo 8 cuando se denuncie la<br />
comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La<br />
declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser<br />
retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será<br />
reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad<br />
con el párrafo 1 del Artículo 123.<br />
Artículo 125<br />
Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión<br />
1. El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados<br />
el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización de las<br />
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Posteriormente, y<br />
hasta el 17 de octubre de 1998, seguirá abierto a la firma de Roma, en el<br />
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Después de esa fecha, el<br />
Estatuto estará abierto a la firma en Nueva York, en la sede de las<br />
Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del año 2000.<br />
2. El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o<br />
aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación,<br />
aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General<br />
de las Naciones Unidas.<br />
3. El presente Estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier<br />
Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del<br />
Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 126<br />
Entrada de vigor<br />
1. El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes<br />
siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en<br />
poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo<br />
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.<br />
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el Estatuto<br />
o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo instrumento<br />
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en<br />
vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la<br />
fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación,<br />
aprobación o adhesión.<br />
Artículo 127<br />
Denuncia<br />
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante<br />
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se<br />
reciba la notificación a menos que en ella se indique una fecha ulterior.<br />
2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le<br />
incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en<br />
él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La<br />
denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las<br />
investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el<br />
Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes<br />
de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en<br />
modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera<br />
ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.<br />
Artículo 128<br />
Textos auténticos<br />
El original del presente Estatuto, cuyos textos en árabe, chino,<br />
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado<br />
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia<br />
certificada a todos los Estados.<br />
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados<br />
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.<br />
HECHO EN ROMA, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa<br />
y ocho."<br />
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.<br />
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores el<br />
siete de diciembre del año dos mil, quedando sancionado el mismo por<br />
la Honorable Cámara de Diputados, el veintiún de diciembre del año dos<br />
mil, de conformidad al Artículo 204 de la Constitución Nacional.<br />
Cándido Carmelo Vera Bejarano Juan Roque Galeano<br />
Villalba<br />
Presidente Presidente<br />
H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores<br />
Rosalino Andino Scavone Darío Antonio<br />
Franco Flores<br />
Secretario Parlamentario Secretario<br />
Parlamentario<br />
Asunción, 17 de abril de 2001<br />
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro<br />
Oficial.<br />
El Presidente de la República<br />
Luis Angel González Macchi<br />
José Antonio Moreno Ruffinelli<br />
Ministro de Relaciones Exteriores
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