Ley 1266
PODER LEGISLATIVO
LEY N° 1.266
QUE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE CUALQUIER ACTIVIDAD ILÍCITA
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Apruébase el "Acuerdo de Cooperación para la
Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de
cualquier actividad Ilícita", suscrito con la República de Colombia, el 31
de julio de 1997, cuyo texto es como sigue:
ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y REPRESIÓN
DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE CUALQUIER ACTIVIDAD ILÍCITA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
del Paraguay, en adelante denominados las Partes,
CONSCIENTES de que el lavado de activos es una conducta delictiva
que por sus características ha adquirido un alcance internacional que
requiere la cooperación de los Estados para hacerle frente de manera
eficaz;
QUE la naturaleza transnacional de esta actividad exige la adopción
de acciones conjuntas de los Estados con el fin de erradicarlas;
RECONOCIENDO que una forma efectiva de combatir la criminalidad
organizada, consiste en privarla de los rendimientos económicos obtenidos
por sus actividades delictivas;
CONVENCIDOS de la necesidad de fortalecer la cooperación mutua para
combatir el lavado de activos derivado de cualquier conducta ilícita;
EN OBSERVANCIA de las normas y principios del derecho internacional,
y de las normas constitucionales de cada una de las Partes;
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO I
DEFINICIONES
A los fines del presente Acuerdo, se entiende por:
1. "Información sobre transacciones": La información o los registros
que lleva una institución financiera, así como los informes que ésta
elabore sobre transacciones de fondos en efectivo que excedan la cantidad
establecida por la autoridad competente de cada Parte.
2. "Institución Financiera": En la República del Paraguay comprende a
todo agente, agencia, sucursal u oficina ubicada en el territorio nacional,
de todo banco, negociante en moneda o casas de cambio, cobrador de cheques,
corredor o agente de valores u otras instituciones financieras de
conformidad con la Ley Nº 417/73 "General de Bancos y Entidades
Financieras", Ley Nº 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" y sus
reglamentaciones y la Ley Nº 94/91 de "Mercado de Capitales".
En la República de Colombia comprende a los establecimientos de
crédito - bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y
vivienda y compañías de financiamiento comercial -, sociedades de servicios
financieros, sociedades de capitalización y organismos cooperativos de
grado superior de carácter financiero.
Para los fines de este Acuerdo, a los actores del mercado público de
valores, tales como la bolsas, comisionistas de bolsa, comisionistas
independientes de valores, administradoras de fondos de inversión,
administradoras de depósitos centralizados de valores, calificadoras de
valores; así como las casas de intermediación en la venta de divisas o
casas de cambio, a las cooperativas de ahorro y crédito, casinos, casas de
juego y azar, personas que se dedican a actividades de comercio exterior,
entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros, se les
aplicará las medidas del presente Acuerdo, así como a las demás que las
Partes determinen de común acuerdo.
1. "Actividad Ilícita": Toda actividad definida de manera inequívoca
por la ley de las Partes como generadora de una sanción penal.
2. "Bienes": Todo activo de cualquier tipo, corporal o incorporal,
mueble o inmueble, tangible o intangible, y los documentos o
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre
dichos activos.
3. "Producto del Delito": Todo bien derivado u obtenido directa o
indirectamente de la comisión de un delito o equivalente de tales
bienes.
4. "Medida Definitiva" o "Decomiso": Cualquier medida en firme
adoptada por un tribunal o autoridad competente, que tenga como
resultado extinguir el derecho de dominio sobre bienes, productos o
instrumentos del delito de lavado de activos.
5. "Medidas cautelares" o "embargo", secuestro preventivo o
incautación de bienes": Prohibición temporal de transferir, convertir,
enajenar o movilizar bienes o la custodia o control temporales de
bienes, por mandamiento expedido por una autoridad competente.
ARTÍCULO II
ALCANCE DEL ACUERDO
Las Partes se comprometen a establecer un mecanismo de cooperación y
asistencia mutua para los siguientes fines:
1. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de
las actividades realizadas por las instituciones financieras, tal como
se comprenden en el Artículo I numeral 2 del presente Acuerdo.
2. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos realizado a
través de la comercialización internacional de bienes, servicios o
transferencia de tecnología.
3. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de la
movilización física de capitales, desde o hacia sus fronteras
territoriales.
ARTÍCULO III
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA EL SECTOR FINANCIERO Y BURSÁTIL
1. Las Partes asegurarán que las instituciones financieras sujetas a
sus leyes nacionales, conserven y reporten la información pertinente a cada
transacción sometida a control y en especial cualquier transacción
sospechosa realizada por alguno de sus clientes.
2. Las Partes alentarán a que las instituciones financieras, de
acuerdo con su ordenamiento interno, establezcan mecanismos de conocimiento
del cliente y su actividad económica, así como el volumen, frecuencia y
características de sus transacciones financieras.
3. Las Partes podrán considerar el establecimiento de redes de
información financiera, cuyo objetivo será colaborar con las autoridades
encargadas de la investigación de las operaciones del lavado de activos.
4. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre
los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar,
investigar y sancionar los actos de lavado de activos realizados a través
del sector financiero.
ARTÍCULO IV
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
DE BIENES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
1. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar que sus
habitantes cooperen con las autoridades tanto nacionales como extranjeras,
para la prevención del lavado a través de la comercialización internacional
de bienes, servicios y transferencia de tecnología, desde o hacia el
territorio de una de las Partes.
2. Las Partes ejercerán especial control sobre las actividades de los
productores y comercializadores de aquellos bienes, servicios y
transferencias de tecnología, que puedan ser utilizados para lavar bienes o
activos de origen ilícito, desde o hacia el territorio de una de las
Partes.
3. Las Partes establecerán los controles necesarios para asegurar que
las personas o empresas exportadoras o importadoras de bienes, servicios y
transferencias de tecnología desde o hacia el territorio de una de ellas,
adopten mecanismos adecuados para conocer a sus clientes, así como para
asegurarse de que éstos no realicen los pagos con dineros de origen
ilícito.
4. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar que las
empresas y personas importadoras o exportadoras de bienes, servicios y
transferencia de tecnología desde o hacia el territorio de una de las
Partes, reporten de forma inmediata a las autoridades competentes de las
Partes, cualquier información que pueda conducir a sospechar que se están
usando estas actividades para el lavado de activos.
5. El secreto o reserva comercial sólo será oponible de conformidad
con la legislación interna de cada Parte.
6. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre
los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar,
investigar y sancionar los actos de lavado de activos realizados mediante
la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de
tecnología.
ARTÍCULO V
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA MOVILIZACIÓN FÍSICA DE CAPITALES
1. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para realizar los
controles a la movilización de moneda en efectivo, cheques de viajeros,
órdenes de pago y demás medios que puedan ser utilizados para transferir
recursos del territorio de una parte al territorio de la otra.
2. Los controles a que se refiere el presente Artículo podrán
consistir en constancias documentales que reflejen el movimiento de las
especies descritas en el numeral 1 del presente Artículo, cuando su valor
exceda los montos establecidos por la autoridad competente de cada una de
las Partes, incluyendo la fecha, el monto, el puerto o punto de entrada, y
el nombre y la identificación de la persona o personas que efectúen la
respectiva operación.
3. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre
los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar,
investigar y sancionar los actos del lavado de activos provenientes del
movimiento físico de capitales.
ARTÍCULO VI
AUTORIDADES CENTRALES
1. Cada una de las Partes designará una Autoridad Central encargada
de presentar y recibir las solicitudes que constituyen el objeto del
presente Acuerdo.
2. A este fin las Autoridades Centrales se comunicarán directamente
entre ellas y remitirán las solicitudes a sus autoridades competentes.
ARTÍCULO VII
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes
se facilitarán asistencia para el intercambio ágil y seguro de información
financiera, cambiaria y comercial, a fin de detectar y realizar el
seguimiento de presuntas operaciones de lavado.
2. Para tal efecto, se establecerán comunicación directa entre las
Autoridades Centrales de cada Estado Parte a fin de obtener y suministrar
dicha información de conformidad con su legislación interna.
3. Cuando la Parte Requirente solicite este tipo de asistencia para
efectos de una investigación judicial, las Autoridades Centrales
solicitarán cooperación a las Autoridades Competentes a fin de obtener y
brindar la información que sea solicitada.
Las Autoridades Competentes serán las autoridades judiciales de ambas
Partes.
ARTÍCULO VIII
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA
1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes
se prestarán asistencia mutua en el intercambio de pruebas y realización de
actuaciones judiciales que puedan utilizarse en las respectivas
investigaciones, procesos o enjuiciamientos por el delito de lavado de
activos. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:
a) Localización e identificación de personas y bienes o sus
equivalentes;
b) Notificación de actos judiciales;
c) Remisión de documentos e informaciones sobre las transacciones
financieras sometidas a control;
d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;
e) Recepción de testimonios y ejecución de peritajes;
f) Citación y traslado voluntario de personas en calidad de
imputados, testigos o peritos;
g) Embargo, secuestro y decomiso de bienes; y,
h) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de
la Parte Requerida lo permita.
2. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito
y deberá contener:
a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la
investigación o el procedimiento judicial;
b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia
solicitada;
c) Un breve resumen del asunto que se investiga o enjuicia,
adjuntándose el texto de las disposiciones legales pertinentes;
d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento especial que la
Parte Requirente desee que se practique;
e) Término dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud
sea cumplida;
f) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad, residencia o
domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada, si se
conoce y la relación que dicha persona guarda con la investigación o
proceso;
g) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o
domicilio de la persona que sea citada para la ejecución de pruebas,
si se conoce; y,
h) La información disponible relativa a las transacciones que
constituyen el objeto de la solicitud de asistencia, entre ellas, si
se conoce, el número de la cuenta, el nombre del titular, el nombre y
la ubicación de la institución financiera participante en la
transacción y la fecha en la cual ésta tuvo lugar.
3. Los testigos o peritos de cualquier nacionalidad, que a partir de
una citación comparezcan ante las autoridades judiciales de la Parte
Requirente, no podrán ser procesados, detenidos ni sometidos a ninguna otra
restricción de su libertad personal en el territorio de esa Parte por
hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte
Requerida.
Una persona, cualquiera sea su nacionalidad, que exprese su
consentimiento por escrito, para comparecer ante las autoridades
judiciales de la Parte Requirente con el fin de que responda por hechos que
son objeto de un proceso contra él y que se presente voluntariamente, no
podrá ser enjuiciada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de su
libertad personal por hechos o condenas anteriores a su partida del
territorio de la Parte Requerida, diferente a los que fueron especificados
en tal citación.
La garantía prevista en el presente Artículo cesará cuando el testigo
o perito o la persona llamada a comparecer, habiendo tenido la posibilidad
de abandonar el territorio de la Parte Requirente durante quince días
consecutivos, una vez que su presencia ya no fuese requerida por las
autoridades judiciales, hubiese permanecido en ese territorio o hubiese
ingresado nuevamente a él, después de haberlo abandonado.
4. En caso de urgencia y si la legislación de la Parte Requerida lo
permite, la solicitud de asistencia podrá hacerse vía facsímil, télex u
otro medio equivalente, debiendo remitirse el original dentro del plazo de
treinta (30) días.
5. La asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se
procede en la Parte Requirente no sea considerado como delito de lavado de
activos por la ley de la Parte Requerida.
No obstante, para la ejecución de las inspecciones judiciales,
requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes, la
asistencia se prestará solamente si la legislación de la Parte Requerida
prevé como delito de lavado de activos el hecho por el cual se procede en
la Parte Requirente.
6. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá aplazar el
cumplimiento o condicionar una solicitud de asistencia judicial si
considera que obstaculiza alguna investigación o procedimiento judicial en
curso en dicho Estado.
7. La Parte Requerida podrá negar la solicitud de asistencia judicial
cuando sea contraria a su ordenamiento jurídico, obstaculice una actuación
o proceso penal en curso o cuando afecte el orden público, la soberanía, la
seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales de éste. Dicha
negativa deberá informarse al Estado Requirente mediante escrito motivado.
8. La Parte Requirente no podrá utilizar para ningún fin distinto al
declarado en la solicitud de asistencia, pruebas o información obtenidas
como resultado de la misma.
9. Los gastos que ocasione la ejecución de una solicitud de
asistencia serán sufragados por la Parte Requerida salvo que las Partes
acuerden otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de
carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar los
términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud,
así como la manera en que sufragarán los gastos.
ARTÍCULO IX
RESERVA BANCARIA
1. Las Partes no podrán invocar el secreto bancario para negarse a
prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente Acuerdo.
2. Las Partes se comprometen a no utilizar las informaciones
protegidas por el secreto bancario obtenidas en virtud de este Acuerdo,
para ningún fin distinto al contenido en la solicitud de asistencia.
ARTÍCULO X
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES
1. La autoridad competente de una Parte, por conducto de las
Autoridades Centrales, podrá solicitar la identificación y/o la adopción de
medidas cautelares sobre bienes, instrumento o producto de un delito, que
se encuentren ubicados en el territorio de la otra Parte.
Cuando se trate de la identificación del producto del delito, la
Parte Requerida informará acerca del resultado de la búsqueda.
2. Una vez identificado el producto del delito, o cuando se trate del
instrumento del delito a solicitud de la Parte Requirente, la Parte
Requerida, en la medida en que su legislación interna lo permita, adoptará
las medidas cautelares correspondientes sobre tales bienes.
3. Un requerimiento efectuado en virtud del numeral anterior deberá
incluir:
a) Una copia de la medida cautelar;
b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del
delito, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones
legales pertinentes;
c) Descripción de los bienes respecto de los cuales se pretende
efectuar la medida cautelar y su valor comercial y la relación de
éstos con la persona contra la que se inició; y,
d) Una estimación de la suma a la que se pretende aplicar la medida
cautelar y de los fundamentos del cálculo de la misma.
ARTÍCULO XI
MEDIDA DE DECOMISO DE BIENES
Las Partes de conformidad con su legislación interna podrán prestarse
cooperación en el cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes
vinculados a la comisión de un hecho ilícito en cualquiera de las Partes.
ARTÍCULO XII
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS
Lo dispuesto en el presente Acuerdo no podrá interpretarse en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
ARTÍCULO XIII
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS
Los documentos provenientes de una de las Partes, que deban ser
presentados en el territorio de la otra Parte, que se tramiten por
intermedio de las Autoridades Centrales, no requerirán de legalización o
cualquier otra formalidad análoga.
ARTÍCULO XIV
RELACIÓN CON OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS
El presente Acuerdo no afectará los derechos y compromisos derivados
de Acuerdos y Convenios internacionales bilaterales o multilaterales
vigentes entre las Partes.
ARTÍCULO XV
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, DENUNCIA Y ENTRADA EN VIGOR
1. Cualquier duda que surja de una solicitud será resuelta por
consulta entre las Autoridades Centrales.
Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo será resuelta por las Partes por vía
diplomática y por los medios de solución de controversias establecidos en
el Derecho Internacional.
2. Este Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes
mediante notificación a la otra por la vía diplomática. Su vigencia cesará
a los seis meses de la fecha de recepción de tal notificación. Las
solicitudes de asistencia realizadas dentro de este término, serán
atendidas por la Parte Requerida.
3. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días
contados a partir de la fecha de recepción de la última nota diplomática en
la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los procedimientos
exigidos por sus respectivos ordenamientos constitucionales.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por
sus respectivos Gobiernos suscriben el presente Acuerdo.
HECHO en Santafé de Bogotá a los treinta y un días del mes de julio
de mil novecientos noventa y siete, en dos ejemplares en idioma español,
ambos textos igualmente válidos y auténticos.
FDO.: Por el Gobierno de la República de Colombia, María Emma Mejía
Velez, Ministra de Relaciones Exteriores.
FDO.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Rubén Melgarejo
Lanzoni, Ministro de Relaciones Exteriores.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores el once de
diciembre del año un mil novecientos noventa y siete y por la Honorable
Cámara de Diputados, el veintiún de mayo del año un mil novecientos noventa
y ocho, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 204 de la Constitución Nacional.
|Atilio Martínez Casado | |Rodrigo Campos Cervera |
|Presidente | |Presidente |
|H. Cámara de Diputados | |H. Cámara de Senadores |
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|Patricio Miguel Franco | |Miguel Ángel González Casabianca |
|Secretario Parlamentario | |Secretario Parlamentario |
Asunción, 15 de junio de 1998
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Rubén Melgarejo Lanzoni
Ministro de Relaciones Exteriores