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PODER LEGISLATIVO<br />
LEY Nº 2298<br />
QUE APRUEBA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA<br />
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL<br />
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE<br />
LEY:<br />
Artículo 1°.- Apruébase la "Convención de las Naciones Unidas contra<br />
la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptada en la ciudad de Nueva<br />
York, el 15 de noviembre de 2000 y suscrita por el Paraguay el 12 de<br />
diciembre de 2000, en la ciudad de Palermo, Italia, cuyo texto es como<br />
sigue:<br />
"CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA<br />
TRANSNACIONAL<br />
Artículo 1<br />
Finalidad<br />
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para<br />
prevenir y combatir mas eficazmente la delincuencia organizada<br />
transnacional.<br />
Artículo 2<br />
Definiciones<br />
Para los fines de la presente Convención:<br />
a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo<br />
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que<br />
actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves<br />
o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a<br />
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio<br />
de orden material;<br />
b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un<br />
delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años<br />
o con una pena más grave;<br />
c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado<br />
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no<br />
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente<br />
definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una<br />
estructura desarrollada;<br />
d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales<br />
o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los<br />
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros<br />
derechos sobre dichos activos;<br />
e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier<br />
índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un<br />
delito;<br />
f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la<br />
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o<br />
la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por<br />
un tribunal u otra autoridad competente;<br />
g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de<br />
bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;<br />
h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se<br />
derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito<br />
definido en el artículo 6 de la presente Convención;<br />
i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en<br />
dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más<br />
Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la<br />
supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar<br />
delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;<br />
j) Por "organización regional de integración económica" se entenderá<br />
una organización constituida por Estados soberanos de una región<br />
determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en<br />
las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido<br />
debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos,<br />
para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a<br />
ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente<br />
Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su<br />
competencia.<br />
Artículo 3<br />
Ambito de aplicación<br />
1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente<br />
Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el<br />
enjuiciamiento de:<br />
a) Los delitos tipificados con arreglo a los Artículos 5, 6, 8 y 23 de<br />
la presente Convención; y<br />
b) Los delitos graves que se definen en el Artículo 2 de la presente<br />
Convención, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen<br />
la participación de un grupo delictivo organizado.<br />
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de<br />
carácter transnacional si:<br />
a) Se comete en más de un Estado;<br />
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su<br />
preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;<br />
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de<br />
un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más<br />
de un Estado; o<br />
d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en<br />
otro Estado.<br />
Artículo 4<br />
Protección de la soberanía<br />
1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente<br />
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e<br />
integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los<br />
asuntos internos de otros Estados.<br />
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado<br />
Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o<br />
funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a<br />
sus autoridades.<br />
Artículo 5<br />
Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente;<br />
a) Unas de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos<br />
de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:<br />
i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave<br />
con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la<br />
obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden<br />
material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe<br />
un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar<br />
adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo<br />
delictivo organizado;<br />
ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la<br />
finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo<br />
organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión,<br />
participe activamente en:<br />
a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;<br />
b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a<br />
sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la<br />
finalidad delictiva antes descrita.<br />
b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o<br />
asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la<br />
participación de un grupo delictivo organizado.<br />
2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo<br />
a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de<br />
circunstancias fácticas objetivas.<br />
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un<br />
grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados<br />
con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente<br />
artículo velarán por que su derecho interno comprenda todos los delitos<br />
graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados.<br />
Esos Estados parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno<br />
requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el<br />
acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados<br />
con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente<br />
artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en<br />
el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella.<br />
Artículo 6<br />
Penalización del blanqueo del producto del delito<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de<br />
que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar<br />
o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier<br />
persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir<br />
las consecuencias jurídicas de sus actos;<br />
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza,<br />
origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del<br />
legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son<br />
producto del delito.<br />
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:<br />
i) La adquisición , posesión o utilización de bienes, a<br />
sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del<br />
delito;<br />
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los<br />
delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la<br />
asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de<br />
cometerlos, y la ayuda , la incitación, la facilitación y el<br />
asesoramiento en aras de su comisión.<br />
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del<br />
presente artículo:<br />
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente<br />
artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;<br />
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los<br />
delitos graves definidos en el Artículo 2 de la presente Convención y los<br />
delitos tipificados con arreglo a los Artículos 5, 8 y 23 de la presente<br />
Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de<br />
delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama<br />
de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;<br />
c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes<br />
incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción<br />
del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de<br />
la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante<br />
siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho<br />
interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito<br />
con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en<br />
práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;<br />
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al<br />
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales<br />
leyes o una descripción de ésta;<br />
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho<br />
interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados<br />
en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que<br />
hayan cometido el delito determinante;<br />
f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como<br />
elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo<br />
podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.<br />
Artículo 7<br />
Medidas para combatir el blanqueo de dinero<br />
1. Cada Estado Parte:<br />
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y<br />
supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y,<br />
cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que<br />
sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de<br />
dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de<br />
dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la<br />
identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia<br />
de las transacciones sospechosas;<br />
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los Artículos 18 y<br />
27 de la presente Convención, que las autoridades de administración,<br />
reglamentación y cumplimiento de la Ley y demás autoridades encargadas de<br />
combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con<br />
arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces de<br />
cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de<br />
conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal<br />
fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de<br />
inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación,<br />
análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo<br />
de dinero.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas<br />
viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo<br />
y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que<br />
garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en<br />
modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán<br />
incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales<br />
notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de<br />
efectivo y de títulos negociables pertinentes.<br />
3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con<br />
arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier<br />
otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a<br />
que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones<br />
regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo<br />
de dinero.<br />
4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la<br />
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las<br />
autoridades judiciales, de cumplimiento de la Ley y de reglamentación<br />
financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.<br />
Artículo 8<br />
Penalización de la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que<br />
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario<br />
público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en<br />
su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que<br />
dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus<br />
funciones oficiales;<br />
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o<br />
indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho<br />
o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario<br />
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones<br />
oficiales.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo<br />
cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un<br />
funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte considerará<br />
la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.<br />
3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias para<br />
tipificar como delito la participación como cómplice en un delito<br />
tipificado con arreglo al presente artículo.<br />
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del Artículo 9 de la<br />
presente Convención, por "funcionario público" se entenderá todo<br />
funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a<br />
la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo<br />
al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa<br />
función.<br />
Artículo 9<br />
Medidas contra la corrupción<br />
1. Además de las medidas previstas en el Artículo 8 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea<br />
compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de<br />
carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la<br />
integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de<br />
funcionarios públicos.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la<br />
intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir , detectar y<br />
castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas<br />
autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de<br />
cualquier influencia indebida en su actuación.<br />
Artículo 10<br />
Responsabilidad de las personas jurídicas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la<br />
responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves<br />
en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los<br />
delitos tipificados con arreglo a los Artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente<br />
Convención.<br />
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la<br />
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil<br />
o administrativa.<br />
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad<br />
penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los<br />
delitos.<br />
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones<br />
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas<br />
sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables<br />
con arreglo al presente artículo.<br />
Artículo 11<br />
Proceso, fallo y sanciones<br />
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con<br />
arreglo a los Artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con<br />
sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.<br />
2. Cada Estado parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades<br />
legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en<br />
relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en<br />
la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas<br />
adoptadas para hacer cumplir la Ley respecto de esos delitos, teniendo<br />
debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su comisión.<br />
3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los Artículos 5,<br />
6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas<br />
apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en<br />
consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que al<br />
imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en<br />
espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de<br />
garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal<br />
ulterior.<br />
4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades<br />
competentes tengan presente la naturaleza grave de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención al considerar la eventualidad de<br />
conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que<br />
hayan sido declaradas culpables de tales delitos.<br />
5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho<br />
interno, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda<br />
iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención y un plazo mayor cuando el presunto delincuente haya<br />
eludido la administración de justicia.<br />
6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de<br />
que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los<br />
medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que<br />
informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno<br />
de los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y<br />
sancionados de conformidad con ese derecho.<br />
Artículo 12<br />
Decomiso e incautación<br />
1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su<br />
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para<br />
autorizar el decomiso:<br />
a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;<br />
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados<br />
a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención.<br />
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para<br />
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la<br />
incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente<br />
artículo con miras a su eventual decomiso.<br />
3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial<br />
o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas<br />
aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.<br />
4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de<br />
fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra<br />
facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta<br />
el valor estimado del producto entremezclado.<br />
5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de<br />
bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito<br />
o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito<br />
también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo,<br />
de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.<br />
6. Para los fines del presente artículo y del Artículo 13 de la presente<br />
Convención , cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras<br />
autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de<br />
documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no<br />
podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose<br />
en el secreto bancario.<br />
7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un<br />
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del<br />
delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello<br />
sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del<br />
proceso judicial u otras actuaciones conexas.<br />
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de<br />
que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad<br />
con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.<br />
Artículo 13<br />
Cooperación internacional para fines de decomiso<br />
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que<br />
tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente<br />
Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el<br />
equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del Artículo 12 de<br />
la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la<br />
mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:<br />
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener<br />
una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento;<br />
o<br />
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé<br />
cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un<br />
tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de<br />
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 12 de la<br />
presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto<br />
del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el<br />
párrafo 1 del Artículo 12 que se encuentren en el territorio del Estado<br />
Parte requerido.<br />
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga<br />
jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente<br />
Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la<br />
identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación<br />
del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos<br />
mencionados en el párrafo 1 del Artículo 12 de la presente Convención con<br />
miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte<br />
requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al<br />
párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.<br />
3. Las disposiciones del Artículo 18 de la presente Convención serán<br />
aplicables mutatis mutandis al presente artículo. Además de la información<br />
indicada en el párrafo 15 del Artículo 18, las solicitudes presentadas de<br />
conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:<br />
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del<br />
párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes<br />
susceptibles de decomiso y una exposición de los hechos en que se basa la<br />
solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente<br />
explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con<br />
arreglo a su derecho interno;<br />
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del<br />
párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden<br />
de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la<br />
solicitud , una exposición de los hechos y la información que proceda<br />
sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden;<br />
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del<br />
presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado<br />
Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas.<br />
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en<br />
los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo<br />
dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los<br />
tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que<br />
pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.<br />
5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas una copia de sus Leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al<br />
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales<br />
Leyes y reglamentos o una descripción de ésta.<br />
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas<br />
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de<br />
un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención<br />
como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.<br />
7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo<br />
al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un<br />
delito comprendido en la presente Convención.<br />
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados,<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la<br />
eficacia de la cooperación internacional prestada con arreglo al presente<br />
artículo.<br />
Artículo 14<br />
Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados<br />
1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los bienes que<br />
hayan decomisado con arreglo al Artículo 12 o al párrafo 1 del Artículo 13<br />
de la presente Convención de conformidad con su derecho interno y sus<br />
procedimientos administrativos.<br />
2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con<br />
arreglo al Artículo 13 de la presente Convención, los Estado Parte, en la<br />
medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo,<br />
darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o<br />
de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que éste<br />
pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del<br />
delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.<br />
3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con<br />
arreglo a los Artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados<br />
Parte podrán considerar en particular la posibilidad de celebrar<br />
acuerdos o arreglos en el sentido de:<br />
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes,<br />
o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o<br />
una parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo<br />
dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del Artículo 30 de la presente<br />
Convención y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha<br />
contra la delincuencia organizada;<br />
b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio<br />
general o definidos para cada caso, ese producto del delito o esos bienes,<br />
o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos bienes, de<br />
conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos.<br />
Artículo 15<br />
Jurisdicción<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, para<br />
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo<br />
a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:<br />
a) El delito se cometa en su territorio; o<br />
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o<br />
de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la<br />
comisión del delito.<br />
2. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 4 de la presente Convención,<br />
un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de<br />
tales delitos cuando:<br />
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;<br />
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona<br />
apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o<br />
c) El delito:<br />
i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1<br />
del Artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su<br />
territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su<br />
territorio;<br />
ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii)<br />
del apartado b) del párrafo 1 del Artículo 6 de la presente Convención<br />
y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de<br />
su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o<br />
ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del<br />
Artículo 6 de la presente Convención.<br />
3. A los efectos del párrafo 10 del Artículo 16 de la presente Convención,<br />
cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer<br />
su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y<br />
el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus<br />
nacionales.<br />
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias<br />
para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su<br />
territorio y el Estado Parte no lo extradite<br />
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los<br />
párrafos 1 o 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado<br />
conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte están<br />
realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto<br />
de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se<br />
consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.<br />
6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la<br />
presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales<br />
establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.<br />
Artículo 16<br />
Extradición<br />
1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención o a los casos en que un delito al que se hace<br />
referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del Artículo 3 entrañe la<br />
participación de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto<br />
de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado<br />
Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la<br />
extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte<br />
requirente y del Estado Parte requerido.<br />
2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves<br />
distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del<br />
presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente<br />
artículo también respecto de estos últimos delitos.<br />
3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se<br />
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo<br />
tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte<br />
se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo<br />
tratado de extradición que celebren entre si.<br />
4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un<br />
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que<br />
no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente<br />
Convención como la base jurídica de la extradición respecto a los delitos<br />
a los que se aplica el presente artículo.<br />
5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un<br />
tratado deberán:<br />
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella,<br />
informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerarán o<br />
no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en<br />
materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la<br />
presente Convención; y<br />
b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la<br />
cooperación en materia de extradición, esforzarse, cuando proceda, por<br />
celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente<br />
Convención a fin de aplicar el presente artículo.<br />
6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de<br />
un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo<br />
como casos de extradición entre ellos.<br />
7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho<br />
interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición<br />
aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena<br />
mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte<br />
requerido puede denegar la extradición.<br />
8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán<br />
agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos<br />
probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los<br />
que se aplica el presente artículo.<br />
9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de<br />
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de<br />
que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a<br />
solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la<br />
persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar<br />
otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en<br />
los procedimientos de extradición.<br />
10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto<br />
delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el<br />
presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará<br />
obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a<br />
someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a<br />
efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y<br />
llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo<br />
harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al<br />
derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados<br />
cooperarán entre si, en particular en lo que respecta a los aspectos<br />
procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas<br />
actuaciones.<br />
11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la<br />
extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo<br />
a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para<br />
cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o<br />
proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando<br />
ese Estado Parte y el Estado Parte que solicite la extradición acepten esa<br />
opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición<br />
o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación<br />
enunciada en el párrafo 10 del presente artículo.<br />
12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una<br />
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del<br />
Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de<br />
conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa<br />
solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la<br />
condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al<br />
derecho interno del Estado Parte requirente.<br />
13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a<br />
toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación<br />
con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo,<br />
incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el<br />
derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa<br />
persona.<br />
14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como<br />
la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido<br />
tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado<br />
con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo,<br />
raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su<br />
cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por<br />
cualquiera de estas razones.<br />
15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición<br />
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones<br />
tributarias.<br />
16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando<br />
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia<br />
oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información<br />
pertinente a su alegato.<br />
17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales<br />
y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.<br />
Artículo 17<br />
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena<br />
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de<br />
toda persona que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de<br />
privación de libertad por algún delito comprendido en la presente<br />
Convención a fin de que complete allí su condena.<br />
Artículo 18<br />
Asistencia judicial recíproca<br />
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial<br />
recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales<br />
relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención con<br />
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3 y se prestarán también asistencia<br />
de esa índole cuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables<br />
para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o<br />
b) del párrafo 1 del Artículo 3 es de carácter transnacional, así como que<br />
las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de<br />
esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito<br />
entraña la participación de un grupo delictivo organizado.<br />
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible<br />
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado<br />
Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones<br />
judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica<br />
pueda ser considerada responsable de conformidad con el Artículo 10 de la<br />
presente Convención en el Estado Parte requirente.<br />
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el<br />
presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines<br />
siguientes:<br />
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;<br />
b) Presentar documentos judiciales;<br />
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;<br />
d) Examinar objetos y lugares;<br />
e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de<br />
peritos;<br />
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y<br />
expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y<br />
financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades<br />
mercantiles;<br />
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los<br />
instrumentos u otros elementos con fines probatorios;<br />
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado<br />
Parte requirente;<br />
i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho<br />
interno del Estado Parte requerido.<br />
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un<br />
Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir<br />
información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de<br />
otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad<br />
a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría<br />
dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo<br />
a la presente Convención.<br />
5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente<br />
artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que<br />
tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la<br />
información. Las autoridades competentes que reciben la información<br />
deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter<br />
confidencial , incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a<br />
su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte<br />
receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de<br />
una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al<br />
Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le<br />
solicita, consultará al Estado parte transmisor. Si, en un caso<br />
excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte<br />
receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha<br />
revelación.<br />
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones<br />
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o<br />
futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.<br />
7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes<br />
que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie<br />
entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial<br />
recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de<br />
esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho<br />
tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar,<br />
los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los<br />
Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación.<br />
8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la<br />
asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.<br />
9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial<br />
recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble<br />
incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte<br />
requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a<br />
discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no<br />
tipificada como delito en el derecho interno del Estado parte requerido.<br />
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el<br />
territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado<br />
Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que<br />
ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para<br />
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos<br />
comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen<br />
las condiciones siguientes:<br />
a) La persona debidamente informada, da su libre consentimiento;<br />
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de<br />
acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.<br />
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:<br />
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la<br />
competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado<br />
Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;<br />
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin<br />
dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del<br />
que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las<br />
autoridades competentes de ambos Estados Parte;<br />
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al<br />
Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de<br />
extradición para su devolución;<br />
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado<br />
Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha<br />
de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.<br />
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una<br />
persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté<br />
de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá<br />
ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción<br />
de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada<br />
en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del<br />
territorio del Estado del que ha sido trasladada.<br />
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de<br />
recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para<br />
darles cumplimiento o para trasmitirlas a las autoridades competentes<br />
para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un<br />
Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial<br />
recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que<br />
desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio.<br />
Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o<br />
transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central<br />
transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución,<br />
alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de<br />
dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el<br />
nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las<br />
solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación<br />
pertinente serán trasmitidas a las autoridades centrales designadas por los<br />
Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera<br />
de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le<br />
sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los<br />
Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización<br />
Internacional de Policía Criminal, de ser posible.<br />
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por<br />
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma<br />
aceptable para el Estado Parte requerido , en condiciones que permitan a<br />
dicho Estado Parte determinar la autenticidad . Cada Estado Parte<br />
notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de<br />
depositar su instrumento de ratificación , aceptación o aprobación de la<br />
presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que sean<br />
aceptables para cada Estado Parte. En situaciones de urgencias, y cuando<br />
los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse<br />
oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.<br />
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:<br />
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;<br />
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las<br />
actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las<br />
funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones,<br />
procesos o actuaciones;<br />
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de<br />
solicitudes de presentación de documentos judiciales;<br />
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre<br />
cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee<br />
que se aplique;<br />
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda<br />
persona interesada; y<br />
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o<br />
actuación.<br />
16. El Estado Parte requerido podrá pedir información complementaria cuando<br />
sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su<br />
derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.<br />
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno<br />
del Estado Parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y<br />
sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la<br />
solicitud.<br />
18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales<br />
del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un<br />
Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante<br />
autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a<br />
solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por<br />
videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión<br />
comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los<br />
Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una<br />
autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una<br />
autoridad judicial del Estado Parte requerido.<br />
19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo<br />
consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas<br />
proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos<br />
o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada<br />
de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte<br />
requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean<br />
exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte<br />
requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la<br />
información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado<br />
Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con<br />
antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte<br />
requerido de dicha revelación.<br />
20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido<br />
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud,<br />
salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte<br />
requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al<br />
Estado Parte requirente.<br />
21. La asistencia judicial reciproca podrá ser denegada:<br />
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en<br />
el presente artículo;<br />
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de<br />
lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden<br />
público u otros intereses fundamentales;<br />
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohiba a sus<br />
autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo,<br />
si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en el ejercicio de su propia competencia;<br />
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico<br />
del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial<br />
recíproca.<br />
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también<br />
entraña asuntos fiscales.<br />
23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse<br />
debidamente.<br />
24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial<br />
recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de<br />
sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que<br />
estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado<br />
Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el<br />
Estado Parte requirente respecto de la evolución del trámite de la<br />
solicitud. El Estado Parte requirente informará con prontitud cuando ya no<br />
necesite la asistencia solicitada.<br />
25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte<br />
requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales<br />
en curso.<br />
26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del<br />
presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25<br />
del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte<br />
requirente para considerar se es posible prestar la asistencia solicitada<br />
supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte<br />
requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado<br />
Parte deberá observar las condiciones impuestas.<br />
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el<br />
testigo, perito u otra persona que, a instancia del Estado Parte<br />
requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en<br />
una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado<br />
Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a<br />
ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por<br />
actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en<br />
que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto<br />
cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince<br />
días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte<br />
después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las<br />
autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de<br />
salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o<br />
regrese libremente a él después de haberlo abandonado.<br />
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud<br />
serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados<br />
Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin<br />
gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se<br />
consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a<br />
la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.<br />
29. El Estado Parte requerido:<br />
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos<br />
oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que,<br />
conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;<br />
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue<br />
apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o<br />
parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren<br />
en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del<br />
público en general.<br />
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de<br />
celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los<br />
fines del presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus<br />
disposiciones o las refuercen.<br />
Artículo 19<br />
Investigaciones conjuntas<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación<br />
con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan<br />
establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos<br />
de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo<br />
mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte<br />
participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo<br />
territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.<br />
Artículo 20<br />
Técnicas especiales de investigación<br />
1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento<br />
jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades y<br />
en las condiciones prescritas por su derecho interno, las medidas que sean<br />
necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y,<br />
cuando lo considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales<br />
de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra índole y las<br />
operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio<br />
con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada.<br />
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda,<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar<br />
esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación<br />
en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y<br />
ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de<br />
los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las<br />
condiciones en ellos contenidas.<br />
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del<br />
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de<br />
investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada<br />
caso particular y podrá cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos<br />
financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por<br />
los Estados Parte interesados.<br />
4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano<br />
internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte<br />
interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los<br />
bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total<br />
o parcialmente.<br />
Artículo 21<br />
Remisión de actuaciones penales<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones<br />
penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente<br />
Convención cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio de la<br />
debida administración de justicia, en particular en casos en que<br />
intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones<br />
del proceso.<br />
Artículo 22<br />
Establecimiento de antecedentes penales<br />
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole<br />
que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los<br />
fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad, en<br />
otro Estado, de un presunto delincuente a fin de utilizar esa información<br />
en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 23<br />
Penalización de la obstrucción de la justicia<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que<br />
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el<br />
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso<br />
testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de<br />
pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención;<br />
b) El uso de fuerza física, amenaza o intimidación para obstaculizar<br />
el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia<br />
o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la<br />
comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo<br />
previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados<br />
Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de<br />
funcionarios públicos.<br />
Artículo 24<br />
Protección de los testigos<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus<br />
posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de<br />
represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones<br />
penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente<br />
Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas<br />
cercanas.<br />
2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán<br />
consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido<br />
el derecho a las garantías procesales, en:<br />
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas<br />
personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su<br />
reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de<br />
revelar información relativa a su identidad y paradero;<br />
b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los<br />
testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por<br />
ejemplo aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de comunicación<br />
como videoconferencias u otras medios adecuados.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas<br />
en el párrafo 1 del presente artículo.<br />
4. Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las<br />
víctimas en el caso de que actúen como testigos.<br />
Artículo 25<br />
Asistencia y protección a las víctimas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus<br />
posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los<br />
delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de<br />
amenaza de represalia o intimidación.<br />
2. Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a<br />
las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener<br />
indemnización y restitución.<br />
3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se<br />
presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las<br />
etapas apropiadas de la actuaciones penales contra los delincuentes sin que<br />
ello menoscabe los derechos de la defensa.<br />
Artículo 26<br />
Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades<br />
encargadas de hacer cumplir la Ley<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las<br />
personas que participen o hayan participado en grupos delictivos<br />
organizados a:<br />
a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con<br />
fines investigativos y probatorios sobre cuestiones como:<br />
i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura,<br />
la ubicación o las actividades de los grupos delictivos organizados;<br />
ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con<br />
otros grupos delictivos organizados;<br />
iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan<br />
cometido o puedan cometer.<br />
b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que<br />
pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus<br />
recursos o del producto del delito.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los casos<br />
apropiados, la mitigación de la pena de las personas acusadas que presten<br />
una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto<br />
de los delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad<br />
con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de<br />
inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en<br />
la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos<br />
en la presente Convención.<br />
4. La protección de esas personas será la prevista en el Artículo 24 de la<br />
presente Convención.<br />
5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente<br />
artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperación<br />
sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados<br />
Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual<br />
concesión, por el otro Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2<br />
y 3 del presente artículo.<br />
Artículo 27<br />
Cooperación en materia de cumplimiento de la Ley<br />
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus<br />
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar<br />
la eficacia de las medidas de cumplimiento de la Ley orientadas a combatir<br />
los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, cada<br />
Estado Parte adoptará medidas eficaces para:<br />
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades,<br />
organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlas, a<br />
fin de faciliar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos<br />
los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así<br />
como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus<br />
vinculaciones con otras actividades delictivas;<br />
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones<br />
con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:<br />
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas<br />
presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras<br />
personas interesadas;<br />
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados<br />
de la comisión de esos delitos;<br />
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos<br />
utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos.<br />
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de<br />
sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;<br />
d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades<br />
y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros<br />
expertos, incluida la designación de oficiales de enlace, con sujeción a<br />
acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;<br />
e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios y<br />
métodos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, así<br />
como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso<br />
de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios<br />
de encubrir sus actividades;<br />
f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y<br />
de otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención.<br />
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención,<br />
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos<br />
organismos encargados de hacer cumplir la Ley y, cuando tales acuerdos o<br />
arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos<br />
entre los Estados Parte interesados, las Partes podrán considerar la<br />
presente Convención como la base para la cooperación en materia de<br />
cumplimiento de la Ley respecto de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la<br />
celebración de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones<br />
internaciones o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus<br />
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la Ley.<br />
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus<br />
posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional<br />
cometida mediante el recurso a la tecnología moderna.<br />
Artículo 28<br />
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la<br />
naturaleza<br />
de la delincuencia organizada<br />
1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en consulta<br />
con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la<br />
delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que actúa<br />
la delincuencia organizada, así como los grupos profesionales y las<br />
tecnologías involucradas.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir<br />
experiencia analítica acerca de las actividades de la delincuencia<br />
organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones<br />
internacionales y regionales. A tal fin, se establecerán y aplicarán, según<br />
proceda, definiciones, normas y metodologías comunes.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus políticas y<br />
las medidas en vigor encaminadas a combatir la delincuencia organizada y<br />
evaluarán su eficacia y eficiencia.<br />
Artículo 29<br />
Capacitación y asistencia técnica<br />
1. Cada Estado parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o<br />
perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el<br />
personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la Ley, incluidos<br />
fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas, así como para el<br />
personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el<br />
control de los delitos comprendidos en la presente Convención. Esos<br />
programas podrán incluir adscripciones e intercambios de personal. En<br />
particular y en la medida en que lo permita el derecho interno, guardarán<br />
relación con:<br />
a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control<br />
de los delitos comprendidos en la presente Convención;<br />
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente<br />
inplicadas en delitos comprendidos en la presente Convención, incluso en<br />
los Estados de tránsito, y las medidas de lucha pertinentes;<br />
c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;<br />
d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del<br />
delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para<br />
cometer tales delitos y los métodos empleados para la transferencia,<br />
ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, equipo u otros<br />
instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo de<br />
dinero y otros delitos financieros;<br />
e) El acopio de pruebas;<br />
f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos;<br />
g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la<br />
Ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las<br />
operaciones encubiertas;<br />
h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada<br />
transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras<br />
formas de la tecnología moderna; e<br />
i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos.<br />
2. Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación y<br />
ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a<br />
intercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el<br />
párrafo 1 del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando<br />
proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacionales para<br />
promover la cooperación y fomentar el examen de los problemas de interés<br />
común, incluidos los problemas y necesidades especiales de los Estados de<br />
tránsito.<br />
3. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia<br />
técnica que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca.<br />
Dicha capacitación y asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de<br />
idiomas, adscripciones e intercambios de personal entre autoridades<br />
centrales u organismos con responsabilidades pertinentes.<br />
4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes,<br />
los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, sus esfuerzos por<br />
optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las<br />
organizaciones internacionales y regionales, así como en el marco de otros<br />
acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.<br />
Artículo 30<br />
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo<br />
económico y la asistencia técnica<br />
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación<br />
óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la<br />
cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la<br />
delincuencia organizada en la sociedad en general y en el desarrollo<br />
sostenible en particular.<br />
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de los posible<br />
y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internaciones y<br />
regionales, por:<br />
a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países<br />
en desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países para<br />
prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;<br />
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los<br />
esfuerzos de los países en desarrollo para combatir con eficacia la<br />
delincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar<br />
satisfactoriamente la presente Convención;<br />
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los<br />
países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus<br />
necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal<br />
fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias<br />
adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos<br />
efectos en un mecanismo de financiación de la Naciones Unidas. Los Estados<br />
Parte también podrán considerar en particular la posibilidad, conforme a su<br />
derecho interno y a las disposiciones de la presente Convención, de aportar<br />
a la cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor<br />
correspondiente del producto del delito o de los bienes ilícitos<br />
decomisados con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención;<br />
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras,<br />
según proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al<br />
presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de<br />
programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin<br />
de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.<br />
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes<br />
en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación<br />
financiera en los planos bilateral, regional o internacional.<br />
4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta<br />
los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación<br />
internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar<br />
y combatir la delincuencia organizada transnacional.<br />
Articulo 31<br />
Prevención<br />
1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y<br />
establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de<br />
la delincuencia organizada transnacional.<br />
2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o<br />
futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar<br />
en mercados lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente<br />
medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Estas medidas<br />
deberían centrarse en:<br />
a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismo encargados<br />
de hacer cumplir la Ley o el ministerio público y las entidades privadas<br />
pertinentes, incluida la industria;<br />
b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos<br />
concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de<br />
las entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta para<br />
profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios<br />
públicos, asesores fiscales y contadores;<br />
c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos<br />
delictivos organizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias<br />
concedidos por autoridades públicas para realizar actividades comerciales;<br />
d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por<br />
parte de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas<br />
podrían incluir las siguientes:<br />
i) El establecimiento de registros públicos de personas<br />
jurídicas y naturales involucradas en la constitución, la gestión y la<br />
financiación de personas jurídicas;<br />
ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o<br />
cualquier medio apropiado durante un período razonable a las personas<br />
condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención para<br />
actuar como directores de personas jurídicas constituidas en sus<br />
respectivas jurisdicciones;<br />
iii) El establecimiento de registros nacionales de personas<br />
inhabilitadas para actuar como directores de personas jurídicas; y<br />
iv) El intercambio de información contenida en los registros<br />
mencionados en los incisos i) y iii) del presente apartado con las<br />
autoridades competentes de otros Estados Parte.<br />
3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las<br />
personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos<br />
jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de<br />
detectar si existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por<br />
grupos delictivos organizados.<br />
5. Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con<br />
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia<br />
organizada transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda,<br />
podrá difundirse información a través de los medios de comunicación y se<br />
adoptarán medidas para fomentar la participación pública en los esfuerzos<br />
por prevenir y combatir dicha delincuencia.<br />
6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de la Naciones Unidas<br />
el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden<br />
ayudar a otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la<br />
delincuencia organizada transnacional.<br />
7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones<br />
internacionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras a<br />
promover y formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Ello<br />
incluye la participación en proyectos internacionales para la prevención<br />
de la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo mediante la<br />
mitigación de las circunstancias que hacen vulnerable a los grupos<br />
socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada<br />
transnacional.<br />
Artículo 32<br />
Conferencia de las Partes en la Convención<br />
1. Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con objeto<br />
de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia<br />
organizada transnacional y para promover y examinar la aplicación de la<br />
presente Convención.<br />
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de<br />
las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la<br />
presente Convención. La Conferencia de las Partes aprobará reglas de<br />
procedimiento y normas que rijan las actividades enunciadas en los párrafos<br />
3 y 4 del presente artículo (incluidas normas relativas al pago de los<br />
gastos resultantes de la puesta en marcha de esas actividades).<br />
3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr<br />
los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en<br />
particular a:<br />
a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con<br />
arreglo a los Artículos 29, 30 y 31 de la presente Convención, alentando<br />
inclusive la movilización de contribuciones voluntarias;<br />
b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte sobre<br />
las modalidades y tendencias de la delincuencia organizada transnacional y<br />
sobre prácticas eficaces para combatirlas;<br />
c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las<br />
organizaciones no gubernamentales pertinentes;<br />
d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención;<br />
y<br />
e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su<br />
aplicación.<br />
4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3 del presente<br />
artículo, la Conferencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento<br />
de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados<br />
Parte en aplicación de la presente Convención mediante la información que<br />
ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de examen que establezca<br />
la Conferencia de las Partes.<br />
5. Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes información<br />
sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas<br />
legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente<br />
Convención, según lo requiera la Conferencia de las Partes.<br />
Artículo 33<br />
Secretaría<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de<br />
secretaría necesarios a las Conferencia de las Partes en la Convención.<br />
2. La Secretaría:<br />
a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la<br />
realización de las actividades enunciadas en el Artículo 32 de la presente<br />
Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de las<br />
Partes y les prestará los servicios necesarios;<br />
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el<br />
suministro de información a la Conferencia de las Partes según lo previsto<br />
en el párrafo 5 del Artículo 32 de la presente convención ; y<br />
c) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras<br />
organizaciones internacionales y regionales pertinentes.<br />
Artículo 34<br />
Aplicación de la Convención<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias,<br />
incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el<br />
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos<br />
tipificados de conformidad con los Artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente<br />
Convención independientemente del carácter transnacional o la participación<br />
de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en el<br />
párrafo 1 del Artículo 3 de la presente Convención, salvo en la medida en<br />
que el Artículo 5 de la presente Convención exija la participación de un<br />
grupo delictivo organizado.<br />
3. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las<br />
previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la<br />
delincuencia organizada transnacional.<br />
Artículo 35<br />
Solución de controversias<br />
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada<br />
con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la<br />
negociación.<br />
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la<br />
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda<br />
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a<br />
solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis<br />
meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte<br />
no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje,<br />
cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte<br />
Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la<br />
Corte.<br />
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o adhesión a ella,<br />
declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente<br />
artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2<br />
del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa<br />
reserva.<br />
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo<br />
3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva<br />
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 36<br />
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión<br />
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados<br />
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa<br />
fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de<br />
diciembre de 2002.<br />
2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las<br />
organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno<br />
de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente<br />
Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente<br />
artículo.<br />
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o<br />
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se<br />
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las<br />
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su<br />
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de<br />
sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de<br />
ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el<br />
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la<br />
presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al<br />
depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su<br />
competencia.<br />
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados<br />
u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo<br />
menos con un Estado miembro que sea Parte en la Presente Convención. Los<br />
Instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de<br />
las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones<br />
regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia<br />
con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas<br />
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación<br />
pertinente del alcance de su competencia.<br />
Artículo 37<br />
Relación con los protocolos<br />
1. La presente Convención podrá complementarse con uno o más protocolos.<br />
2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las organizaciones<br />
regionales de integración económica también deberán ser parte en la<br />
presente Convención.<br />
3. Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán vinculados por<br />
un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad<br />
con sus disposiciones.<br />
4. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente con<br />
ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos.<br />
Artículo 38<br />
Entrada en vigor<br />
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la<br />
fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente<br />
párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de<br />
integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por<br />
los Estados miembros de tal organización.<br />
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que<br />
ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella<br />
después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,<br />
aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor<br />
el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya<br />
depositado el instrumento pertinente.<br />
Artículo 39<br />
Enmienda<br />
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la<br />
presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por<br />
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación<br />
comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia<br />
de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto.<br />
La Conferencia de las Partes hará todo lo posible por lograr un consenso<br />
sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un<br />
consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda<br />
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados<br />
Parte presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su<br />
competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo<br />
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean<br />
Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su<br />
derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.<br />
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente<br />
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los<br />
Estados Parte.<br />
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente<br />
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después<br />
de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las<br />
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de<br />
esa enmienda.<br />
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados<br />
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados<br />
Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así<br />
como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o<br />
aprobado.<br />
Artículo 40<br />
Denuncia<br />
1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante<br />
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La<br />
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario<br />
General haya recibido la notificación.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser<br />
Parte en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus<br />
Estados miembros.<br />
La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del presente<br />
artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.<br />
Artículo 41<br />
Depositario e idiomas<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la<br />
presente Convención.<br />
2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,<br />
español, francés, inglés, y ruso son igualmente auténticos, se depositará<br />
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente<br />
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente<br />
Convención."<br />
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.<br />
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los<br />
treinta y un días del mes de julio del año dos mil tres, quedando<br />
sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados a los treinta<br />
días del mes de octubre del año dos mil tres, de conformidad a lo dispuesto<br />
en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.<br />
Benjamín Maciel Pasotti<br />
Carlos Mateo Balmelli<br />
Presidente<br />
Presidente<br />
H. Cámara de Diputados H.<br />
Cámara de Senadores<br />
Raúl Adolfo Sánchez Ana María<br />
Mendoza de Acha<br />
Secretario Parlamentario<br />
Secretaria Parlamentaria<br />
Asunción, 25 de noviembre de 2003<br />
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro<br />
Oficial.<br />
El Presidente de la República<br />
Nicanor Duarte Frutos<br />
Leila Rachid de Cowles<br />
Ministra de Relaciones Exteriores
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