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PODER LEGISLATIVO<br />
LEY Nº 2535<br />
QUE APRUEBA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION<br />
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE<br />
LEY:<br />
Artículo 1°.- Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra<br />
la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,<br />
mediante la Resolución N° 58/4, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos<br />
de América, el 31 de octubre de 2003, y suscrita por la República del<br />
Paraguay el 9 de diciembre de 2003, en la ciudad de Mérida, Estados Unidos<br />
Mexicanos, cuyo texto es como sigue:<br />
"CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION<br />
Preámbulo<br />
Los Estados Parte en la presente Convención,<br />
Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que<br />
plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al<br />
socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la<br />
justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,<br />
Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras<br />
formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la<br />
delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero,<br />
Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas<br />
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción<br />
importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad<br />
política y el desarrollo sostenible de esos Estados,<br />
Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local<br />
para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las<br />
sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional<br />
para prevenirla y luchar contra ella,<br />
Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y<br />
multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,<br />
Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica<br />
puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores<br />
condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre<br />
otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,<br />
Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser<br />
particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías<br />
nacionales y el imperio de la ley,<br />
Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las<br />
transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a<br />
fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos,<br />
Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los<br />
procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre<br />
derechos de propiedad,<br />
Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción<br />
son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre<br />
sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen<br />
al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones<br />
gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus<br />
esfuerzos en este ámbito sean eficaces,<br />
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los<br />
asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la<br />
ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una<br />
cultura de rechazo de la corrupción,<br />
Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia<br />
Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la<br />
prevención y la lucha contra la corrupción,<br />
Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales<br />
y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de<br />
Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas),<br />
el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de<br />
Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados<br />
Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,<br />
Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales<br />
encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la<br />
Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la<br />
Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el Convenio<br />
relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén<br />
implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados<br />
Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea<br />
el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los<br />
funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales<br />
internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo<br />
Económicos el 21 de noviembre de 1997, el Convenio de derecho penal sobre<br />
la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el<br />
27 de enero de 1999, el Convenio de derecho civil sobre la corrupción,<br />
aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre<br />
de 1999 y la Convención de Unión Africana para prevenir y combatir la<br />
corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión<br />
Africana el 12 de julio de 2003,<br />
Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de<br />
2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional,<br />
Han convenido en lo siguiente:<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 1<br />
Finalidad<br />
La finalidad de la presente Convención es:<br />
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir<br />
más eficaz y eficientemente la corrupción;<br />
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y<br />
la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la<br />
corrupción, incluida la recuperación de activos;<br />
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la<br />
debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.<br />
Artículo 2<br />
Definiciones<br />
A los efectos de la presente Convención:<br />
a) Por "funcionario público" se entenderá: i) toda persona que<br />
ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un<br />
Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal,<br />
remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en<br />
el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública,<br />
incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste<br />
un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado<br />
Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico<br />
de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como "funcionario<br />
público" en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los<br />
efectos de algunas medidas específicas incluidas en el Capítulo II de<br />
la presente Convención, podrá entenderse por "funcionario público"<br />
toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio<br />
público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se<br />
aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese<br />
Estado Parte;<br />
b) Por "funcionario público extranjero" se entenderá toda<br />
persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o<br />
judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda<br />
persona que ejerza una función pública para un país extranjero,<br />
incluso para un organismo público o una empresa pública;<br />
c) Por "funcionario de una organización internacional pública"<br />
se entenderá un empleado público internacional o toda persona que tal<br />
organización haya autorizado a actuar en su nombre;<br />
d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo,<br />
corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o<br />
intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la<br />
propiedad u otro derecho sobre dichos activos;<br />
e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de<br />
cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la<br />
comisión de un delito;<br />
f) Por "embargo preventivo" o "incautación"se entenderá la<br />
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar<br />
bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes<br />
sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente;<br />
g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter<br />
definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad<br />
competente;<br />
h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se<br />
derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito<br />
definido en el Artículo 23 de la presente Convención;<br />
i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en<br />
permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de<br />
uno o más Estado, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y<br />
bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de<br />
investigar un delito e identificar a las persona involucrada en su<br />
comisión.<br />
Artículo 3<br />
Ambito de aplicación<br />
1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus<br />
disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la<br />
corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la<br />
restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga<br />
una disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados<br />
en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.<br />
Artículo 4<br />
Protección de la soberanía<br />
1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la<br />
presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana<br />
e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en<br />
los asuntos internos de otros Estados.<br />
2. Nada de los dispuestos en la presente Convención facultará a un<br />
Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o<br />
funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus<br />
autoridades.<br />
CAPITULO II<br />
Medidas preventivas<br />
Artículo 5<br />
Políticas y prácticas de prevención de la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales<br />
de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor<br />
políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la<br />
participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la<br />
ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la<br />
integridad , la transparencia y la obligación de rendir cuentas.<br />
2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas<br />
eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.<br />
3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos<br />
jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si<br />
son adecuados para combatir la corrupción.<br />
4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí<br />
y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la<br />
promoción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo.<br />
Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos<br />
internacionales destinados a prevenir la corrupción.<br />
Artículo 6<br />
Organo u órganos de prevención de la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales<br />
de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u<br />
órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas<br />
tales como:<br />
a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el<br />
Artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión<br />
y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;<br />
b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de<br />
prevención de la corrupción.<br />
2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en<br />
el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,<br />
para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna<br />
influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el<br />
personal especializado que sean necesarios, asi como la capacitación que<br />
dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.<br />
3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que<br />
puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas<br />
de prevención de la corrupción.<br />
Artículo 7<br />
Sector público<br />
1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar<br />
sistema de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de<br />
empleados públicos y, cuando proceda, de otro funcionarios públicos no<br />
elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Estos:<br />
a) Estarán basados en principios de eficiencias y transparencias<br />
y en criterios objetivos como el merito, la equidad y la aptitud;<br />
b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación<br />
de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente<br />
vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de<br />
esas personas a otros cargos;<br />
c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo<br />
equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del<br />
Estado Parte;<br />
d) Promoverán programas de formación y capacitación que les<br />
permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y<br />
debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada<br />
y apropiada para que sean más concientes de los riesgos de corrupción<br />
inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer<br />
referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes.<br />
2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar<br />
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los<br />
objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la<br />
candidatura y elección a cargos públicos.<br />
3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar<br />
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los<br />
objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia<br />
respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y,<br />
cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.<br />
4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales<br />
de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la<br />
transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y<br />
fortalecer dichos sistemas.<br />
Artículo 8<br />
Códigos de conducta para funcionarios públicos<br />
1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,<br />
promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la<br />
responsabilidad entre sus funcionarios públicos.<br />
2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios<br />
ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta<br />
para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones<br />
públicas.<br />
3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada<br />
Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas<br />
pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y<br />
multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los<br />
titulares de cargos públicos, que figura en el Anexo de la Resolución 51/59<br />
de la Asamblea General del 12 de diciembre de 1996.<br />
4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de<br />
establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos<br />
denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando<br />
tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.<br />
5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con<br />
los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y<br />
sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a<br />
las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus<br />
actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o<br />
beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses<br />
respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos.<br />
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas<br />
disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que<br />
transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el<br />
presente artículo.<br />
Artículo 9<br />
Contratación pública y gestión de la hacienda pública<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales<br />
de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para<br />
establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la<br />
transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de<br />
decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la<br />
corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta<br />
valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:<br />
a) La difusión pública de información relativa a procedimientos<br />
de contratación pública y contratos, incluida información sobre<br />
licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación<br />
de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de<br />
tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;<br />
b) La formulación previa de las condiciones de participación,<br />
incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de<br />
licitación, así como su publicación;<br />
c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para<br />
la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de<br />
facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las<br />
reglas o procedimientos;<br />
d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema<br />
eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en<br />
el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos<br />
establecidos conforme al presente párrafo;<br />
e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las<br />
cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública,<br />
en particular declaraciones de interés respecto de determinadas<br />
contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos<br />
de capacitación.<br />
2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales<br />
de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la<br />
transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la<br />
hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:<br />
a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;<br />
b) La presentación oportuna de información sobre gastos e<br />
ingresos;<br />
c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoria, así como la<br />
supervisión correspondiente;<br />
d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y<br />
control interno; y<br />
e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de<br />
incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.<br />
3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales<br />
de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los<br />
ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y<br />
registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados<br />
con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos<br />
documentos.<br />
Artículo 10<br />
Información pública<br />
Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado<br />
Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho<br />
interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la<br />
transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su<br />
organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando<br />
proceda. Esas medidas podrán incluir, entres otras cosas:<br />
a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que<br />
permitan al público en general obtener, cuando proceda, información<br />
sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de<br />
decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la<br />
protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las<br />
decisiones y actos jurídicos que incumban al público;<br />
b) La simplificación de los procedimientos administrativos,<br />
cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las<br />
autoridades encargadas de la adopción de decisiones ; y<br />
c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes<br />
periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración<br />
pública.<br />
Artículo 11<br />
Medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público<br />
1. Teniendo presente la independencia del Poder Judicial y su papel<br />
decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y<br />
sin menoscabo de la independencia del Poder Judicial, adoptará medidas para<br />
reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los<br />
miembros del Poder Judicial. Tales medidas podrán incluir normas que<br />
regulen la conducta de los miembros del Poder Judicial.<br />
2. Podrán formularse y aplicarse en el Ministerio Público medidas con<br />
idéntico fin a las adoptadas conforme al Párrafo I del presente artículo en<br />
los Estados Parte en que esa Institución no forme parte del Poder Judicial<br />
pero goce de independencia análoga.<br />
Artículo 12<br />
Sector privado<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales<br />
de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y<br />
mejorar las normas contables y de auditoria en el sector privado, así como,<br />
cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales<br />
eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas<br />
medidas.<br />
2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán<br />
consistir, entre otras cosas en:<br />
a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de<br />
hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;<br />
b) Promover la formulación de normas y procedimientos<br />
encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas<br />
pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto,<br />
honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas<br />
las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de<br />
intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas<br />
comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de<br />
las empresas con el Estado;<br />
c) Promover la transparencia entre entidades privadas,<br />
incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las<br />
personas jurídica y naturales involucradas en el establecimiento y la<br />
gestión de empresas;<br />
d) Prevenir la utilización indebida de los procedimiento que<br />
regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos<br />
relativos a la concesión de subsidios y licencias por las autoridades<br />
públicas para actividades comerciales;<br />
e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones<br />
apropiadas, durante un período razonable, a las actividades<br />
profesionales de ex funcionarios públicos o a la contratación de<br />
funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia o<br />
jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén<br />
directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o<br />
supervisadas por esos funcionarios público durante su permanencia en<br />
el cargo;<br />
f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su<br />
estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables<br />
internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y<br />
por que las cuentas y los estados financieros requeridos de esas<br />
empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de<br />
auditoría y certificación.<br />
3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará la<br />
medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos<br />
internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación<br />
de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para<br />
prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera<br />
de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención:<br />
a) El establecimientos de cuentas no registradas en libros;<br />
b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal<br />
consignadas;<br />
c) El registro de gastos inexistentes;<br />
d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con<br />
indicación incorrecta de su objeto;<br />
e) La utilización de documentos falsos; y<br />
f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes<br />
del plazo previsto en la ley.<br />
4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de<br />
gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos<br />
de los delitos tipificados con arreglo a los Artículos 15 y 16 de la<br />
presente Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan<br />
tenido por objeto promover un comportamiento corrupto.<br />
Artículo 13<br />
Participación de la sociedad<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios<br />
de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su<br />
derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos<br />
que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las<br />
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la<br />
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para<br />
sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas<br />
y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa.<br />
Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:<br />
a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la<br />
ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;<br />
b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;<br />
c) Realizar actividades de información pública para fomentar la<br />
intransigencia con la corrupción, así como programas de educación<br />
pública, incluidos programas escolares y universitarios;<br />
d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar,<br />
recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa<br />
libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar<br />
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para :<br />
i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de<br />
terceros;<br />
ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público,<br />
o la salud o la moral públicas.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que<br />
el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la<br />
corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a<br />
dichos órganos; cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de<br />
cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito<br />
tipificado con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 14<br />
Medidas para prevenir el blanqueo de dinero<br />
1. Cada Estado Parte:<br />
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y<br />
supervisión de los Bancos y las instituciones financieras no<br />
bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que presten<br />
servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o valores<br />
y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción<br />
que sean particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo<br />
de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo<br />
de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié en los requisitos<br />
relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda, del<br />
beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de<br />
las transacciones sospechosas;<br />
b) Garantizará, sin prejuicio de la aplicación del Artículo 46<br />
de la presente Convención, que las autoridades de administración,<br />
reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas<br />
de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente<br />
con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales) sean<br />
capaces de cooperar e intercambiar información en los ámbitos nacional<br />
e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el<br />
derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer<br />
una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro<br />
nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre<br />
posibles actividades de blanqueo de dinero.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas<br />
viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y<br />
de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que<br />
garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo<br />
alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la<br />
exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen<br />
las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y<br />
de títulos negociables pertinentes.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas<br />
apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas<br />
las que remiten dinero, que:<br />
a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de<br />
fondos y mensajes conexos información exacta y válida sobre el<br />
remitente;<br />
b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y<br />
c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos<br />
que no contengan información completa sobre el remitente.<br />
4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión<br />
con arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en<br />
cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados<br />
Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las<br />
organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra<br />
el blanqueo de dinero.<br />
5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la<br />
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las<br />
autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación<br />
financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.<br />
CAPITULO III<br />
Penalización y aplicación de la ley<br />
Artículo 15<br />
Soborno de funcionarios públicos nacionales<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario<br />
público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que<br />
redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el<br />
fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el<br />
cumplimiento de sus funciones oficiales;<br />
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en<br />
forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su<br />
propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que<br />
dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de<br />
sus funciones oficiales.<br />
Artículo 16<br />
Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de<br />
organizaciones internacionales públicas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma<br />
directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario<br />
de una organización internacional pública, de un beneficio indebido que<br />
redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin<br />
de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de<br />
sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción<br />
comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de<br />
actividades comerciales internacionales.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por<br />
un funcionario público extranjero o un funcionario de una organización<br />
internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio<br />
indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o<br />
entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar<br />
en el ejercicio de sus funciones oficiales.<br />
Artículo 17<br />
Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas<br />
de desviación de bienes por un funcionario público<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u<br />
otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio<br />
o de terceros u otra entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o<br />
privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al<br />
funcionario en virtud de su cargo.<br />
Artículo 18<br />
Tráfico de influencias<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario<br />
público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de<br />
un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la<br />
persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una<br />
administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que<br />
redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier<br />
otra persona;<br />
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o<br />
cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio<br />
indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el fin de<br />
que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o<br />
supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado<br />
Parte un beneficio indebido.<br />
Artículo 19<br />
Abuso de funciones<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del<br />
cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la<br />
Ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones,<br />
con el fin de obtener un beneficio indebido para si mismo o para otra<br />
persona o entidad.<br />
Artículo 20<br />
Enriquecimiento ilícito<br />
Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de<br />
adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para<br />
tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el<br />
enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del<br />
patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que<br />
no pueda ser razonablemente justificado por él.<br />
Artículo 21<br />
Soborno en el sector privado<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades<br />
económicas, financieras o comerciales:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa<br />
o indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o<br />
cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde<br />
en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que,<br />
faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de<br />
actuar;<br />
b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por<br />
una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla<br />
cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su<br />
propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltándola<br />
deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar.<br />
Artículo 22<br />
Malversación o peculado de bienes en el sector privado<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades<br />
económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por<br />
una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier<br />
función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de<br />
cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón<br />
de su cargo.<br />
Artículo 23<br />
Blanqueo del producto del delito<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a<br />
sabiendas de que esos bienes son productos del delito, con el<br />
propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes<br />
o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del<br />
delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus<br />
actos;<br />
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera<br />
naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el<br />
movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a<br />
éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito.<br />
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento<br />
jurídico:<br />
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a<br />
sabiendas, en el momento de su recepción, de que son productos<br />
del delito;<br />
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los<br />
delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como<br />
la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa<br />
de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el<br />
asesoramiento en aras de su comisión.<br />
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del Párrafo 1<br />
del presente artículo:<br />
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el Párrafo 1 del<br />
presente artículo a la gama mas amplia posible de delitos<br />
determinantes;<br />
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como<br />
mínimo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención;<br />
c) A los efectos del Apartado b) supra, entre los delitos<br />
determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como<br />
fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los<br />
delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte<br />
constituirán delito determinante siempre y cuando el acto<br />
correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado<br />
en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al<br />
derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el<br />
presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;<br />
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al<br />
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales<br />
leyes o una descripción de ésta;<br />
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho<br />
interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos<br />
enunciados en el párrafo I del presente artículo no se aplican a las<br />
personas que hayan cometido el delito determinante.<br />
Artículo 24<br />
Encubrimiento<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 23 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las<br />
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar<br />
como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de<br />
cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la<br />
retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto<br />
de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 25<br />
Obstrucción de la justicia<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la<br />
promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para<br />
inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la<br />
prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en<br />
relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención;<br />
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para<br />
obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un<br />
funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer<br />
cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos tipificados<br />
con arreglo de la presente Convención. Nada de lo previsto en el<br />
presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a<br />
disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios<br />
públicos.<br />
Artículo 26<br />
Responsabilidad de las personas jurídicas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en<br />
consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la<br />
responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la<br />
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil<br />
o administrativa.<br />
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad<br />
penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.<br />
4. Cada Estado Parte velará en particular porque se impongan sanciones<br />
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas<br />
sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables<br />
con arreglo al presente artículo.<br />
Artículo 27<br />
Participación y tentativa<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con<br />
su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice,<br />
colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con<br />
su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con<br />
arreglo a la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con<br />
su derecho interno, la preparación con miras a cometer un delito tipificado<br />
con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 28<br />
Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito<br />
El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como<br />
elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención<br />
podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.<br />
Artículo 29<br />
Prescripción<br />
Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su<br />
derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por<br />
cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción<br />
cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.<br />
Artículo 30<br />
Proceso, fallo y sanciones<br />
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la<br />
gravedad de esos delitos.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus<br />
principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera<br />
inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios<br />
públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser<br />
preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y<br />
el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades<br />
legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en<br />
relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas<br />
adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo<br />
debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.<br />
4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad<br />
con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos<br />
de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación<br />
con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación,<br />
se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado<br />
en todo procedimiento penal ulterior.<br />
5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos<br />
pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad<br />
anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas<br />
culpables de esos delitos.<br />
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la<br />
medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico procedimientos en virtud de los cuales un funcionario<br />
público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado<br />
por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio<br />
de presunción de inocencia.<br />
7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que<br />
ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento<br />
jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer<br />
procedimiento para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio<br />
apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las<br />
personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención para:<br />
a) Ejercer cargos públicos; y<br />
b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial<br />
del Estado.<br />
8. El Párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de<br />
facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados<br />
públicos.<br />
9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al<br />
principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a<br />
ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios<br />
jurídicos que regulan la legalidad de una conducta queda reservada al<br />
derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos habrán de ser<br />
perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.<br />
10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las<br />
personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 31<br />
Embargo preventivo, incautación y decomiso<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su<br />
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para<br />
autorizar el decomiso:<br />
a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;<br />
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o<br />
destinados a utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la<br />
incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el Párrafo 1 del<br />
presente artículo con miras a su eventual decomiso.<br />
3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno,<br />
las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular<br />
la administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes<br />
embargados, incautados o decomisados comprendidos en los Párrafos 1 y 2 del<br />
presente artículo.<br />
4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido<br />
parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas<br />
aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.<br />
5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes<br />
adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta<br />
el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier<br />
otra facultad de embargo preventivo o incautación.<br />
6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del<br />
delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho<br />
producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del<br />
delito también serán objeto de las medidas previstas en el presente<br />
artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del<br />
delito.<br />
7. A los efectos del presente artículo y del Artículo 55 de la<br />
presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras<br />
autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de<br />
documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no<br />
podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose<br />
en el secreto bancario.<br />
8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un<br />
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito<br />
o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea<br />
conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la<br />
índole del proceso judicial u otros procesos.<br />
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio<br />
de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad<br />
con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.<br />
Artículo 32<br />
Protección de testigos, peritos y víctimas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con<br />
su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para<br />
proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o<br />
intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda,<br />
a sus familiares y demás personas cercanas.<br />
2. Las medidas previstas en el Párrafo 1 del presente artículo podrán<br />
consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e<br />
incluido el derecho a las garantías procesales, en:<br />
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas<br />
personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su<br />
reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o<br />
parcial de revelar información sobre su identidad y paradero;<br />
b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y<br />
peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas<br />
personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de<br />
comunicación como la video conferencia u otros medios adecuados.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos<br />
o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas<br />
mencionadas en el Párrafo 1 del presente artículo.<br />
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las<br />
víctimas en la medida en que sean testigos.<br />
5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que<br />
se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en<br />
etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin<br />
que ello menoscabe los derechos de la defensa.<br />
Artículo 33<br />
Protección de los denunciantes<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su<br />
ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar<br />
protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien<br />
ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables,<br />
cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 34<br />
Consecuencia de los actos de corrupción<br />
Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por<br />
terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las<br />
consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados<br />
Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en<br />
procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un<br />
contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar<br />
cualquier otra medida correctiva.<br />
Artículo 35<br />
Indemnización por daños y perjuicios<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que<br />
las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de<br />
corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los<br />
responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización<br />
Artículo 36<br />
Autoridades especializadas<br />
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de<br />
su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos<br />
o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la<br />
aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas<br />
gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios<br />
fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan<br />
desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas.<br />
Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos<br />
formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus<br />
funciones.<br />
Artículo 37<br />
Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las<br />
personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las<br />
autoridades competentes información útil con fines investigativos y<br />
probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda<br />
contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a<br />
recuperar ese producto.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos<br />
apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste<br />
cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la<br />
concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación<br />
sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista<br />
en el Artículo 32 de la presente Convención.<br />
5. Cuando las personas mencionadas en el Párrafo 1 del presente<br />
artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación<br />
sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados<br />
Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual<br />
concesión, por el otro Estado Parte, del trato previsto en los Párrafos 2 y<br />
3 del presente artículo.<br />
Artículo 38<br />
Cooperación entre organismos nacionales<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por<br />
un lado, sus organismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y ,<br />
por otro , sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos.<br />
Esa cooperación podrá incluir:<br />
a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado<br />
Parte, cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha<br />
cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a los Artículos<br />
15, 21 y 23 de la presente Convención; o<br />
b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria,<br />
previa solicitud.<br />
Artículo 39<br />
Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los<br />
organismos nacionales de investigación y el Ministerio Público, por un<br />
lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones<br />
financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus<br />
nacionales y demás personas que tengan residencia habitual en su territorio<br />
a denunciar ante los organismos nacionales de investigación y el Ministerio<br />
Público la comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 40<br />
Secreto bancario<br />
Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones<br />
penales nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención, existan en su ordenamiento jurídico interno mecanismos<br />
apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de<br />
la aplicación de la legislación relativa al secreto bancario.<br />
Artículo 41<br />
Antecedentes penales<br />
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra<br />
índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para<br />
los fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de<br />
un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en<br />
actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 42<br />
Jurisdicción<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo<br />
a la presente Convención cuando:<br />
a) El delito se cometa en su territorio; o<br />
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su<br />
pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el<br />
momento de la comisión.<br />
2. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 4 de la presente<br />
Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para<br />
conocer de tales delitos cuando:<br />
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;<br />
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una<br />
persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o<br />
c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al<br />
Inciso ii) del Apartado b) del Párrafo 1 del Artículo 23 de la<br />
presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la<br />
comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo<br />
a los Incisos i) o ii) del Apartado a) o al Inciso i) del Apartado b)<br />
del Párrafo 1 del Artículo 23 de la presente Convención; o<br />
d) El delito se cometa contra el Estado Parte.<br />
3. A los efectos del Artículo 44 de la presente Convención, cada<br />
Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su<br />
jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y<br />
el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus<br />
nacionales.<br />
4. Cada Estado parte podrá también adoptar las medidas que sean<br />
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto<br />
delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo<br />
extradite.<br />
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los<br />
Párrafos 1 o 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado<br />
conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando<br />
una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los<br />
mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se<br />
consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.<br />
6. Sin perjuicios de las normas del derecho internacional general, la<br />
presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales<br />
establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.<br />
CAPITULO IV<br />
Cooperación internacional<br />
Artículo 43<br />
Cooperación Internacional<br />
1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo<br />
dispuesto en los Artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando<br />
proceda y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los<br />
Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las<br />
investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y<br />
administrativas relacionadas con la corrupción.<br />
2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble<br />
incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta<br />
constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito<br />
con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de<br />
si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma<br />
categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte<br />
requirente.<br />
Artículo 44<br />
Extradición<br />
1. El presente Artículo se aplicará a los delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención en el caso de que la persona que es objeto<br />
de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado<br />
Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la<br />
extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte<br />
requirente y del Estado Parte requerido.<br />
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo 1 del presente<br />
artículo, los Estados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la<br />
extradición de una persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en<br />
la presente Convención que no sean punibles con arreglo a su propio derecho<br />
interno.<br />
3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los<br />
cuales al menos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el<br />
presente artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período<br />
de privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte<br />
requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de esos<br />
delitos.<br />
4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se<br />
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo<br />
tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Estos se<br />
comprometen a incluir tales delitos como causa de extradición en todo<br />
tratado de extradición que celebren entre si. Los Estados Parte cuya<br />
legislación lo permita, en el caso de que la presente Convención sirva de<br />
base para la extradición, no considerarán de carácter político ninguno de<br />
los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de<br />
un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el<br />
que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la<br />
presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los<br />
delitos a los que se aplica el presente artículo.<br />
6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un<br />
tratado deberá:<br />
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a<br />
ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si<br />
considerará o no la presente Convención como la base jurídica de la<br />
cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros<br />
Estados Parte en la presente Convención; y<br />
b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica<br />
de la cooperación en materia de extradición, procurar, cuando<br />
proceda, celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en<br />
la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.<br />
7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia<br />
de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente<br />
artículo como causa de extradición entre ellos.<br />
8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el<br />
derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición<br />
aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una<br />
pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte<br />
requerido puede denegar la extradición.<br />
9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno,<br />
procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los<br />
requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualesquiera de los<br />
delitos a los que se aplica el presente artículo.<br />
10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados<br />
de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado<br />
de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a<br />
solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la<br />
persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras<br />
medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los<br />
procedimientos de extradición.<br />
11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto<br />
delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el<br />
presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará<br />
obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a<br />
someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a<br />
efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y<br />
llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo<br />
harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al<br />
derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados<br />
cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos<br />
procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas<br />
actuaciones.<br />
12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita<br />
extraditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a<br />
condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir<br />
la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se<br />
solicitó la extradición o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte<br />
que solicita la extradición acepten esa opción, así como toda otra<br />
condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional será<br />
suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el Párrafo 11<br />
del presente artículo.<br />
13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una<br />
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del<br />
Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de<br />
conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa<br />
solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la<br />
condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al<br />
derecho interno del Estado Parte requirente.<br />
14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato<br />
justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en<br />
relación con cualesquiera de los delitos a los que se aplica el presente<br />
artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por<br />
el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa<br />
persona.<br />
15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse<br />
como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte<br />
requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha<br />
presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su<br />
sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o<br />
que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona<br />
por cualquiera de estas razones.<br />
16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición<br />
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones<br />
tributarias.<br />
17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando<br />
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia<br />
oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información<br />
pertinente a su alegato.<br />
18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos<br />
bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar<br />
su eficacia.<br />
Artículo 45<br />
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena<br />
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su<br />
territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión u<br />
otra forma de privación de libertad por algún delito tipificado con arreglo<br />
a la presente Convención a fin de que cumpla allí su condena.<br />
Artículo 46<br />
Asistencia judicial recíproca<br />
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial<br />
recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales<br />
relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida<br />
posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes<br />
del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y<br />
actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona<br />
jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el Artículo<br />
26 de la presente Convención en el Estado Parte requirente.<br />
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con<br />
el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines<br />
siguientes:<br />
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;<br />
b) Presentar documentos judiciales;<br />
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos<br />
preventivos;<br />
d) Examinar objetos y lugares;<br />
e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones<br />
de peritos;<br />
f) Entregar originales o copias certificados de los documentos y<br />
expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y<br />
financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades<br />
mercantiles;<br />
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes,<br />
los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;<br />
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el<br />
Estado Parte requirente;<br />
i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el<br />
derecho interno del Estado Parte requerido;<br />
j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el<br />
producto del delito, de conformidad con las disposiciones del Capítulo<br />
V de la presente Convención;<br />
k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del<br />
Capítulo V de la presente Convención.<br />
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de<br />
un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir<br />
información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de<br />
otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad<br />
a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría<br />
dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo<br />
a la presente Convención.<br />
5. La transmisión de información con arreglo al Párrafo 4 del<br />
presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos<br />
penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que<br />
facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la<br />
información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter<br />
confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a<br />
su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte<br />
receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de<br />
una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al<br />
Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le<br />
solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso<br />
excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte<br />
receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha<br />
revelación.<br />
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las<br />
obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales<br />
vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial<br />
recíproca.<br />
7. Los Párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las<br />
solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no<br />
medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia<br />
judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un<br />
tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de<br />
dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su<br />
lugar, los Párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente<br />
a los Estados Parte a que apliquen esos párrafos si facilitan la<br />
cooperación.<br />
8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la<br />
asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.<br />
9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al<br />
presente artículo, en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte<br />
requerido tendrá en cuenta la finalidad de la presente Convención,<br />
enunciada en el Artículo 1;<br />
b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con<br />
arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble<br />
incriminación. No obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello<br />
esté en consonancia con los conceptos básicos de su ordenamiento<br />
jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas coercitivas. Esa<br />
asistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe asuntos de<br />
mínimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperación o<br />
asistencia solicitada esté prevista en virtud de otras disposiciones<br />
de la presente Convención;<br />
c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá<br />
considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le<br />
permitan prestar una asistencia más amplia con arreglo al presente<br />
artículo.<br />
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en<br />
el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro<br />
Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para<br />
que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para<br />
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos<br />
comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen<br />
las condiciones siguientes:<br />
a) La persona, debidamente informada, da su libre<br />
consentimiento;<br />
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de<br />
acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren<br />
apropiadas.<br />
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:<br />
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la<br />
competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el<br />
Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;<br />
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin<br />
dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte<br />
del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo<br />
las autoridades competentes de ambos Estados Parte;<br />
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá<br />
exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie<br />
procedimientos de extradición para su devolución;<br />
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el<br />
Estado Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la<br />
pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.<br />
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a<br />
una persona de conformidad con los Párrafos 10 y 11 del presente artículo<br />
esté de acuerdo dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá<br />
ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción<br />
de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada<br />
en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del<br />
territorio del Estado del que ha sido trasladada.<br />
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de<br />
recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para<br />
darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para<br />
su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado<br />
Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el<br />
Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la<br />
misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades<br />
centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de<br />
las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la<br />
solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alertará la rápida<br />
y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada<br />
Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el<br />
momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o<br />
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la<br />
autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de<br />
asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente<br />
serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados<br />
Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualesquiera de<br />
los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean<br />
enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los<br />
Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización<br />
Internacional de Policía Criminal, de ser posible.<br />
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible,<br />
por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma<br />
aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a<br />
dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará<br />
al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar<br />
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente<br />
Convención o de adhesión a ella, en idioma y idiomas que le son<br />
aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte<br />
convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser<br />
confirmadas sin demora por escrito.<br />
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo<br />
siguiente:<br />
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;<br />
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o<br />
las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y<br />
las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas<br />
investigaciones, procesos o actuaciones;<br />
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate<br />
de solicitudes de presentación de documentos judiciales;<br />
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores<br />
sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte<br />
requirente desee que se aplique;<br />
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de<br />
toda persona interesada; y<br />
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o<br />
actuación.<br />
16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional<br />
cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad<br />
con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.<br />
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho<br />
interno del Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo<br />
contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos<br />
especificados en la solicitud.<br />
18. Siempre que sea posible y compatible con los principios<br />
fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el<br />
territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo<br />
o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer<br />
Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se<br />
celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona<br />
en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte<br />
requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a<br />
cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista<br />
a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.<br />
19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin<br />
previo consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las<br />
pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones,<br />
procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la<br />
solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el<br />
Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas<br />
que sean exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el<br />
Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de<br />
revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará<br />
al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible<br />
notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora<br />
al Estado Parte requerido de dicha revelación.<br />
20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte<br />
requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la<br />
solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el<br />
Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de<br />
inmediato al Estado Parte requirente.<br />
21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:<br />
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo<br />
dispuesto en el presente artículo;<br />
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el<br />
cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su<br />
seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales;<br />
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba<br />
a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un<br />
delito análogo, si éste hubiere sido objeto de investigaciones,<br />
procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia<br />
competencia;<br />
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento<br />
jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia<br />
judicial recíproca.<br />
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también<br />
entraña cuestiones tributarias.<br />
23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá<br />
fundamentarse debidamente.<br />
24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la<br />
medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte<br />
requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la<br />
solicitud . El Estado Parte requirente podrá pedir información razonable<br />
sobre el estado y la evolución de las gestiones realizadas por el Estado<br />
Parte requerido para satisfacer dicha petición. El Estado Parte requerido<br />
responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte<br />
requirente respecto del estado y la evolución del trámite de la solicitud.<br />
El Estado Parte requirente informará con prontitud al Estado Parte<br />
requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.<br />
25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado<br />
Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en curso.<br />
26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al Párrafo<br />
21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al<br />
Párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al<br />
Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia<br />
solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el<br />
Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas<br />
condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir las condiciones impuestas.<br />
27. Sin perjuicio de la aplicación del Párrafo 12 del presente<br />
artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado<br />
Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en<br />
colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el<br />
territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido,<br />
condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en<br />
ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad<br />
anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte<br />
requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra<br />
persona haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período<br />
acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya<br />
informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su<br />
presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca<br />
voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él después de<br />
haberlo abandonado.<br />
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una<br />
solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los<br />
Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a<br />
este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados parte<br />
se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento<br />
a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.<br />
29. El Estado Parte requerido:<br />
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los<br />
documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder<br />
y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en<br />
general;<br />
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que<br />
juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia<br />
total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o<br />
datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no<br />
estén al alcance del público en general.<br />
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la<br />
posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales<br />
que contribuyan a lograr los fines del presente artículo y que lleven a la<br />
práctica o refuercen sus disposiciones.<br />
Artículo 47<br />
Remisión de actuaciones penales<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a<br />
actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con<br />
arreglo a la presente Convención cuando se estime que esa remisión<br />
redundará en beneficio de la debida administración de justicia, en<br />
particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a<br />
concentrar las actuaciones del proceso.<br />
Artículo 48<br />
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley<br />
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con<br />
sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a<br />
aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a<br />
combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular,<br />
los Estados Parte adoptarán medidas eficaces para:<br />
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades,<br />
organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos,<br />
a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre<br />
todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman<br />
oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;<br />
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de<br />
indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente<br />
Convención acerca de:<br />
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas<br />
presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de<br />
otras personas interesadas;<br />
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes<br />
derivados de la comisión de esos delitos;<br />
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos<br />
utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos<br />
delitos;<br />
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades<br />
de sustancias que se requieran para fines de análisis o<br />
investigación;<br />
d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados<br />
Parte sobre los medios y métodos concretos empleados para la comisión<br />
de los delitos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el<br />
uso de identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u<br />
otros medios de encubrir actividades vinculadas a esos delitos;<br />
e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos,<br />
autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de<br />
personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de<br />
enlace con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los<br />
Estados Parte interesados;<br />
f) Intercambiar información y coordinar las medidas<br />
administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta detección de<br />
los delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente<br />
Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos<br />
bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus<br />
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales<br />
acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos<br />
o arreglos entre los Estados Parte interesados, los Estados Parte podrán<br />
considerar que la presente Convención constituye la base para la<br />
cooperación recíproca en materia de cumplimiento de la ley respecto de los<br />
delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados<br />
Parte aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las<br />
organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la<br />
cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la<br />
Ley.<br />
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus<br />
posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna.<br />
Artículo 49<br />
Investigaciones conjuntas<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación<br />
con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan<br />
establecer órganos mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos o<br />
arreglos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante<br />
acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán<br />
por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse<br />
la investigación sea plenamente respetada.<br />
Artículo 50<br />
Técnicas especiales de investigación<br />
1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en<br />
la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por<br />
su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de sus<br />
posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades<br />
competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere<br />
apropiado, a otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia<br />
electrónica o de otra índole y la operaciones encubiertas, así como para<br />
permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus<br />
tribunales.<br />
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando<br />
proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para<br />
utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la<br />
cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se<br />
concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad<br />
soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán<br />
estrictamente las condiciones en ellos contenidas.<br />
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el Párrafo 2<br />
del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales<br />
de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de<br />
cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los<br />
arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de<br />
jurisdicción por los Estados Parte interesados.<br />
4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano<br />
internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte<br />
interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los<br />
bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o<br />
sustituirlos total o parcialmente.<br />
CAPITULO V<br />
Recuperación de activos<br />
Artículo 51<br />
Disposición general<br />
La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un<br />
principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se<br />
prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre si a este respecto.<br />
Artículo 52<br />
Prevención y detección de transferencias del producto del delito<br />
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 14 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones<br />
financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de<br />
los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de<br />
los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor<br />
elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o<br />
mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado<br />
funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos<br />
colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse<br />
razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con<br />
objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá<br />
ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio<br />
de las instituciones financieras con su legítima clientela.<br />
2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el<br />
Párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su<br />
derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las<br />
organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra<br />
el blanqueo de dinero, deberá:<br />
a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o<br />
jurídicas cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan<br />
en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de<br />
cuentas y transacciones a las que deberán prestar particular atención<br />
y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o<br />
expedientes respecto de ellas; y<br />
b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras<br />
que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por<br />
propia iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o<br />
jurídicas cuyas cuentas esas instituciones deberán someter a un mayor<br />
escrutinio, además de las que las instituciones financieras puedan<br />
identificar de otra forma.<br />
3. En el contexto del Apartado a) del Párrafo 2 del presente<br />
artículo, cada Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus<br />
instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente,<br />
registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las<br />
personas mencionadas en el Párrafo 1 del presente artículo, los cuales<br />
deberán contener, como mínimo, información relativa a la identidad del<br />
cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.<br />
4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto<br />
de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado<br />
Parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de<br />
sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de Bancos que<br />
no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero<br />
sujeto a regulación. Además, los Estados Parte podrán considerar la<br />
posibilidad de exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a<br />
entablar relaciones con esas instituciones en calidad de Bancos<br />
corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan<br />
de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que<br />
permitan utilizar sus cuentas a Bancos que no tengan presencia real y que<br />
no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.<br />
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de<br />
conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de<br />
información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y<br />
dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de<br />
declarar. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar<br />
las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades<br />
competentes compartan esa información con las autoridades competentes de<br />
otros Estados Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o<br />
recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las<br />
medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir<br />
a los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de<br />
firma o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país<br />
extranjero que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades<br />
competentes y que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas<br />
deberán incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.<br />
Artículo 53<br />
Medidas para la recuperación directa de bienes<br />
Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:<br />
a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a<br />
otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil<br />
con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes<br />
adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a<br />
la presente Convención;<br />
b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a<br />
sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención que indemnicen o<br />
resarzan por daños y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado<br />
perjudicado por esos delitos; y<br />
c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a<br />
sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar<br />
decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo<br />
derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos<br />
mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 54<br />
Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional<br />
para fines de decomiso<br />
1) Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca<br />
conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de la presente Convención con<br />
respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado<br />
con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de<br />
conformidad con su derecho interno:<br />
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus<br />
autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso<br />
dictada por un tribunal de otro Estado Parte;<br />
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus<br />
autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el<br />
decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa<br />
a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el<br />
que pueda tener jurisdicción, o mediante otros procedimientos<br />
autorizados en su derecho interno; y<br />
c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean<br />
necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una<br />
condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por<br />
motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.<br />
2) Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca<br />
solicitada con arreglo a lo dispuesto en el Párrafo 2 del Artículo 55 de la<br />
presente Convención, de conformidad con su derecho interno:<br />
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus<br />
autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la<br />
incautación de bienes en cumplimiento de una orden de embargo<br />
preventivo o incautación dictada por un tribunal o autoridad<br />
competente de un Estado Parte requirente que constituya un<br />
fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que<br />
existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que<br />
ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a<br />
efectos del Apartado a) del Párrafo 1 del presente artículo;<br />
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus<br />
autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la<br />
incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya<br />
un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere<br />
que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que<br />
ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a<br />
efectos del Apartado a) del Párrafo 1 del presente artículo; y<br />
c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que<br />
sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de<br />
decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de<br />
detención o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos<br />
bienes.<br />
Artículo 55<br />
Cooperación internacional para fines de decomiso<br />
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte<br />
que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a<br />
la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito , los<br />
bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el Párrafo 1 del<br />
Artículo 31 de la presente Convención que se encuentren en su territorio<br />
deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico<br />
interno:<br />
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para<br />
obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán<br />
cumplimiento; o<br />
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le<br />
dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida<br />
por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente<br />
de conformidad con lo dispuesto en el Párrafo 1 del Artículo 31 y en<br />
el Apartado a) del Párrafo 1 del Artículo 54 de la presente Convención<br />
en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los<br />
bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el Párrafo 1 del<br />
Artículo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte<br />
requerido.<br />
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga<br />
jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la<br />
identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación<br />
del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos<br />
mencionados en el Párrafo 1 del Artículo 31 de la presente Convención con<br />
miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte<br />
requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al<br />
Párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.<br />
3. Las disposiciones del Artículo 46 de la presente Convención serán<br />
aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la<br />
información indicada en el Párrafo 15 del Artículo 46, las solicitudes<br />
presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo<br />
siguiente:<br />
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al Apartado a) del<br />
Párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes<br />
susceptibles de decomiso, así como, en la medida de lo posible, la<br />
ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los bienes y una<br />
exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte<br />
requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado<br />
Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho<br />
interno;<br />
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al Apartado b) del<br />
Párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la<br />
orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se<br />
basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que<br />
proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden,<br />
una declaración en la que se indiquen las medidas adoptadas por el<br />
Estado Parte requirente para dar notificación adecuada a terceros de<br />
buena fe y para garantizar el debido proceso y un certificado de que<br />
la orden de decomiso es definitiva;<br />
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al Párrafo 2 del<br />
presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el<br />
Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas,<br />
así como, cuando se disponga de ella, una copia admisible en derecho<br />
de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud.<br />
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas<br />
previstas en los Párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con<br />
sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de<br />
procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por<br />
los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.<br />
5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar<br />
aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se<br />
haga de tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta.<br />
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas<br />
mencionadas de los Párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de<br />
un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención<br />
como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.<br />
7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá<br />
denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte<br />
requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de<br />
escaso valor.<br />
8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con<br />
el presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea<br />
posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus<br />
razones a favor de mantener en vigor la medida.<br />
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
Artículo 56<br />
Cooperación especial<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado<br />
Parte procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado<br />
Parte que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias<br />
investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el producto de<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención si considera que<br />
la divulgación de esa información puede ayudar al Estado Parte destinatario<br />
a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones<br />
judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese<br />
Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente capítulo de<br />
la Convención.<br />
Artículo 57<br />
Restitución y disposición de activos<br />
1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado<br />
conforme a lo dispuesto en los Artículos 31 o 55 de la presente<br />
Convención, incluida la restitución a sus legítimos propietarios<br />
anteriores, con arreglo al Párrafo 3 del presente artículo, de conformidad<br />
con las disposiciones de la presente Convención y con su derecho interno.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes<br />
procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una<br />
solicitud presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente<br />
Convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.<br />
3. De conformidad con los Artículos 46 y 55 de la presente Convención<br />
y con los Párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido:<br />
a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de<br />
blanqueo de fondos públicos malversados a que se hace referencia en<br />
los Artículos 17 y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado<br />
Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al<br />
decomiso con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 55 de la presente<br />
Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado<br />
Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte<br />
requerido;<br />
b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito<br />
comprendido en la presente Convención, restituirá al Estado Parte<br />
requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso<br />
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 55 de la presente Convención<br />
y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte<br />
requirente requisito al que podrá renunciar el Estado Parte<br />
requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite razonablemente<br />
ante el Estado parte requerido su propiedad anterior de los bienes<br />
decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los daños<br />
causados al Estado Parte requirente como base para la restitución de<br />
los bienes decomisados;<br />
c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la<br />
restitución al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la<br />
restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a<br />
la indemnización de las víctimas del delito.<br />
4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa,<br />
el Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya<br />
efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que<br />
hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados<br />
conforme a lo dispuesto en el presente artículo.<br />
5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración<br />
especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente<br />
aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la<br />
disposición definitiva de los bienes decomisados.<br />
Artículo 58<br />
Dependencia de inteligencia financiera<br />
Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la<br />
transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención y de promover medios y arbitrarios para recuperar dicho producto<br />
y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de<br />
inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a<br />
conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado con las<br />
transacciones financieras sospechosas.<br />
Artículo 59<br />
Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de<br />
la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente<br />
capítulo de la Convención.<br />
CAPITULO VI<br />
Asistencia técnica e intercambio de información<br />
Artículo 60<br />
Capacitación y asistencia técnica<br />
1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará<br />
o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para<br />
el personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la<br />
corrupción. Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras<br />
cosas, sobre:<br />
a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar,<br />
sancionar y combatir la corrupción, incluso el uso de métodos de<br />
reunión de pruebas e investigación;<br />
b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una<br />
política estratégica contra la corrupción;<br />
c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación<br />
de solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los<br />
requisitos de la presente Convención;<br />
d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la<br />
gestión de la función pública y la gestión de las finanzas públicas,<br />
incluida la contratación pública, así como del sector privado;<br />
e) Prevención y lucha contra la transferencias del producto de<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y<br />
recuperación de dicho producto;<br />
f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del<br />
producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;<br />
g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención, así como de los métodos<br />
empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho<br />
producto;<br />
h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y<br />
eficientes para facilitar la restitución del producto de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención;<br />
i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los<br />
testigos que cooperen con las autoridades judiciales; y<br />
j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e<br />
internacionales y en idiomas.<br />
2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán<br />
la posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente<br />
a favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas<br />
para combatir la corrupción, incluido apoyo material y capacitación en las<br />
esferas mencionadas en el Párrafo 1 del presente artículo, así como<br />
capacitación y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y<br />
conocimientos especializados, lo que facilitará la cooperación<br />
internacional entre los Estados Parte en las esferas de la extradición y la<br />
asistencia judicial recíproca.<br />
3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los<br />
esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en<br />
las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los<br />
acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.<br />
4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad<br />
de ayudarse entre si en la realización de evaluaciones, estudios e<br />
investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción<br />
en sus respectivos países con miras a elaborar, con la participación de las<br />
autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acción<br />
contra la corrupción.<br />
5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención, los Estados Parte podrán<br />
cooperación facilitándose los nombres de peritos que puedan ser útiles<br />
para lograr ese objetivo.<br />
6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la<br />
organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e<br />
internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica y para<br />
fomentar los debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los<br />
problemas y necesidades especiales de los países en desarrollo y los países<br />
con economías en transición.<br />
7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer<br />
mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los<br />
esfuerzos de los países en desarrollo y los países con economías en<br />
transición para aplicar la presente Convención mediante programas y<br />
proyectos de asistencia técnica.<br />
8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer<br />
contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la<br />
Droga y el Delito con el propósito de impulsar, a través de dicha Oficina,<br />
programas y proyectos en los países en desarrollo con miras a aplicar la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 61<br />
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en<br />
consulta con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio,<br />
así como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y<br />
compartir, entre si y por conducto de organizaciones internacionales y<br />
regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e<br />
información con miras a establecer, en la medida de lo posible,<br />
definiciones, normas y metodologías comunes, así como información sobre las<br />
prácticas óptimas para prevenir y combatir la corrupción.<br />
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus<br />
políticas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de<br />
evaluar su eficacia y eficiencia.<br />
Artículo 62<br />
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico<br />
y la asistencia técnica<br />
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la<br />
aplicación óptima de la presente Convención en la medida de lo posible,<br />
mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos<br />
adversos de la corrupción en la sociedad en general y en el desarrollo<br />
sostenible en particular.<br />
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos , en la medida de lo<br />
posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones<br />
internacionales y regionales, por:<br />
a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los<br />
países en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos<br />
países para prevenir y combatir la corrupción;<br />
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar<br />
los esfuerzos de los países en desarrollo para prevenir y combatir<br />
la corrupción con eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la<br />
presente Convención;<br />
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los<br />
países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus<br />
necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención.<br />
A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones<br />
voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente<br />
designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las<br />
Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a las<br />
disposiciones de la Convención, los Estados Parte podrán también dar<br />
consideración especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un<br />
porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes<br />
o al producto del delito decomisado conforme a lo dispuesto en la<br />
Convención;<br />
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones<br />
financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos<br />
desplegados con arreglo al presente artículo, en particular<br />
proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo<br />
moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los<br />
objetivos de la presente Convención.<br />
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos<br />
existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de<br />
cooperación financiera en los ámbitos bilateral, regional o internacional.<br />
4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales<br />
o multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta<br />
los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación<br />
internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar<br />
y combatir la corrupción.<br />
CAPITULO VII<br />
Mecanismos de aplicación<br />
Artículo 63<br />
Conferencia de los Estados Parte en la Convención<br />
1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la<br />
Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la<br />
cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la<br />
presente Convención y promover y examinar su aplicación.<br />
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la<br />
Conferencia de los Estados Parte a más tardar un año después de la entrada<br />
en vigor de la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones<br />
periódicas de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo<br />
dispuesto en las reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia.<br />
3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las<br />
normas que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente<br />
artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación<br />
de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas<br />
actividades.<br />
4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades ,<br />
procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos<br />
enunciados en el Párrafo 1 del presente artículo, y en particular:<br />
a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con<br />
arreglo a los Artículos 60 y 62 y a los Capítulos II a V de la<br />
presente Convención, incluso promoviendo la aportación de<br />
contribuciones voluntarias;<br />
b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados<br />
Parte sobre las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre<br />
prácticas eficaces para prevenirla y combatirla, así como para la<br />
restitución del producto del delito, mediante entre otras cosas, la<br />
publicación de la información pertinente mencionada en el presente<br />
artículo;<br />
c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y<br />
regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;<br />
d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada<br />
por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de<br />
combatir y prevenir la corrupción a fin de evitar una duplicación<br />
innecesaria de actividades;<br />
e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente<br />
Convención por sus Estados Parte;<br />
f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención<br />
y su aplicación;<br />
g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los<br />
Estados Parte con respecto a la aplicación de la presente Convención y<br />
recomendará las medidas que considere necesarias al respecto.<br />
5. A los efectos del Párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia<br />
de los Estados Parte obtendrá el necesario conocimiento de las medidas<br />
adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la<br />
aplicación de la presente Convención por conducto de la información que<br />
ellos le faciliten y de los demás mecanismos de examen que establezca la<br />
Conferencia de los Estados Parte.<br />
6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados<br />
Parte información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre<br />
las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la<br />
presente Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte.<br />
La Conferencia de los Estados Parte tratará de determinar la manera más<br />
eficaz de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los<br />
Estados Parte y de organizaciones internacionales competentes. También se<br />
podrán considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no<br />
gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a los<br />
procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte.<br />
7. En cumplimiento de los Párrafos 4 a 6 del presente artículo, la<br />
Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un<br />
mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 64<br />
Secretaría<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los<br />
servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados Parte<br />
en la Convención.<br />
2. La secretaría:<br />
a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en<br />
la realización de las actividades enunciadas en el Artículo 63 de la<br />
presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la<br />
Conferencia de los Estados Parte y les proporcionará los servicios<br />
necesarios;<br />
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en<br />
el suministro de información a la Conferencia de los Estado Partes<br />
según lo previsto en los Párrafos 5 y 6 del Artículo 63 de la presente<br />
Convención; y<br />
c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de<br />
otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.<br />
CAPITULO VIII<br />
Disposiciones finales<br />
Artículo 65<br />
Aplicación de la Convención<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias,<br />
incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el<br />
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas mas estrictas o severas<br />
que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la<br />
corrupción.<br />
Artículo 66<br />
Solución de controversias<br />
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia<br />
relacionada con la interpretación o aplicación de la presente Convención<br />
mediante la negociación.<br />
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la<br />
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda<br />
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a<br />
solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis<br />
meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte<br />
no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje,<br />
cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte<br />
Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la<br />
Corte.<br />
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o de la adhesión a ella,<br />
declarar que no se considera vinculado por el Párrafo 2 del presente<br />
artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el Párrafo 2<br />
del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa<br />
reserva.<br />
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el<br />
Párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa<br />
reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 67<br />
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión<br />
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los<br />
Estados del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México, y después de<br />
esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de<br />
diciembre de 2005.<br />
2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las<br />
organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno<br />
de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente<br />
Convención de conformidad con lo dispuesto en el Párrafo 1 del presente<br />
artículo.<br />
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o<br />
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se<br />
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las<br />
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su<br />
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de<br />
sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de<br />
ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el<br />
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la<br />
presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al<br />
depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su<br />
competencia.<br />
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los<br />
Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten<br />
por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención.<br />
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General<br />
de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones<br />
regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia<br />
con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas<br />
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación<br />
pertinente del alcance de su competencia.<br />
Artículo 68<br />
Entrada en vigor<br />
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después<br />
de la fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente<br />
párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de<br />
integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por<br />
los Estados miembros de tal organización.<br />
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica<br />
que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella<br />
después de haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación,<br />
aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor<br />
el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya<br />
depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor<br />
con arreglo al Párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.<br />
Artículo 69<br />
Enmienda<br />
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de<br />
la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y<br />
transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a<br />
continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la<br />
Conferencia de los Estados Parte en la Convención para que la examinen y<br />
adopten una decisión al respecto. La Conferencia de los Estados Parte hará<br />
todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han<br />
agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a<br />
un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una<br />
mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la<br />
reunión de la Conferencia de los Estados Parte.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos<br />
de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente<br />
artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que<br />
sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán<br />
su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.<br />
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el Párrafo 1 del<br />
presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación<br />
por los Estados Parte.<br />
4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el Párrafo 1 del<br />
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días<br />
después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de<br />
las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación<br />
de esa enmienda.<br />
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los<br />
Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás<br />
Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente<br />
Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen<br />
ratificado, aceptado o aprobado.<br />
Artículo 70<br />
Denuncia<br />
1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante<br />
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La<br />
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario<br />
General haya recibido la notificación.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de<br />
ser Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus<br />
Estados miembros.<br />
Artículo 71<br />
Depositario e idiomas<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario<br />
de la presente Convención.<br />
2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino,<br />
español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en<br />
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente<br />
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente<br />
Convención".<br />
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.<br />
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores de la<br />
Nación, a los dieciséis días del mes de setiembre del año dos mil cuatro,<br />
quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados de la<br />
Nación, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, de<br />
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.<br />
Oscar Rubén Salomón Fernández Miguel<br />
Carrizosa Galiano<br />
Presidente<br />
Presidente<br />
H. Cámara de Diputados<br />
H. Cámara de Senadores<br />
Luciano Cabrera Palacios Cándido Vera<br />
Bejarano<br />
Secretario Parlamentario<br />
Secretario Parlamentario<br />
Asunción, 26 de enero de 2005<br />
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro<br />
Oficial.<br />
El Presidente de la República<br />
Nicanor Duarte Frutos<br />
Leila Rachid de Cowles<br />
Ministra de Relaciones Exteriores
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