Ley 356

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[pic] PODER LEGISLATIVO LEY N° 356 QUE APRUEBA EL ACUERDO SOBRE RESTITUCION DE AUTOMOTORES ROBADOS, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY Artículo 1o.- Apruébase el Acuerdo sobre Restitución de Automotores Robados, suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, el 24 de setiembre de 1993, cuyo texto es como sigue: ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA SOBRE RESTITUCION DE AUTOMOTORES ROBADOS El Gobierno de la República del Paraguay y El Gobierno de la República de Bolivia, De ahora en adelante denominados "Partes Contratantes", CONSIDERANDO la necesidad de realizar esfuerzos coordinados tendientes a la represión del tráfico ilícito de automotores; ACUERDAN en lo siguiente: ARTICULO I 1. En virtud del presente Acuerdo, queda establecido que el vehículo automotor terrestre originario o procedente de una de las Partes que haya ingresado en el territorio de otra de las Partes, que no acredite la respectiva documentación comprobatoria de propiedad y origen y en su caso la respectiva autorización para ingreso temporal, será incautado y entregado dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles a la custodia de la autoridad aduanera local. 2. Para los efectos del párrafo anterior, la incautación del vehículo originario o procedente de una de las Partes se efectuará: a) Como consecuencia de orden judicial requerida por el propietario del mismo, subrogatario o su representante; b) De la acción de control de tráfico realizada por las autoridades policiales o aduaneras de la otra Parte; y, c) Por solicitud formal de la autoridad consular del país donde el mismo haya sido sustraído. ARTICULO II Devolución por Vía Judicial 1. Toda persona física o jurídica que desee reclamar la devolución del vehículo de su propiedad que le fuera robado, formulará la demanda a la autoridad judicial del territorio en que el mismo se encuentre, pudiendo hacerlo directamente, por su representante, subrogatario, procurador habilitado o a través de las autoridades competentes de la Parte de la cual sea nacional o en la que tenga su domicilio. La reclamación deberá formularse dentro del plazo de 20 (veinte) meses de efectuada la denuncia, ante la autoridad policial correspondiente donde ocurrió el hecho, plazo este durante el cual el vehículo no podrá ser rematado. Vencido dicho plazo, prescribe su derecho de hacerlo de conformidad con lo establecido en este Acuerdo. 2. La demanda de devolución será formalizada con la documentación abajo descripta, con la legalización consular respectiva del país requerido: a) Documento original de propiedad del automotor o copia legalizada del mismo; b) Denuncia o parte policial del robo o sustracción del vehículo en el país de origen; c) El propietario deberá depositar a la orden del Juzgado, a título de garantía procesal, 500 (quinientos) dólares de los Estados Unidos de América, o su valor equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el día del depósito, que le serán restituidos una vez concluido el proceso; Si el recurrente careciere de medios económicos para efectuar tal depósito, el Consulado del país requirente expedirá un certificado de declaración de pobreza a fin de impulsar el proceso de devolución a través de la Defensoría de Pobres y Ausentes o Defensores de oficio; y, d) En caso de compañías de seguros subrogatarias, deberán acompañar además certificado de pago o cesión de derechos del propietario. 3. El reclamante solicitará personalmente o por procurador, o a través de la autoridad consular de que sea nacional, o en el que tenga su domicilio, o la autoridad judicial del territorio en que el vehículo se encuentre, su búsqueda o incautación, en base a la documentación presentada e individualizará, cuando le sea posible, a la persona que lo tiene, proporcionando nombre y dirección. 4. Ricibida la demanda, el Juez ordenará la incautación del vehículo y su remisión dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles a la custodia de la autoridad aduanera local. El depósito del vehículo será hecho mediante inventario y, en ningún caso podrá el mismo ser entregado a cualesquiera de las partes litigantes, ni a un tercero o institución, en carácter de depositario judicial. El depósito del vehículo será hecho mediante un acta de recepción en el que constará las características, accesorios y estado general del mismo. En caso de no existir dependencia aduanera, las Partes acordarán designar al responsable de la guarda del vehículo. 5. Una vez incautado el vehículo, el Juez interviniente notificará dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles a la autoridad consular del país de procedencia del vehículo, su incautación y a la persona demandada, para que en el plazo perentorio de 8 (ocho) días hábiles de su legal notificación presente los documentos originales que acrediten su derecho sobre el automotor y su ingreso legal al país. 6. El Juez solicitará a la autoridad aduanera, para que responda en el plazo perentorio de 15 (quince) días, sin que afecte el curso del proceso, informaciones sobre las condiciones de ingreso del vehículo al país. 6.1. Si lo considera necesario, el Juez podrá solicitar a la oficina correspondiente de registro de automotores del país del requirente el certificado de inscripción del mismo, requisito que acreditará su registración legal a nombre del tenedor o propietario. 7. Vencidos los plazos establecidos en el párrafo cinco, el proceso será tramitado en forma sumaria y el Juez resolverá la entrega inmediata del vehículo a quien tenga derecho, sin más trámites o gastos. 8. Al presente procedimiento de recuperación de vehículos se dará la más estricta celeridad, de acuerdo con la legislación vigente de la Parte Contratante en que se encuentra en trámite el mismo. No se admitirá otro tipo de defensa además de las establecidas en el presente Acuerdo, ni prácticas dilatorias; debiendo el Juez, en todos los casos, subsanar los defectos de procedimientos de la mejor manera posible, en beneficio de las partes, y los procedimientos de la tramitación del proceso deberán ser concluidos en el plazo máximo de 60 (sesenta) días. 9. Una vez ejecutoriada la sentencia favorable al pedido, el Juez ordenará la devolución del vehículo al propietario, subrogatario o su representante, con participación de la autoridad consular respectiva. 10. En caso que la sentencia no apruebe el pedido, el Juez ordenará las medidas correspondientes conforme a las leyes nacionales y las Partes reconocerán el derecho de propiedad resultante de la aplicación de las mismas. ARTICULO III Devolución por Vía Administrativa 1. Procederá la devolución por vía administrativa, cuando el robo de un vehículo se denuncie en forma inmediata y el afectado proporcione los datos ciertos del vehículo y del poseedor ilegal del mismo. Este procedimiento se admitirá hasta los 30 (treinta) días del hecho del robo. 2. Las autoridades policiales o aduaneras competentes de cualquiera de las Partes procederán a la incautación del vehículo automotor terrestre que fuere reclamado. El vehículo reclamado será de inmediato entregado a la autoridad competente del territorio en el cual fuera localizado, mediante la redacción de un acta de entrega e inventario, que consignará las características, los accesorios y el estado del mismo. 3. Recibido el vehículo, la autoridad competente dispondrá de inmediato la instrucción de un sumario administrativo y notificará a la autoridad consular de la otra Parte, quien a su vez notificará al presunto propietario del vehículo sobre su incautación en el territorio de una de las Partes, instruyéndolo sobre el procedimiento para su recuperación, dentro del plazo de 20 (veinte) días hábiles. Asimismo, la autoridad competente emplazará al poseedor del vehículo incautado para que en el perentorio plazo de 3 (tres) días hábiles a partir de su legal notificación presente los documentos originales que acrediten la situación legal del vehículo. Si no se presentare en el plazo establecido, procederá la vía directa de entrega, al propietario presunto, conforme los procedimientos establecidos en el presente Acuerdo. 4. El propietario o subrogatario, su representante, el procurador habilitado o la autoridad consular de la Parte de que sea nacional o en el que tenga su domicilio, presentará la documentación pertinente en un plazo de 40 (cuarenta) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación a la autoridad consular respectiva. Recibida la documentación, y si la autoridad competente considera suficiente, procederá, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, a la entrega del vehículo al propietario, o al subrogatario o su representante, directamente o por intermedio de las autoridades consulares, aduaneras o policiales de la Parte de que él sea nacional o en la que tenga su domicilio. 5. En los casos en que se desconociere al propietario del vehículo incautado, la autoridad competente procederá a la citación por edictos, por 5 (cinco) veces en 10 (diez) días, en un diario de circulación del país, para que los interesados ejerzan sus derechos en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación. En esos avisos, serán consignadas todas las características identificatorias del vehículo, como marca, modelo, color, números de motor y chassis, etc. ARTICULO IV Entrega del Vehículo El propietario, subrogatario o su representante que haya obtenido la restitución de su vehículo automotor terrestre vía judicial o administrativa se verá obligado a recabar la constancia respectiva de la salida del vehículo del país en el último puesto Aduanero Fronterizo. ARTICULO V No habiéndose presentado ningún interesado a ejercer su derecho, en el plazo establecido en este Acuerdo, las autoridades competentes adoptarán las medidas correspondientes conforme a las leyes nacionales, y las Partes reconocerán el derecho de propiedad resultante de la aplicación de las mismas. ARTICULO VI Si cualquier acto o decisión de autoridad administrativa fuere sometido a la autoridad judicial competente, el proceso se regirá por las normas previstas en el presente Acuerdo. ARTICULO VII De la Apelación La resolución de primera instancia será apelable dentro del plazo improrrogable de 3 (tres) días hábiles de su notificación legal, debiendo elevarse los autos a la instancia superior, sin más trámite, para que en ésta se decida en definitiva dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles. ARTICULO VIII Del Peritaje Siempre que existiere indicio de adulteración de los números o de sustitución de los componentes identificadores de un vehículo, el Juez deberá solicitar el concurso de un perito, sin perjuicio de la facultad de las partes de proponer igualmente, sus peritos respectivos, que deberá ser efectuada en presencia de la autoridad consular del país de donde sea nacional el interesado o en el que éste tenga su domicilio. En ningún caso, el vehículo podrá dejar el depósito en el que ha sido consignado para ser objeto de la pericia. En todos los casos, los peritos expedirán sus respectivos informes dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles. Tales informes deberán basarse en los datos de identificación aportados por la empresa fabricante del vehículo, que será presentado al Juez, legalizados por el Consulado del país de procedencia del vehículo, que confirmará ante el fabricante o representante de la marca, dentro del plazo máximo de 30 (treinta) días, si los informes presentados están de acuerdo con los padrones establecidos técnicamente por la empresa. ARTICULO IX 1. Queda entendido que todos los plazos previstos en este Acuerdo son considerados como plazos procesales de carácter judicial. 2. Para los plazos no previstos en este Acuerdo regirán, en todos los casos, los más breves de la legislación de la Parte en que se tramita el proceso. ARTICULO X Toda medida judicial o administrativa sobre robo o hurto de vehículos originarios o procedentes del territorio de una de las Partes o localizados en la otra, en proceso o a ser promovida a partir de la fecha de vigencia del presente Acuerdo, se regirá por estas disposiciones. ARTICULO XI Disposiciones Finales El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha en que ambas Partes se notifiquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los requerimientos exigidos por su legislación nacional al efecto. Cualquiera de las Partes podrá darlo por terminado, en cualquier momento, mediante notificación escrita, dirigida a la otra a través de la vía diplomática, con seis meses de antelación. HECHO en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año un mil novecientos noventa y tres. Fdo.: Por el Gobierno de la República de Bolivia, Antonio Aranibar Quiroga, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Fdo.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Diógenes Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores. Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el veintiocho de abril del año un mil novecientos noventa y cuatro y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el veintiséis de mayo del año un mil novecientos noventa y cuatro. Francisco José de Vargas Evelio Fernández Arévalos Presidente Presidente H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores Paraguayo Cubas Colomes Fermín Ramírez Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario Asunción, 20 de junio de 1994 Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. El Presidente de la República Juan Carlos Wasmosy Luis María Ramírez Boettner Ministro de Relaciones Exteriores